Un grupo vasco pide a la CE que investigue "arbitrariedades en la reordenaci¨®n petrolera"
Un grupo de gasolineros vascos ha presentado ante la Comisi¨®n Europea un informe en el que se pone en tela de juicio la legalidad, desde el punto de vista comunitario, de la reordenaci¨®n jur¨ªdica del sector petrolero espa?ol y su adaptaci¨®n a la normativa comunitaria de libre competencia. La protesta acusa de arbitrariedad al sistema de la Administraci¨®n espa?ola para la concesi¨®n de cupos de importaci¨®n de productos petrol¨ªferos e invoca en ¨²ltimo extremo un posible conflicto de competencias entre el Gobierno aut¨®nomo vasco y el central sobre la regulaci¨®n al por menor del mercado interior vasco.
La presentaci¨®n del informe, atribuido a un grupo de gasolineros guipuzcoanos a los que la Administraci¨®n espa?ola ha negado supuestamente un cupo de importaci¨®n de productos, ha coincidido con las consultas que la Asociaci¨®n de Concesionarios de Almacenamiento y Transporte de Gas¨®leos -uno de los distribuidores concesionarios de productos Campsa- est¨¢ realizando con un gabinete de abogados madrile?os para que "analice su futuro empresarial a la luz de la legislaci¨®n comunitaria".Fuentes solventes aseguran que entre las dos acciones no existe ning¨²n tipo de relaci¨®n, pese a los rumores contradictorios que han circulado al respecto. La carta-informe enviada por los gasolineros vascos a la Comisi¨®n Europea ha recibido, hasta la fecha, un tratamiento muy particular, ya que la Direcci¨®n General de la Competencia de la CE (la famosa DG-4), pese a reconocer su existencia, se ha negado a atribuirle un car¨¢cter formal. El informe, en cualquier caso, no ha sido analizado a¨²n por los expertos comunitarios.
El tratamiento que los responsables de la competencia de la Comisi¨®n han dado a esta carta, por el momento, se asemeja mucho al que dieron, unavez materializada la adhesi¨®n espa?ola, a la misiva que envi¨®, a su vez, un alto responsable del Ministerio de Comercio de Holanda, carta que algunas fuentes atribuyen, confusamente, a la compa?¨ªa Shell. Esta misiva planteaba a la Comisi¨®n Europea, sin materializarse en una queja formal, la posible inconveniencia (a la luz comunitaria) del decreto ley que el Gobierno espa?ol public¨® a finales de diciembre de 1985 y que redefin¨ªa el ¨¢mbito legal en que se materializar¨¢ la desmonopolizaci¨®n de Campsa.
Adaptaci¨®n de monopolios
Seg¨²n el tratado de adhesi¨®n, Espa?a dispone de siete a?os para culminar la adaptaci¨®n de sus monopolios a la legislaci¨®n comunitaria de la importaci¨®n, venta al por mayor y al por menor de los derivados del petr¨®leo. Antes de la adhesi¨®n, el Gobierno espa?ol comenz¨® a desmantelar el monopolio del petr¨®leo creado en 1927, pero dej¨® para futura regulaci¨®n ciertos aspectos relacionados con la venta al detalle. Despu¨¦s de numerosas consultas, la Comisi¨®n Europea, por medio de uno de sus comisarios, Peter Southerland, ha urgido al Gobierno espa?ol a acelerar este proceso.
Este lunes est¨¢ prevista la llegada a Madrid del comisario Peter Southerland, al que el ministro de Industria y Energ¨ªa, Luis Carlos Croissier, ha ofrecido abrir negociaciones para redactar un "acuerdo de car¨¢cter general" que clarifique el futuro de un sector que mueve m¨¢s de dos billones de pesetas al a?o. Estas negociaciones han creado una fuerte inquietud en los afectados.
La protesta de los empresarios vascos, que no ha querido ser confirmada por los interesados (siempre se recurre a terceros, como despachos de abogados, para plantearlas), se ha presentado en medios oficiales espa?oles como una de estas acciones, pese a la amenaza de conflicto institucional que lleva impl¨ªcita. Al parecer, la queja informal presentada en Bruselas plantea el interrogante de un grupo de gasolineros que quiere importar y luego vender productos petrol¨ªferos al margen de Campsa, pero a trav¨¦s de las concesiones de gasolineras de la propia Campsa.
El amparo jur¨ªdico de esta reclamaci¨®n se encuentra en el estatuto de autonom¨ªa de Euskadi, que supuestamente garantiza al Gobierno de Vitoria la competencia de regular en su territorio el comercio interior. Bajo esta perspectiva, Vitoria podr¨ªa dictar en el Pa¨ªs Vasco disposiciones legales al margen de normas de car¨¢cter general, como son el decreto ley del pasado diciembre y los reglamentos que lo desarrollan.
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