Por qui¨¦nes y por qu¨¦ se 'empa?an' las elecciones sindicales

Es demasiado serio lo que est¨¢ ocurriendo en las elecciones sindicales como para achac¨¢rselo "a una simple guerra particular entre sindicatos, en la que parecen haber perdido todo sentido de la responsabilidad, con acusaciones mutuas sobre presuntos fraudes y supuestas falsificaciones".De entrada, el fraude en todas las provincias, en mayor o menor cantidad seg¨²n los casos, es un hecho probado con sentencias de las magistraturas, con actas notariales, con declaraciones juradas de empresarios y trabajadores. Las falsificaciones ya han motivado que un juez de Gij¨®n dictara auto de procesamiento, con ingreso en prisi¨®n, de un agente electoral de UGT.

El secretario general de Comisiones Obreras advirti¨® de la posibilidad del pucherazo. Advertencia responsable que s¨®lo ignorando intencionadamente dos datos fundamentales se puede tachar de fr¨ªvola. El primero, que la norma electoral se redact¨® y se decret¨® unilateralmente por el Gobierno, con el exclusivo apoyo de UGT. El segundo, la entrega de m¨¢s de 4.000 millones a UGT una semana antes de las elecciones. Estos dos hechos por s¨ª solos habr¨ªan bastado para un esc¨¢ndalo monumental si se hubieran producido ante unas elecciones de cualquier naturaleza, legislativas o municipales. Probablemente hasta se habr¨ªa contemplado el posible aplazamiento de un proceso electoral precedido de dos arbitrariedades de tama?as proporciones. Las reglas del juego y la asignaci¨®n de recursos a los partidos pol¨ªticos tienen rango de ley y hasta con mayor¨ªas absolutas se negocian ambas cosas.

Cuando se ha confirmado aquella advertencia, Comisiones Obreras ha propuesto la ¨²nica soluci¨®n que puede restituir un m¨ªnimo de credibilidad a estas elecciones sindicales: la verificaci¨®n de las actas, fundamentalmente las que corresponden a las peque?as empresas, que es donde se concentra el fraude. Esta propuesta se rechaz¨® por la negativa del Ministerio de Trabajo y de la UGT (CEOE, en principio, se mostr¨® de acuerdo) en la ¨²ltima reuni¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Elecciones.

Los representantes ministeriales est¨¢n dispuestos a enviar, mediante una circular, nuevas instrucciones antifraude (de efectividad muy discutible) aplicables solamente a las elecciones que a¨²n no se hayan celebrado. Pero tales medidas no habr¨ªa ni lugar a plantearlas en mitad del proceso electoral si no es por que se es consciente de que el fraude est¨¢ siendo posible, como de hecho lo es. Por ello mismo es injustificable que se admita actuar contra el fraude que a¨²n no se ha cometido y, al mismo tiempo, no hacer nada ante el que ya se ha dado.

La UGT, por un lado, afirma con rotundidad que ¨¦stas son las normas de mayor garant¨ªa y, por otro, dice que es dif¨ªcil definir el fraude. Parece elemental que una normativa electoral, aun la de menor garant¨ªa democr¨¢tica, tipifique con precisi¨®n lo que es fraude y lo que no es.

Para los primeros puede resultar duro revisar actas que en las comisiones provinciales han aceptado por votaci¨®n, pese a las alegaciones sobre su falsedad. Pero siempre ser¨¢ m¨¢s bochornoso que un juez les tenga que aclarar que la falsedad de un documento p¨²blico no hay votaci¨®n que la transforme en real. Adem¨¢s, cumplir con las funciones de verificaci¨®n de las elecciones que le atribuye la propia ley evitar¨ªa el colapso provocado por ellos mismos en las magistraturas de Trabajo, tan necesarias para otros asuntos, al haber dado por toda respuesta a los representantes de Comisiones Obreras la de "vaya usted a los tribunales".

Verificaci¨®n de actas

En cuanto a la direcci¨®n confederal de UGT, que, mediante circular firmada por el responsable de su aparato electoral, ha cursado instrucciones a sus agentes electorales a fin de que rellenen las actas, de manera que parezca que respetan los plazos legales, no para que se hagan las elecciones como corresponde, les cabe ahora la obligaci¨®n moral y la responsabilidad democr¨¢tica de aceptar la verificaci¨®n de actas que se propone. Es lo m¨ªnimo que puede hacer una direcci¨®n confederal para que las consecuencias de sus decisiones no las paguen sus propios militantes.

