SAVE no ha podido probar que el Estado le autoriz¨® a defraudar 760 millones
Juan Bautista Cremades, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Valencia, concluy¨® el martes la instrucci¨®n del sumario, del caso SAVE (Sociedad An¨®nima Valenciana de Estacionamientos), por el que est¨¢n procesados Vicente Iborra, ex presidente de la patronal regional, y 33 personas m¨¢s, acusadas de defraudar al Estado 760 millones de pesetas. La masiva presentaci¨®n de recursos, como t¨¢ctica, y el hasta ahora fallido intento de probar que el fraude estaba autorizado verbalmente por la Administraci¨®n y que, por tanto, hubo intencionalidad pol¨ªtica para actuar contra SAVE, como estrategia, han marcado la actuaci¨®n del equipo jur¨ªdico de la empresa en los 14 meses que ha durado la instrucci¨®n del sumario.El caso SAVE sali¨® a la luz el 19 de noviembre de 1985, cuando inspectores del grupo de Estafas de Barcelona detuvieron en Valencia a Vicente Iborra, presidente de la sociedad. La polic¨ªa barcelonesa hab¨ªa descubierto que SAVE falsificaba las actas de las recaudaciones que obten¨ªa en los 11 aparcamientos de aeropuertos espa?oles de cuya concesi¨®n disfrutaba desde 1974. As¨ª se consegu¨ªa una merma considerable de las liquidaciones mensuales al Estado.
Los implicados fueron procesados en febrero de 1986, acusados de delitos contra la Hacienda P¨²blica, apropiaci¨®n indebida, falsedad documental y malversaci¨®n impropia de caudales p¨²blicos. Pese a su resistencia inicial, Iborra fue obligado a dimitir de su cargo como presidente de la Confederaci¨®n Empresarial Valenciana; SAVE, una empresa pujante, con cuantiosos beneficios, hubo de depositar una fianza de 1.100 millones de pesetas y meses despu¨¦s, vio rescindidos cuatro de los 11 contratos suscritos con el organismo Aeropuertos Espa?oles.
El contraataque
Y el contraataque se puso en marcha. Primero vino el intento de que no fuera el juez Cremades, miembro de Jueces para la Democracia, el encargado de instruir el sumario. El gabinete jur¨ªdico de SAVE, dirigido por Emilio Attard, consider¨® que la atribuci¨®n del caso a Cremades vulneraba las normas de reparto vigentes en Valencia, y que se hab¨ªa buscado de antemano que el asunto correspondiera a este magistrado. Pero tanto. este como otro recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por esta cuesti¨®n fueron rechazados. Posteriormente, tambi¨¦n fue desestimado por el juez y por la Audiencia otro recurso que pretend¨ªa la paralizaci¨®n de la v¨ªa penal en favor de la contencioso-administrativa.Seg¨²n la versi¨®n de la defensa, Aeropuertos Espa?oles habr¨ªa autorizado a SAVE de forma verbal a presentar liquidaciones falseadas, basadas en recaudaciones menores a las obtenidas, con el fin de que la concesionaria pudiera resarcirse de este perjuicio. La Administraci¨®n no ha reconocido jam¨¢s la existencia de tal pacto, y demostrarlo seguir¨¢ siendo el gran caballo de batalla del caso SAVE.
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