Justicia quiere reducir los 10 d¨ªas de incomunicaci¨®n establecidos en la ley antiterrorista

La ley que prorrogar¨¢ seis art¨ªculos de la vigente ley antiterrorista que caducan el pr¨®ximo 4 de enero servir¨¢ de percha al Gobierno para modificar este texto legal, discutido desde sectores jur¨ªdicos progresistas y que pone en riesgo el deseo del presidente Felipe Gonz¨¢lez de europeizar la lucha contra el terrorismo. El Ministerio, de Justicia, con el respaldo del Grupo Socialista, pretende reducir los 10 d¨ªas de detenci¨®n incomunicada e introducir mejoras t¨¦cnicas en la ley. A su vez, Interior, apoyado por el Grupo Popular, trata de endurecerla, y en especial ampliar el fuero policial. La decisi¨®n final ser¨¢ del jefe del Gobierno.

La creaci¨®n del "espacio jur¨ªdico europeo" contra el terrorismo, propugnado por Felipe Gonz¨¢lez, correr¨ªa peligro si las deficiencias jur¨ªdicas de la vigente ley antiterrorista espa?ola fueran esgrimidas los pr¨®ximos d¨ªas 4 y 5 de noviembre en la primera conferencia de ministros responsables de la seguridad interior, que se celebrar¨¢ en Estrasburgo, organizada por el Consejo de Europa. Para evitarlo, el Gobierno ha adoptado una doble estrategia: el estudio de f¨®rmulas que "adecenten jur¨ªdicamente" la vigente ley; y el m¨¢ximo sigilo sobre la reforma, en evitaci¨®n de cr¨ªticas que pongan en evidencia la ley espa?ola ante la opini¨®n europea.Seg¨²n fuentes oficiosas, el Ministerio de Justicia ha remitido en los ¨²ltimos d¨ªas a la Moncloa dos textos articulados que incluyen sendas ofertas de proyectos de ley, que tratan de evitar los motivos de las cr¨ªticas y las denuncias de inconstitucionalidad que se han venido haciendo contra la ley desde organizaciones humanitarias y sectores jur¨ªdicos progresistas.

Estas cr¨ªticas se refieren especialmente a aspectos llamativos que, adem¨¢s, se han revelado escasamente ¨²tiles para la eficacia de la investigaci¨®n y, favorecedores, en cambio, de la tortura y malos tratos, en opini¨®n de los mencionados juristas. As¨ª ha ocurrido con la excesiva duraci¨®n de la detenci¨®n incomunicada, que Justicia propone reducir.

Paralelamente a estas propuestas, el Gobierno ha impuesto tal grado de secreto -aunque Liborio Hierro, subsecretario de Justicia, guste de llamarlo "discreci¨®n"- que el intento de publicaci¨®n de un trabajo de ciencia jur¨ªdica ha originado el cese del subdirector general jefe del servicio de publicaciones del Ministerio de Justicia, Miguel ?ngel L¨®pez Requena (ve¨¢se EL PA?S del s¨¢bado).

El trabajo, del letrado del Estado Francisco Bueno Arus, critica duramente la legislaci¨®n antiterrorista, se?ala la dudosa consideraci¨®n de la Audiencia Nacional como juez natural y recuerda que "los abusos y malos tratos pueden venir favorecidos por el alejamiento del juez natural".

Los intentos de Interior

Mientras tanto, el Ministerio del Interior pretende utilizar la pr¨®rroga de algunos art¨ªculos de la ley antiterrorista para endurecerla, en la l¨ªnea de lo intentado, en algunos aspectos sin ¨¦xito, hace dos a?os, cuando se prepar¨® la vigente ley.Gracias al apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, Justicia logr¨® entonces, en las reuniones previas a la elaboraci¨®n del proyecto de ley, que no prevalecieran algunos prop¨®sitos de Interior, sobre los que ahora insiste el departamento de Jos¨¦ Barrionuevo, con el apoyo de una bater¨ªa de ocho proposiciones de ley del Grupo Parlamentario de Coalici¨®n Popular.

A aquellas reuniones asistieron, por parte de Interior, el director del Gabinete de Asuntos Legales, Guillermo Ostos, y la secretar¨ªa general t¨¦cnica, Carmen Briones; por parte de Justicia, el entonces secretario general t¨¦cnico, Pedro Gonz¨¢lez Guti¨¦rrez-Barqu¨ªn, y su actual sucesor, Fernando Pastor -entonces asesor del ministro-; y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Mart¨ªn Toval y Francisco Granados, entre otros diputados del PSOE.

Se endurece el proyecto

Aunque Interior logr¨® endurecer el proyecto de ley elaborado por Justicia, algunas de sus propuestas fueron frenadas por el resto de los reunidos.Entre otras, la de que las denuncias y querellas contra polic¨ªas y guardias civiles implicados en la lucha antiterrorista fueran instruidas por los juzgados cehtrales de la Audiencia Nacional y que la duraci¨®n de las penas impuestas a los terroristas quedaran sujetas a la decisi¨®n judicial, en funci¨®n del nivel de reinserci¨®n alcanzado.

En cambio, s¨ª prosper¨®, tal y como se recoge en la ley vigente, que las escuchas telef¨®nicas a presuntos terroristas fueran autorizadas no por los jueces del lugar, sino por los juzgados centrales de Madrid.

Cuando, unos meses despu¨¦s, se discuti¨® en el Parlamento la ley org¨¢nica del Poder Judicial, el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, en su intento de que la instrucci¨®n y conocimiento de los delitos de terrorismo no fueran atribuidos a la Audiencia Nacional, obtuvo una victoria m¨ªnima. Se introdujo en el art¨ªculo 88 que "en la villa de Madrid podr¨¢ haber uno o m¨¢s juzgados centrales de instrucci¨®n, con jurisdicci¨®n en toda Espa?a, que instruir¨¢n las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional".

Los juzgados centrales se convert¨ªan as¨ª en potestativos, y no obligatorios.

Pero en materia de fuero policial, lo que Interior no logr¨® en la ley antiterrorista lo consigui¨® incorporar en parte en la ley org¨¢nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de marzo de 1986. Su texto estableci¨® que, "iniciadas unas actuaciones por los jueces de instrucci¨®n, cuando ¨¦stos entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, suspender¨¢n sus actuaciones y las remitir¨¢n a la Audiencia Provincial correspondiente, que ser¨¢ la competente para seguir la instrucci¨®n, ordenar, en su caso, el procesamiento y dictar el fallo que corresponda".