En definitiva, quienes se reservaron la exclusiva de dise?ar el marco electoral tienen ahora en sus manos la total responsabilidad de poner los medios de inspecci¨®n y verificaci¨®n necesarios para el esclarecimiento del proceso. De seguir eludi¨¦ndola, ser¨¢n ellos quienes, por primar con unos miles de delegados de peque?as empresas a UGT, ensombrezcan unos resultados globales, en gran parte obtenidos con el esfuerzo honesto y el empe?o sindical de muchos trabajadores y militantes de todos los sindicatos sin excepci¨®n. La democracia se empa?a por quienes falsean la voluntad de los electores, no por quienes la defienden, aun con la cr¨ªtica y la denuncia, cuando no quede otro recurso.

De todas formas, aunque logremos entre todos resolver lo mejor posible los problemas de las elecciones sindicales en curso, no se puede eludir una seria reflexi¨®n sobre las deficiencias que aquejan a las elecciones sindicales desde las primeras que se hicieron en 1978. Sobre los desequilibrios formales y de fondo entre lo pol¨ªtico y lo socio-laboral, en el desarrollo de la democracia. Al respecto de este desequilibrio, es suficientemente reveladora una r¨¢pida descripci¨®n de los aspectos formales que regulan las elecciones sindicales. No hay una ley electoral sindical, aunque el esquema b¨¢sico est¨¦ incluido en el Estatuto de los Trabajadores y en la ley org¨¢nica de Libertad Sindical, lo cierto es que cada uno de los cuatro procesos electorales se han hecho con cuatro decretos distintos sobre normativa electoral, dictados por los Gobiernos de turno. Los censos de las circunscripciones electorales, empresas de m¨¢s de seis trabajadores, tiene que conseguirlo como pueda cada sindicato, y lo normal es que est¨¦n completamente desfasados.

No hay juntas electorales en las que participen el poder judicial y los que concurren a las elecciones, sino comisiones electorales presididas por representantes del Ministerio de Trabajo, a fin de cuentas del Gobierno, y compuestas adem¨¢s por empresarios y sindicatos representativos. As¨ª, en ¨®rganos tan decisivos durante todo el proceso electoral y en la proclamaci¨®n final de los resultados, no s¨®lo no interviene ning¨²n poder de los llamados independientes, sino que participan con voz y voto los patronos, p¨²blicos en el caso del Gobierno, y privados, en el de la CEOE. Se les da derecho a incidir en la configuraci¨®n de su interlocutor sindical. Imaginemos por un momento las reacciones de la CEOE si a los trabajadores y a sus sindicatos se les permitiera solamente opinar, no digamos intervenir, en cada empresa y a escala general sobre la configuraci¨®n de las patronales a efectos de negociaci¨®n colectiva o de representaci¨®n institucional.

Digamos, por ¨²ltimo, que con los baremos establecidos de delegados a elegir, seg¨²n el tama?o de las empresas y contando con una estructura productiva en la que el 90% de las empresas que pueden hacer elecciones tienen menos de 50 trabajadores, puede ocurrir que el sindicato m¨¢s representativo no sea el m¨¢s votado. En las legislativas, los diputados pueden costar muchos m¨¢s votos a un partido minoritario que a otro de mayor implantaci¨®n, pero, en definitiva, el que m¨¢s diputados tiene es tambi¨¦n el de mayor n¨²mero de Votos.

En resumen, unas reglas del juego inconcebibles en cualquiera de las elecciones que se dan en la esfera de lo pol¨ªtico.

Una profunda reforma del procedimiento y del entramado de las elecciones sindicales es imprescindible. Pero los desajustes formales, cuando se han mantenido durante ocho a?os y en cuatro convocatorias, no obedecen s¨®lo ni principalmente a deficiencias legislativas.

Las injerencias

Dos factores han entorpecido la plena consolidaci¨®n del sistema representativo. De una parte, la intervenci¨®n creciente de instancias econ¨®micas y pol¨ªticas en la configuraci¨®n del mapa sindical. De otra, la t¨¢ctica de minar desde dentro un modelo sindical que nunca fue del agrado de UGT.

