El Consejo de Ministros aprueba el decreto que liberaliza la aplicaci¨®n de la ley del aborto
El ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, asegur¨® ayer que el Gobierno estudiar¨¢ el indulto, caso por caso, de todas las mujeres procesadas por abortar, una vez haya sentencia firme, y a?adi¨® que "ninguna mujer afrontar¨¢ consecuencias penales por el hecho de haber abortado". Esta declaraci¨®n, que se produjo inmediatamente despu¨¦s de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo, coincide con las recientes redadas contra cl¨ªnicas donde se practicaban abortos en Madrid, Salamanca y Valencia.
Garc¨ªa Vargas no quiso especificar de qu¨¦ manera concretar¨¢ el Gobierno esta promesa de no penalizar a las mujeres que aborten, y reconoci¨® que esta decisi¨®n es simplemente fruto de la voluntad pol¨ªtica" del Ejecutivo, pero no est¨¢ plasmada en ninguna norma jur¨ªdica.M¨¢s tarde, portavoces gubernamentales puntualizaron que lo que Garc¨ªa Vargas hab¨ªa querido decir es que ninguna mujer ser¨¢ encarcelda por abortar -y, presumiblemente, las que estuvieren detenidas por haberlo hecho en el pasado ser¨¢n inmediatamente indultadas-, pero admitieron que el Gobierno no tiene potestad -Para impedir que el poder judicial dicte autos de procesamiento.
El titular de Sanidad acus¨® a la Prensa de ser responsable de "buena parte de la confusi¨®n" creada en torno a las posibilidades legales de abortar en Espa?a. Por el contrario, opin¨®, "las mujeres lo tienen muy claro, y los m¨¦dicos que no plantean objeci¨®n de conciencia tambi¨¦n".
El ministro present¨® a la Prensa el real decreto aprobado ayer, cuyas l¨ªneas maestras ya fueron adelantadas por este peri¨®dico (v¨¦ase EL PA?S del 19 de noviembre). Entre otras cosas, el texto prev¨¦ la abolici¨®n de las comisiones de evaluaci¨®n "para evitar retrasos", con lo que no se sigue la recomendaci¨®n recientemente emanada del Consejo de Estado; tambi¨¦n se indica que no es obligatoria la instalaci¨®n de quir¨®fano en las cl¨ªnicas que practiquen abortos a mujeres cuyo embarazo date de menos de tres meses y en los que la operaci¨®n implique escaso ¨ªndice de riesgo.
Superar la clandestinidad
Garc¨ªa Vargas present¨® el real decreto como "una norma jur¨ªdica de contenido exclusivamente sanitario", que viene a desarrollar la normativa en vigor, y cuyos presupuestos son "suficientemente amplios para permitir superar situaciones de clandestinidad".
Sobre la desaparici¨®n de las comisiones de evaluaci¨®n, el ministro explic¨® que se hab¨ªan convertido en ¨®rganos burocr¨¢ticos que provocaban retrasos innecesarios.
Garc¨ªa Vargas explic¨® que el Gobierno hab¨ªa sido incluso m¨¢s riguroso que la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) en el tratamiento del asunto, e insisti¨® en que el decreto tiene un contenido sanitario y "no modifica la ley org¨¢nica ni se aparta de la sentencia emitida el pasado mes de abril por el Tribunal Constitucional".
Por su parte, el portavoz gubernamental, Javier Solana, consider¨® "actuaciones muy concretas las recientes ¨®rdenes judiciales contra cl¨ªnicas de Madrid y Valencia", y asegur¨® que en ambos casos el Gobierno se ha mantenido por completo ajeno a estas acciones policiales y judiciales. "El Gobierno no tiene nada que ver con esta actividad", dijo Solana refiri¨¦ndose a las detenciones, y afirm¨® tambi¨¦n que el Ejecutivo desconoce las causas por las que se han producido estos hechos.
El grupo parlamentario Izquierda Unida, que el pasado 8 de noviembre present¨® en el Congreso de los Diputados una proposici¨®n sobre regulaci¨®n voluntaria del embarazo introduciendo la llamada indicaci¨®n socioecon¨®mica, present¨® ayer una pregunta al Gobierno en la que le interroga sobre si se han cursado instrucciones respecto a la persecuci¨®n de pr¨¢cticas abortivas. "Los ¨²ltimos datos indican", dice Izquierda Unida en su pregunta, "que el panorama se ensombrece a¨²n m¨¢s a trav¨¦s de una pol¨ªtica represiva en la que se multiplican las detenciones".
Una fuente gubernamental calific¨® privadamente las redadas en los centros de planificaci¨®n como "un intento aislado, por parte de algunos jueces, de meter un gol al Gobierno".
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