Los grupos de oposici¨®n piden la devolucion al Gobierno de la ley de televisi¨®n privada

Los principales grupos de oposici¨®n parlamentaria pedir¨¢n que el proyecto de ley sobre televisi¨®n privada sea devuelto al Gobierno, al tiempo que presentar¨¢n sus propios textos alternativos. La coincidencia b¨¢sica de rechazo se basa en la convicci¨®n de que con esta ley el Gobierno adopta un papel intervencionista y pone trabas innecesarias -econ¨®micas y de participaci¨®n- a los grupos period¨ªsticos. U oposici¨®n considera que no se respeta el derecho constitucional a informar "por cualquier medio de difusi¨®n" y en la consideraci¨®n de la televisi¨®n privada como un servicio p¨²blico.

El ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, asegur¨® a este peri¨®dico que el car¨¢cter de "servicio p¨²blico esencial" no es negociable, as¨ª como el n¨²mero de canales, que el proyecto limita a tres. "Desde esa perspectiva se puede afirmar que caer¨¢n todas las enmiendas de la oposici¨®n que vayan en ese sentido", advirti¨® Zapatero. Seg¨²n este ministro, que ha tenido una destacada participaci¨®n en la elaboraci¨®n de la ley, "la denominaci¨®n de servicio p¨²blico, por la que se justifica el sistema de concesiones, es el punto modular de la ley". Al margen de estos dos elementos, el Gobierno se muestra dispuesto a "escuchar" las propuestas de la oposici¨®n y se mantiene el objetivo de aprobar la ley con el m¨¢ximo consenso posible.El Tribunal Constitucional emiti¨® en 1982 dos sentencias sobre televisi¨®n privada en la que se hac¨ªa constar precisamente el car¨¢cter de servicio p¨²blico de la televisi¨®n, fuera estatal o privada.

Los portavoces de la oposici¨®n conf¨ªan, no obstante, que este proyecto "de m¨¢ximos" se suavizar¨¢ en el proceso de tramitaci¨®n parlamentaria, que, seg¨²n los c¨¢lculos gubernamentales, no concluir¨¢ hasta el pr¨®ximo oto?o. El primer elemento que ha llamado la atenci¨®n a los portavoces que ser¨¢n ponentes de esta ley ha sido el car¨¢cter de "servicio p¨²blico" que se confiere a las televisiones privadas. "Aunque jur¨ªdicamente sea correcto, pol¨ªticamente es de dudosa constitucionalidad debido a estas restricciones que, hacen de este proyecto una ley temerosa de la libertad", afirm¨® el aliancista Luis Ramallo.

En manos del Gobierno

La facultad que se atribuye el Gobierno para aprobar por decreto el Plan T¨¦cnico es considerada igualmente rechazable. "Todo queda en manos del Gobierno". La limitaci¨®n a un 15% de participaci¨®n en la concesi¨®n que se impone a aquellos grupos aspirantes que tengan relaci¨®n con grupos period¨ªsticos "no tiene ning¨²n sentido" para Ramallo, aunque tampoco lo tiene que el sistema sea el de administrativas. "Nosotros vamos a proponer que sea por autorizaci¨®n", inform¨® el ponente popular. Empresarialmente, en AP se considera que un plazo de diez a?os para las concesiones es muy breve, habida cuenta la inversi¨®n que hay que realizar.

El hecho de que las televisiones privadas tengan que emitir en fechas preelectorales los mismos tiempos para los partidos pol¨ªticos que el baremo de la televisi¨®n p¨²blica tampoco cuenta con el parecer favorable de AP. "Se va a pasar del monopolio de la actual televisi¨®n al oligopolio del Gobierno, y hay que tener en cuenta que la perpetuaci¨®n del PSOE en el poder va unido a su control de la televisi¨®n", fue la opini¨®n ¨²ltima de Ramallo.

El portavoz del CDS, Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n, sonr¨ªe al afirmar que esta ley puede que regule la televisi¨®n privada, pero, desde luego, no la televisi¨®n libre". "Seg¨²n este modelo, ser¨¢ una televisi¨®n intervenida y dominada por el Gobierno", dijo Rodr¨ªguez Sahag¨²n, que consider¨® absurda" la limitaci¨®n en la participaci¨®n de las empresas period¨ªsticas a un 15%, mientras que otros grupos o poderes f¨¢cticos" pueden llegar al 25%.

Seg¨²n Rodr¨ªguez Sahag¨²n, en en el CDS no se entiende "tal discriminaci¨®n". La pr¨®xima semana, el grupo parlamentario decidir¨¢ el tenor de las enmiendas que va a presentar esta ley, coordinadas por el diputado Federico Ysart, ponente de este proyecto en todo el proceso de discusi¨®n parlamentaria.

Tambi¨¦n en la pr¨®xima semana Minor¨ªa Catalana estudiar¨¢ el car¨¢cter de sus enmiendas, de las que ser¨¢ autor el portavoz adjunto del grupo, Josep L¨®pez de Lerma. Aunque el plazo de presentaci¨®n de enmiendas concluye el pr¨®ximo d¨ªa 30, es previsible que la oposici¨®n solicite una ampliaci¨®n de ese plazo para contar con m¨¢s tiempo para el "desmenuzamiento" de la ley gubernamental, seg¨²n palabras de un portavoz de la oposici¨®n,

Maxwell, m¨¢s que un espa?ol

El PDP present¨® en el Congreso en noviembre de 1986 una proposici¨®n de ley reguladora de la televisi¨®n privada, cuyo autor fue el diputado Jos¨¦ Ignacio Wert, que es la que utilizar¨¢ ahora como texto alternativo al del Gobierno.

Para el PDP, la limitaci¨®n de la participaci¨®n de los grupos period¨ªsticos a un 15% "ofrece serias dudas sobre su constitucionalidad, dado que pudiera ser que disfrute de m¨¢s posibilidades Robert Maxwell [magnate brit¨¢nico de la comunicaci¨®n] que un empresario period¨ªstico espa?ol".

El proyecto alternativo que presentar¨¢ el PDP no establece el n¨²mero de concesiones, sino que remite para su determinaci¨®n al Plan T¨¦cnico Nacional de la Televisi¨®n Privada.

La concepci¨®n del Instituto Nacional para la Televisi¨®n Privada del partido democristiano difiere del gubernamental respecto a que los primeros incluyen entre sus miembros a representantes de los grupos pol¨ªticos representados en el Parlamento y el del PSOE s¨®lo cuenta con el Ministerio de Transportes. "?ste es un proyecto de m¨¢ximos, y es de esperar que en la tramitaci¨®n parlamentaria el Gobierno suavice la ley", es la previsi¨®n optimista de Wert. Seg¨²n c¨¢lculos del Gobierno, la emisi¨®n de canales privados no ser¨¢ posible antes de dos a?os.