Un interminable 'pacto del cap¨®'
Los asesinos y torturadores durante la 'guerra sucia' no quieren responder ante los jueces
Creo extraer de la remota memoria de mi lejano pa¨ªs que el 24 de febrero de 1981, mientras los guardias civiles que coparon el Congreso espa?ol hu¨ªan ignominiosamente por las ventanas del palacio, el entonces teniente coronel Tejero y el todav¨ªa general Alfonso Armada firmaron sobre el cap¨® de un jeep un acto de rendici¨®n por el que aquellos guardias tan prepotentes horas antes como tan pusil¨¢nimes en aquel momento de rendici¨®n quedaban exentos de toda responsabilidad penal.
Durante la campana electoral que le llev¨® al triunfo en las urnas por un hist¨®rico 52% de los votos, Ra¨²l Ricardo Alfons¨ªn prohibi¨® expresamente a sus colaboradores el menor contacto con miembros de las Fuerzas Armadas. En el tramo final de su excelente campa?a, en buena parte inspirada en la de Felipe Gonz¨¢lez un a?o antes en Espa?a, estudiada mediante v¨ªdeos, Alfons¨ªn denunci¨® un pacto sindical-militar urdido verbalmente entre el ala derecha de los sindicatos peronistas y la c¨²pula de las Fuerzas Armadas para arrojar una manta de silencio sobre las atrocidades de la dictadura.En aquella calurosa primavera austral de octubre de 1983 estaba cantado el triunfo arrollador del peronismo en las urnas; siempre hab¨ªa sido as¨ª en 30 a?os de pol¨ªtica argentina y no ten¨ªa por qu¨¦ ser de otra manera. Desde los analistas internacionales del Partido Socialista Obrero Espa?ol hasta buena parte de la propia direcci¨®n de la Uni¨®n C¨ªvica Radical, nadie daba un ochavo por la victoria de Alfons¨ªn. S¨®lo el candidato radical y el candidato peronista, un hombre inteligente como Italo Argentino Luder, intu¨ªan que el justicialismo ser¨ªa indefectiblemente ajusticiado en las urnas.
Mariscales de la derrota
Aquel peronismo est¨²pidamente triunfante antes de tiempo se encontraba secuestrado -pese a Luder o gracias a su car¨¢cter fr¨ªo y leptosom¨¢tico- por su extrema derecha. La presidenta del movimiento era Isabelita Per¨®n, designada como tal sin haberlo pedido ni haberlo aceptado, encerrada en su astuto y mercantil silencio madrile?o. El primer vicepresidente era Lorenzo Miguel, l¨ªder de las 62 organizaciones peronistas -el tallo de hierro del sindicalismo fiel a Per¨®n-, tan popular entre sus bases que no pudo abrir la boca durante la campa?a electoral: cada vez que sub¨ªa a una tribuna, sus propios correligionarios le acallaban a los gritos sincopados de: "?Lorenzo, compadre, la concha de tu madre!". La peor alusi¨®n personal argentina, en el entendimiento de que concha es co?o.Finalmente, el candidato a la gobernadur¨ªa de la primera provincia del pa¨ªs -Buenos Aires-, acaparadora de la mitad de la poblaci¨®n de la Rep¨²blica y de sus grandes centros fabriles y agropecuarios, era Herminio Iglesias, un hijo de orensanos, un g¨¢nster fascista, sin trabajo remunerado conocido, experto en el jueglo clandestino de la ciudad bonaerense de Avellaneda y en la trata de blancas de la periferia porte?a.
Toda aquella tropa -los que fueron, tras las elecciones, definidos como mariscales de la derrota- hab¨ªa copado la direcci¨®n del peronismo libre de una izquierda justicialista asesinada o exiliada por la dictadura. Y pactaron con los sectores m¨¢s reaccionarios de la sociedad argentina y con las propias Fuerzas Armadas la impunidad de los cr¨ªmenes cometidos entre 1976 y 1982. Esto es lo que denunci¨® el entonces candidato Alfons¨ªn y lo que le propici¨® un notable caudal de votos.
Ya electo, Ra¨²l Alfons¨ªn se recluy¨® en los dos ¨²ltimos pisos del hotel Panamericano y comenz¨® a tender puentes hacia los uniformados. Hombre fiel a su palabra dada, hab¨ªa asegurado durante su campa?a electoral que, de alcanzar el poder, llevar¨ªa a los tribunales a los militares que dise?aron el terror de Estado y a todos aquellos que se excedieron complacientemente en las ¨®rdenes recibidas.
A primeros de diciembre de 1983, todav¨ªa en el Panamericano, Alfons¨ªn se encontraba juvenil y exultante, firme en su decisi¨®n de abandonar el tabaco, peleando con los kilos que le sobraban, nadando todos los d¨ªas en la piscina del hotel, fresco y claro. "Yo no voy a procesar a todo el Ej¨¦rcito argentino", me dec¨ªa, .primero, porque no se dejar¨ªan, y segundo, porque no quiero ni debo hacerlo. Yo quiero restituir a nuestras Fuerzas Armadas la dignidad y credibilidad que han perdido. Pero voy a ordenar procesar a los responsables de toda esta iniquidad".
Creo recordar que el tercero o el cuarto decreto del presidente fue, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, el procesamiento de las juntas militares de la dictadura y el de los militares particularmente abyectos, como el general Ram¨®n Camps, ex jefe de la polic¨ªa bonaerense, por mal nombre El Carnicero de Buenos Aires; el contralmirante Chamorro, ex jefe de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada, y su segundo, el capit¨¢n de corbeta Acosta, alias El Tigre. Casos patol¨®gicos cuyas andanzas andaban en las coplas de ciego.
