La oposici¨®n cree que los funcionarios tendr¨¢n menos derechos sindicales que otros trabajadores

La ley que regular¨¢ las primeras elecciones sindicales de los funcionarios recibi¨® ayer en el Congreso fuertes cr¨ªticas por la derecha, el centro y la izquierda, con reproches a la escasa capacidad de negociaci¨®n que se concede a los funcionarios en relaci¨®n con otros trabajadores, seg¨²n Izquierda Unida (IU), y el favor con que se trata a los sindicatos existentes, seg¨²n Coalici¨®n Popular y el Partido Dem¨®crata Popular (PDP).

Los votos socialistas rechazaron ayer las cinco enmiendas de devoluci¨®n presentadas por otros tantos grupos de oposici¨®n a la ley de ¨®rganos de Representaci¨®n, Determinaci¨®n de las Condiciones de Trabajo y Participaci¨®n del Personal de las Administraciones P¨²blicas, que fue presentada por el ministro de Administraciones P¨²blicas, Joaqu¨ªn Almunia. La ley, que seguir¨¢ ahora su tr¨¢mite en comisi¨®n, ser¨¢ el marco en el que se celebren las elecciones sindicales previstas para el pr¨®ximo octubre.El Gobierno no oculta que con esta ley trata de favorecer "grandes confederaciones de sindicatos" de funcionarios, en detrimento de un sindicalismo que defienda intereses de peque?os grupos. En suma, pretende "alejarse del corporativismo", seg¨²n palabras de un alto cargo del Ministerio de Administraciones P¨²blicas.

El titular del departamento, Joaqu¨ªn Almunia, encontraba en las enmiendas de devoluci¨®n presentadas por Coalici¨®n Popular, el PDP, el Centro Democr¨¢tico y Social (CDS), IU y Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, de Euskadiko Ezkerra, dos tipos de oposici¨®n. Por una parte, "la que representa Coalici¨®n Popular, que tiene una concepci¨®n de la Administraci¨®n basada en el corporativismo y sobre el cual quiere basar la representaci¨®n de los funcionarios". En otro bloque situ¨® a Izquierda Unida y el CDS: "Estos grupos pretenden dar a los funcionarios poderes que corresponden al Parlamento". Con ello, el ministro entra en la pol¨¦mica de si lo! funcionarios tienen o no capacidad para discutir el aumento de sus retribuciones, aspecto que, seg¨²n el Gobierno, corresponde a las Cortes, ya que son salarios que entran en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta ley afecta a 1,1 millones de funcionarios, incluyendo trabajadores de la Administraci¨®n del Estado, personal de los ayuntamientos y de las comunidades aut¨®nomas. Tan s¨®lo quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces, magistrados y fiscales y los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

La Ley consagra a los delegados de personal y a las juntas de personal como ¨®rganos de representaci¨®n. Estas juntas se constituir¨¢n en unidades electorales, y a ellas podr¨¢n presentar candidatos las organizaciones sindicales legalmente constituidas.

El diputado de AP Juan Luis de la Vallina critic¨® el hecho de que la ley establezca "esas grandes unidades administrativas" como ¨®rganos electorales, al considerar que perjudica a los funcionarios.

El diputado de Izquierda Unida-Esquerda Catalana Ram¨®n Espasa critic¨® la insuficiente participaci¨®n de los funcionarios en la configuraci¨®n de las retribuciones, as¨ª como la invasi¨®n de competencias de la Administraci¨®n central con respecto a las comunidades aut¨®nomas. Este ¨²ltimo cap¨ªtulo qued¨® soslayado, de momento, por las garant¨ªas de Almunia de que en el tr¨¢mite de comisi¨®n se modificar¨¢.

Andr¨¦s Ollero, del PDP, hizo cr¨ªticas muy similares a las del portavoz de AP respecto a la unificaci¨®n de todos los funcionarios a la hora de la negociaci¨®n.