Hacienda decidir¨¢ en varios d¨ªas sobre las devoluciones
El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se tomara varios d¨ªas para pronunciarse sobre la eventualidad de proceder a devolver por los ayuntamientos o por la propia Administraci¨®n central las cantidades cobradas en exceso, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, a m¨¢s de seis millones de contribuyentes que han pagado desde 1984 tipos superiores al 20% en la contribuci¨®n urbana y al 20% en la r¨²stica.
Aunque los servicios de la Hacienda central ya hab¨ªan estudiado las repercusiones econ¨®micas de una sentencia de inconstitucionalidad (EL PA?S de 10 de enero de 1987), Fuentes del Ministerio informaron a ¨²ltimas horas de la tarde de ayer que estaba siendo redactada una nota oficial para informar que la sentencia ser¨¢ analizada con detenimiento. Las decisiones concretas, de acuerdo con las mismas fuentes, no ser¨¢n adoptadas antes de varios d¨ªas, una vez que el Gobierno y los representantes de los ayuntamientos expresen sus posiciones sobre la forma m¨¢s adecuada para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional.
Si bien algunos portavoces municipales anticiparon ayer el criterio de que el fallo del Tribunal Constitucional no precisa que debe procederse a las devoluciones, un alto cargo del fisco manifestaba anoche que "no caben m¨¢s recursos". Otras fuentes del ministerio precisaron que la sentencia impide que los ayuntamientos aprueben subidas de tipos por encima de lo expresamente declarado en una ley surgida del Parlamento, lo cual no supone obst¨¢culo alguno para que las Cortes puedan tramitar leyes con tipos superiores a los citados del 20% y del 10%.
Esta ¨²ltima salida, que consistir¨ªa en enviar al Parlamento una nueva ley, fue acariciada el pasado a?o por el fisco como alternativa para evitar unas devoluciones consideradas extremadamente complejas. Pero la proximidad del proceso electoral en los ayuntamientos parece haber contribuido a olvidar tales iniciativas.
Problemas diversos
No obstante, el devolver la parte de los recibos de la contribuci¨®n declarada inconstitucional presenta grandes problemas t¨¦cnicos y econ¨®micos. En unos casos -Madrid y Barcelona, principalmente-, las contribuciones excesivas fueron cobradas por los propios ayuntamientos -con la intervenci¨®n de recaudadores privados-, y en otros por Hacienda, en nombre de los municipios, pues la urbana es el principal impuesto de los ayuntamientos (unos 90.000 millones de pesetas al a?o). De cualquier modo, prescindir de unos; ingresos tan sustanciosos como los logrados por tipos superiores a los constitucionales supondr¨ªa un problema que complicar¨ªa la ya delicada situaci¨®n financiera de muchos municipios espa?oles, en especial de los que se sintieron inducidos a subir los tipos (otros confiaron sus aumentos de recaudaci¨®n principalmente a la elevaci¨®n de valores catastrales).Seg¨²n las primeras estimaciones de Hacienda, el volumen de devoluciones ascender¨ªa a 9.000 millones de pesetas por los recibidos correspondientes a 1984 (los cobrados en 1985 por 840 ayuntamientos), otros 11.900 por los de 1985 (facturados por 1.300 ayuntamientos) y cerca de 15.000 millones por los de 1986. El volumen medio rondar¨ªa las 5.800 pesetas por contribuyente.
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