Los fabricantes de armas acusan al Gobierno de graves perjuicios al sector por restringir las exportaciones

Espa?a export¨® en 1986 armas valoradas en unos 100.000 millones de pesetas, lo que supone 30.000 millones menos que el a?o anterior. Las tres empresas m¨¢s importantes -Santa B¨¢rbara, Baz¨¢n y Construcciones Aeron¨¢uticas- acumularon el a?o pasado p¨¦rdidas superiores a los 20.000 millones. Para la Asociaci¨®n de Fabricantes de Armamento de Espa?a (Afarmade), el sector est¨¢ en crisis sobre todo por las fuertes restricciones para exportar. "Vender armas es una actitud legal y leg¨ªtima. ?Por qu¨¦ se nos maltrata?" se pregunta F¨¦lix Alonso-Majagranzas, presidente de Afarmade.

En 1985, las empresas de Afarmade, que agrupa a 51 firmas que constituyen el 95% del volumen real del sector, facturaron entre 225.000 y 230.000 millones de pesetas. Cerca de 125.000 millones correspondieron a exportaciones, y 90.000 millones a ventas realizadas al Ministerio de Defensa. El resto corresponde a "producciones var¨ªas". La mayor¨ªa de las ventas a Defensa partieron de empresas integradas en el Instituto Nacional de Industria (INI), mientras las empresas privadas dedicaron mayor esfuerzo comercial a la exportaci¨®n. Las cifras oficiales correspondientes a 1986 a¨²n no han sido publicadas.Espa?a no tiene una reglamentaci¨®n concreta para determinar a qu¨¦ pa¨ªses se puede o no exportar armas. La ¨²nica legislaci¨®n existente es la relativa al funcionamiento de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior, encargada de conceder o denegar licencias de exportaci¨®n de armas, en cuyo decreto de creaci¨®n se dice que las restricciones son fijadas con arreglo a criterios pol¨ªticos no especificados.

Oficialmente, el Gobierno, a trav¨¦s de la junta, no concede hoy licencias de exportaci¨®n a pa¨ªses en guerra -como Ir¨¢n o Irak-, naciones que ostensiblemente no respetan los derechos humanos -como Chile -o Paraguay-, estados con embargos decretados por la ONU -como Sur¨¢frica-, y pa¨ªses a los que Espa?a se comprometi¨® internacionalmente a no vender armas -como Libia o Siria. Adem¨¢s, el Gobierno asegura que no se venden armas a los pa¨ªses del Pacto de Varsovia, Vietnam, Albania, Mongolia, Taiwan y Corea del Norte.

A pesar de ello, el propio Ejecutivo ha reconocido oficialmente que en 1986 se vendieron a Irak repuestos para helic¨®pteros contracarro BO-105 suministrados por CASA -pilotos. iraqu¨ªes se han entrenado en Espa?a en el manejo de esos helic¨®pteros-, as¨ª como material b¨¦lico a Chile por valor de 356 millones de pesetas.

La pol¨ªtica de concesi¨®n de licencias ha originado en los ¨²ltimos a?os tensiones entre ministerios partidarios de una flexibilidad al respecto -como Econom¨ªa, Defensa o Industria- o los defensores de fuertes restricciones pol¨ªticas -como Asuntos Exteriores. En los ¨²ltimos a?os, el Gobierno deneg¨® licencias para vender camiones a Chile en 1985, realizar el mantenimiento de barcos iran¨ªes en 1983, enviar piezas de ensamblaje de submarinos a Sur¨¢frica en 1982, suministrar bombas a Argentina en 1982, participar en un concurso de venta d e morteros a Paraguay en 1986,vender ca?ones, patrulleras y ametralladoras a Chile en 1986...

Por el contrario, el Gobierno autoriz¨® ventas de armas a pa¨ªses intermediarios, aun sabiendo que el destino final eran pa¨ªses embargados, como Ir¨¢n, Irak, Sur¨¢frica o Chile. Tambi¨¦n se han registrado extra?as actuaciones. En 1982, por ejemplo, tambi¨¦n se permiti¨® que la Empresa Nacional Baz¨¢n vendiera a Sur¨¢frica repuestos franceses de armas y motores para submarinos, seg¨²n un alto cargo de la compa?¨ªa, a pesar de que el mayor beneficio de la operaci¨®n era para Francia.

Los compradores

La posici¨®n del Gobierno en est¨¦ terreno es fuertemente criticada por los fabricantes de armas por tres razones: de un lado, esgrimen que, "si se quiere tener industria de defensa, hay que dejarle exportar, porque las ventas interiores no son suficientes"; agregan que todas las operaciones impedidas en Espa?a han sido realizadas finalmente por otros pa¨ªses occidentales -el Reino Unido ha vendido barcos a Chile; Grecia, Portugal y Argentina venden armas a Ir¨¢n con certificados de ¨²ltimo destino a este pa¨ªs; y, finalmente, afirman rotundamente que "s¨®lo a pa¨ªses en guerra o con reg¨ªmenes dictatoriales es a los que se les puede vender armas". "Ahora, el Gobierno nos ha cerrado los mercados". Ante esta situaci¨®n, los fabricantes, asegura Alonso Majagranzas, exigen al Gobierno "coherencia y continuidad" en su pol¨ªtica de exportaci¨®n de armas y proponen que haya un consenso entre el Ejecutivo y la oposici¨®n en este terreno.

Para otros empresarios de firmas privadas, el Gobierno "se est¨¢ cargando la industria de armamento". "Si no, que se modifique la Constituci¨®n y se diga que fabricar y vender armas es un delito", dicen. Precisan que, adem¨¢s de las restricciones exportadoras, ning¨²n organismo estatal financia operaciones comerciales, mientras otros pa¨ªses, como Francia o el Reino Unido, financian hasta el 80%. Debido a ello, los exportadores espa?oles, seg¨²n aseguran varios de ellos, recurren a trampas para superar las restricciones y a pagar elevadas comisiones.

En este sentido, distintas fuentes informantes comentan, por ejemplo, que Baz¨¢n pag¨® a la firma Alk¨¢ntara -con un 25% de capital del magnate Adnan Khashoggi y otro tanto del INI- cerca de 10% de la venta a Egipto de dos corbetas en 1982; las operaciones con Indonesia -pa¨ªs con el que colabora CASA- tienen un sobrecargo del 2% para un fondo destinado a los militares jubilados en ese pa¨ªs, detalle que es calificado de "corruptela honesta" en Espa?a; en algunos pa¨ªses africanos, el presidente de la naci¨®n recibe hasta el 15% del valor de la venta; y que cualquier exportaci¨®n tiene un sobrecargo total de un 25% o 30% en comisiones.