El Ayuntamiento de Zamora reparti¨® 22 millones entre sus concejales

El Ayuntamiento socialista de Zamora destin¨® m¨¢s de 22 millones de pesetas durante los a?os 1984 y 1985 para financiar actividades de los tres partidos pol¨ªticos con representaci¨®n municipal (PSOE, Coalici¨®n Popular y Centro Democr¨¢tico y Social). La operaci¨®n, sobre la que "no existe sombra de ilegalidad" seg¨²n fuentes municipales, fue aprobada por la mayor¨ªa de la corporaci¨®n en diferentes plenos. Partidos extramunicipales, como el Prepal o Izquierda Unida, han denunciado un sospechoso paralelismo entre la pol¨¦mica subvenci¨®n zamorana y el esc¨¢ndalo de reparto de dinero realizado por el Ayuntamiento de Cartagena.Forzado por el recrudecimiento de las cr¨ªticas ciudadanas, el Ayuntamiento de Zamora tuvo que explicar el pasado lunes por la noche, en el transcurso de un pleno, por qu¨¦ decidi¨® destinar una partida de m¨¢s de 22 millones de pesetas para subvencionar a los partidos pol¨ªticos, entendidos ¨¦stos dentro del presupuesto municipal como "entidades sin ¨¢nimo de lucro".

Seg¨²n el concejal delegado de Hacienda, Manuel Riesco, la financiaci¨®n a grupos pol¨ªticos fue necesaria para cubrir las deficiencias de infraestructura de la casa consistorial y para reforzar la gesti¨®n de los 25 concejales. Los partidos, seg¨²n la misma versi¨®n, utilizaron el dinero para crear en sus sedes oficinas de consulta municipal o para contratar a t¨¦cnicos para asesoramiento de sus respectivos grupos de concejales.

El gobierno socialista del Ayuntamiento zamorano descart¨® rotundamente la posibilidad de establecer comparaciones entre su actuaci¨®n y el caso de Cartagena. Siempre bajo el convencimiento de la legalidad del proceso, los responsables municipales afirman que el reparto de dinero no tuvo en Zamora el perfil oscuro que caracteriz¨® al del Ayuntamiento murciano. Para demostrarlo aportan las correspondientes aprobaciones de partidas presupuestarias, los acuerdos de plenos, los per¨ªodos de informaci¨®n p¨²blica y la presentaci¨®n de balances econ¨®micos ante administraciones superiores, como el Tribunal de Cuentas, que no ha alegado nada en contra.