Cien millones bajo sospecha

A POCAS fechas de su iniciaci¨®n, el juicio de la colza se encuentra ya sometido a veladas amenazas de suspensi¨®n. Los abogados defensores de los acusados quieren asegurarse el cobro de sus minutas, lo cual es natural. Pero como sus defendidos juran que no tienen dinero, y sus empresas, o lo que quedaba de ellas cuando se inici¨® el procedimiento judicial, est¨¢n embargadas, pretenden endosar este cobro a la Administraci¨®n. Lo cual ya no parece tan natural.Plantear semejante cuesti¨®n a estas alturas, cuando el juicio est¨¢ a punto de comenzar, propicia todo tipo de sospechas. O, de otro modo: no se entiende esta coincidencia cron¨®logica si no es porque se pretenda sacar provecho de ella, puesto que la insolvencia que alegan los acusados existe desde el mismo momento en que fueron procesados, hace a?os.

Los defensores de los acusados en el sumario de la colza basan su pretensi¨®n de que la Administraci¨®n corra con el pago de sus minutas en argumentos tales como los de agravio comparativo y el derecho a un trato igualitario. Es decir, quieren ser iguales que sus colegas de la acusaci¨®n particular, que defienden los intereses de las 25.000 v¨ªctimas de aquella acci¨®n criminal. Y como ¨¦stos percibieron cien millones de pesetas procedentes de los fondos de ayuda estatal a las v¨ªctimas, quieren que el Estado tambi¨¦n les transfiera otros tantos millones a cuenta de unas minutas que se presentan de dif¨ªcil cobro. A?aden adem¨¢s que la acusaci¨®n particular no es necesaria cuando ya existe el ministerio fiscal para acusar, mientras que el derecho de defensa es indispensable en el proceso.

Argumentos todos ellos que deber¨ªan ser examinados, e incluso atendidos, si no fuera porque constituyen una especie de cortina de humo que oculta el n¨²cleo del asunto. Es decir, el car¨¢cter libre del ejercicio de la abogac¨ªa y los riesgos mutuos que asumen abogados y clientes en sus relaciones profesionales. Si la Administraci¨®n estableciese el precedente de abonar a cuenta del presupuesto estatal las minutas particulares de unos abogados, supondr¨ªa una intromisi¨®n en una profesi¨®n como la abogac¨ªa, que los propios abogados siempre han pretendido defender en su liberalidad y preservarla de cualquier intento reglamentista o socializador proveniente del Estado.

De otra parte, es seguro que una iniciativa de esta naturaleza provocar¨ªa a que se formasen ante las ventanillas p¨²blicas -esta vez por verdadero agravio comparativo- colas de letrados pretendiendo cargar sobre el erario p¨²blico los incobrados.

El derecho de defensa est¨¢ reconocido en el ordenamiento legal espa?ol y, por eso, el Estado lo garantiza con el pago anual de 3.500 millones de pesetas a los abogados que participan en el turno de oficio o en el de asistencia letrada al detenido. Esa es su obligaci¨®n constitucional y no la de cargar con las minutas voluntariamente establecidas en el marco de unas relaciones profesionales libres.

Mediante los abogados de oficio, los acusados en el juicio de la colza, igual que cientos de detenidos o de procesados, no se quedar¨ªan, llegado el caso, sin defensa letrada. Cierto que, por su magnitud y trascendencia, el juicio de la colza no es como los otros, y la intervenci¨®n ahora de defensores de oficio, desconocedores del largu¨ªsimo sumario, plantear¨ªa graves problemas. Pero esta situaci¨®n, si llegara a producirse, s¨®lo ser¨ªa imputable a quienes renuncian a continuar con la defensa que un d¨ªa asumieron libremente. Porque esta renuncia, de producirse, ser¨ªa perfectamente leg¨ªtima, pero sus autores se enfrentar¨ªan al desaf¨ªo de explicarla sin tapujos a una opini¨®n p¨²blica pendiente de la suerte de un juicio de tan fuerte repercusi¨®n social como el de la colza.

Nadie puede cuestionar la legitimidad de la ayuda estatal a las v¨ªctimas del envenenamiento criminal que asol¨® a Espa?a en la primavera de 1981. Y nadie puede cuestionar tampoco la utilizaci¨®n de una parte de esta ayuda para hacer posible una acusaci¨®n particular en defensa de los intereses de estas v¨ªctimas y de sus familiares.

Ni en este caso ni en otros basta, como pretenden los abogados defensores, la actuaci¨®n de oficio del ministerio fiscal. La historia judicial de los ¨²ltimos a?os demuestra el papel fundamental que en los procesos de este tipo ha desempe?ado la acusaci¨®n particular junto al ministerio fiscal, m¨¢s inclinado a defender la legalidad desde los intereses del Estado que desde los de la sociedad.

Escudarse en estos hechos para solventar un problema particular, que deriva exclusivamente de las libres relaciones de unos profesionales con sus clientes, no es serio. Mantener, por un lado, el orgullo del liberalismo profesional ante el Estado y, por otro, impetrar su ayuda cuando los riesgos de esa condici¨®n aparecen es tan grotesco como querer soplar y sorber a un tiempo.