Tras las elecciones de 1978 (que, aunque algunos lo olvidan, hubo resultados que dieron una ventaja a Comisiones Obreras del 13,7%), Comisiones Obreras propuso a UGT y se logr¨® un acuerdo unitario para la negociaci¨®n colectiva del a?o siguiente. Sin embargo, a ra¨ªz del Estatuto de los Trabajadores, pactado entre CEOE-UGT y UCD-PSOE, seguido del AMI, cambiaron las cosas. La injerencia por intereses econ¨®micos y pol¨ªticos, que no ha respetado l¨ªmites, ni ha guardado las formas, puede apreciarse a lo largo de los distintos comicios sindicales. En las de 1980, con el AMI reci¨¦n firmado, la CEOE terci¨® en las elecciones a favor de UGT, a quien necesitaba para llevar adelante aquel acuerdo que hab¨ªa hecho exclamar al entonces presidente de CEOE, Ferrer Salat: "O la UGT firma -el AMI- o la destrozamos".

En las de 1982, el flamante primer Gobierno del PSOE, sentando el precedente de desestimar un dictamen del Consejo de Estado, impuso el inaudito procedimiento de establecer el per¨ªodo de c¨®mputo una vez finalizadas las elecciones. Proclam¨® la victoria de UGT por un 3,6% de diferencia, descontando arbitrariamente del resultado oficial miles de delegados.

En las presentes elecciones se est¨¢ dando lo mismo que en las anteriores, pero aumentado y corregido por la obsesiva inclinaci¨®n del Gobierno del PSOE a dominar en todas las ¨¢reas de la vida pol¨ªtica y social; tambi¨¦n en la sindical, para proseguir con los menores obst¨¢culos posibles en su neoliberalismo econ¨®mico y social asumido con la fuerza de los conversos.

Por su parte, UGT siempre ha visto a los comit¨¦s de empresa como competidores del papel de los sindicatos. Esa concepci¨®n explica que se lance a obtener delegados de peque?as empresas (que luego s¨®lo considerar¨¢ para incrementar su presencia institucional y por los dividendos que ello le reporte), y al mismo tiempo acuerda con empresas p¨²blicas, como Renfe o Telef¨®nica, reducir a la mitad los miembros de los comit¨¦s de empresa. Se han adelantado al sector privado de las grandes empresas y multinacionales en el debilitamiento de la representatividad directa de los trabajadores.

Contraponer protagonismo de los sindicatos con la unidad en la acci¨®n y fortalecimiento organizativo a la participaci¨®n no tiene sentido. De todas formas, el debate y la confrontaci¨®n de propuestas sindicales distintas y todas leg¨ªtimas, si se hubiera dado con autonom¨ªa en el seno del movimiento sindical, habr¨ªa sido enriquecedor. Las interferencias de poderes econ¨®micos y pol¨ªticos junto a la beligerancia contra los comit¨¦s est¨¢ teniendo efectos degradantes.

Posiblemente con ese proceso de degradaci¨®n de las elecciones, culminado con el esc¨¢ndalo de estos d¨ªas, se persigue a medio plazo la sustituci¨®n del sistema representativo por otro en l¨ªnea con la pretendida institucionalizaci¨®n de los sindicatos.

Admitiendo el valor y la importancia de la participaci¨®n institucional, hay que subrayar que los sindicatos son ante todo asociaciones voluntarias y libres de trabajadores para un fin muy concreto: la defensa de sus intereses ante los poderes p¨²blicos y econ¨®micos y en cualquier r¨¦gimen pol¨ªtico. Convertirse en piezas del engranaje institucional del sistema comportar¨ªa la desnaturalizaci¨®n de los sindicatos y su inoperancia como organizaciones de clase. Ser¨ªan otra cosa, tal vez esto tan equ¨ªvoco que los teoretas del neoliberalismo venden como lo moderno.

Lo importante es que al d¨ªa siguiente de las elecciones nos esperan dos grandes retos: un nuevo deterioro de los salarios y la precarizaci¨®n del empleo, versus flexibilidad. Por obtener un punto arriba o abajo en las elecciones con ayudas ajenas no se puede hipotecar la respuesta de uno de los sindicatos ni ahondar m¨¢s en la divisi¨®n.