Petici¨®n de procesamiento de un implicado en el 'caso Catalana' por el fraude a la Seguridad Social
El fiscal que investiga el fraude a la Seguridad Social ha solicitado el procesamiento por presuntos delitos de falsedad y estafa de Oleguer Soldevila God¨®, seg¨²n informa la agencia Efe. Oleguer Soldevila, que tambi¨¦n se encuentra inculpado en el sumario contra antiguos consejeros de Banca Catalana, es el propietario del grupo de empresas textiles Manufacturas e Industrias Textiles Algodoneras, SA (MITASA).El escrito presentado ayer por el fiscal acusa a Oleguer Soldevila de provocar una defraudaci¨®n a la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social de 105 millones de pesetas por anomal¨ªas en el abono de las cuotas patronales a dicho organismo durante el per¨ªodo comprendido entre diciembre de 1981 y mayo de 1982.
Un portavoz de la empresa MITASA manifest¨® ayer a este peri¨®dico que "ya no se adeuda nada a la Seguridad Social" y que "todo se pag¨® antes de que se formulasen las reclamaciones". A?adi¨® que "la noticia ha causado mucha extra?eza en la empresa, ya que todo el asunto estaba liquidado".-
El fiscal ha pedido el procesamiento por los mismos delitos de Miguel Capo, gerente de MITASA, propietario del 1% de las acciones, y de Joan F¨¢bregas, jefe de contabilidad del grupo. De acuerdo con el escrito del ministerio p¨²blico, estas personas realizaron, en connivencia con Ram¨®n Ballesteros (ex inspector de la Oficina Delegada de la Inspecci¨®n de Trabajo -ODIT-, procesado en este mismo sumario), las operaciones necesarias para evitar el pago de parte de las cuotas correspondientes.
130 procesados
En el mismo escrito, el fiscal ha solicitado al juez instructor que anule el auto de procesamiento dictado en su d¨ªa contra Enrique Mayans, contable de MITASA, que fue procesado como presunto autor de la defraudaci¨®n realizada por este grupo. MITASA agrupa a varias empresas textiles que cuentan con una plantilla global de 1.500 personas.
En el sumario abierto por el presunto fraude de 4.000 millones de pesetas a la Seguridad Social figura un total de 130 personas procesadas. El n¨²mero de empresas implicadas se eleva a 142. De la deuda reclamada, los industriales afectados s¨®lo han satisfecho unos 600 millones de pesetas.
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