Nadie podr¨¢ probarlo, pero se teme que representantes de Alfons¨ªn pactaron en la Escuela de Guerra Naval con los uniformados esta somera entrega de cabezas. El pacto del cap¨®. Todo hubiera transcurrido sobre caminos de seda si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -m¨¢xima judicatura castrense- hubiera cerrado sus sumarios, juzgado y sentenciado. Pero prefirieron agotar sus tiempos legales sin llegar a ninguna conclusi¨®n y pasar la patata caliente a la C¨¢mara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital.
Las juntas militares fueron juzgadas y condenadas as¨ª por jueces civiles que manejaron el C¨®digo de Justicia Militar. El resto de los casos en los que Alfons¨ªn quer¨ªa centrar la administraci¨®n ejemplificadora de la justicia sigui¨® los mismos pasos ante la cobarde y obstruccionista postura del Consejo Supremo, que s¨®lo juzg¨® y sentenci¨® a la pen¨²ltima junta por la p¨¦rdida de la guerra de las Malvinas. El primer pacto del cap¨® fue roto por los propios militares, que jam¨¢s pensaron que Alfons¨ªn tuviera palabra electoral o agallas como para llegar tan lejos.
Abierta la veda judicial de los milicos, numerosos jueces federales de la naci¨®n, pocos de ellos resistentes a la dictadura y la mayor¨ªa con muchas omisiones de justicia que olvidar, comenzaron a procesar a militares a diestro y siniestro, rasgando el esquema moderador de Alfons¨ªn, que s¨®lo ten¨ªa proyectado caer con dureza sobre las cabezas responsables.
Punto final
Ante la avalancha de papeleo judicial en todas las provincias y el arrastramiento -merecido pero peligroso- de las Fuerzas Armadas como puta por rastrojos, Ra¨²l Alfons¨ªn instrumenta un segundo pacto del cap¨®: la mal llamada ley de punto final.Con el consenso vergonzante del peronismo, que no acudi¨® al Congreso pero mand¨® a los diputados de Herminio Iglesias para lograr qu¨®rum, se aprob¨® una ley en enero, bastante razonable, que especificaba que aquellos casos que en m¨¢s de tres a?os de democracia y de garant¨ªa judicial no hubieran sido denunciados -siempre sobre violaci¨®n de derechos humanos por la dictadura-, quedar¨ªan prescritos.
El teniente general R¨ªos Eren¨², el brigadier Crespo y el contralmirante Arosa, jefes, respectivamente, de los Estados Mayores del Ej¨¦rcito, la Aerona¨²tica y la Armada, saludan la ley de punto final con discursos p¨²blicos de acatamiento constitucional y de suave reticencia hacia los pasados errores de intromisi¨®n militar en la vida p¨²blica. Todo en orden, excepci¨®n hecha de los alaridos de indignaci¨®n de las Madres de Plaza de Mayo y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Fall¨® lo que ten¨ªa que fallar: la estad¨ªstica. Argentina es un pa¨ªs que tiene que preguntar a Estados Unidos y a su parafernalia de exploraci¨®n sideral por sat¨¦lites, cu¨¢les son sus recursos naturales. Al asumir el Gobierno radical, pasaron meses antes de que el entonces ministro de Econom¨ªa, Bernardo Grispun, pudiera facilitar la cifra exacta de la deuda externa. Bailaban las cifras 1.000 millones de d¨®lares arriba, 1.000 millones de d¨®lares abajo hasta que llegaron las facturas del Fondo Monetario Internacional, del Club de Par¨ªs y de la banca privada acreedora.
Tras la mal llamada ley de punto final -carece de nombre, s¨®lo tiene una numeraci¨®n-, el Gobierno y la c¨²pula militar esperaban entre 40 y 50 procesamientos de militares, la mayor¨ªa recayentes sobre jefes y oficiales en situaci¨®n de retiro. En pocos d¨ªas, los jueces de las distintas c¨¢maras federales, ansiosos de respetabilidad democr¨¢tica, hab¨ªan dado curso a m¨¢s de 500 demandas judiciales, sin contar con las causas abiertas contra el III Cuerpo de Ej¨¦rcito y contra la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada. Contra lo esperado -y pactado-, centenares de jefes y oficiales, muchos de ellos en actividad, incluido un ayudante de R¨ªos Ere?¨², pasaban a situaci¨®n de procesados.
No se pod¨ªa arar con otros bueyes ni hab¨ªa m¨¢s cera que la que ard¨ªa, y, tras el primer plante de los almirantes, conducidos manu militari hasta los juzgados, se crey¨® haber cruzado el Rubic¨®n. La Armada era y es temible, pero no menor preocupaci¨®n suscitaba el III Cuerpo de Ej¨¦rcito.
Pero si los almirantes y la Armada se hab¨ªan plegado, ?por qu¨¦ raz¨®n no iban a hacerlo los infantes del Tercero? Desde hace semanas s¨®lo cab¨ªa una duda: el comandante Ernesto Guillermo Barreiro, el jefe del chupadero La Perla, un psic¨®pata que hizo carrera en los servicios de inteligencia y que ni siquiera tuvo la delicadeza de ponerse la capucha durante los interrogatorios de sus v¨ªctimas. Seis presuntos homicidios en su haber judicial. Un caso perdido.
La espoleta
Se le trabaj¨® y abland¨® desde la jefatura del ej¨¦rcito, garantiz¨¢ndole que su inevitable prisi¨®n preventiva la cumplir¨ªa en el Estado Mayor del Ej¨¦rcito en Buenos Aires, cumpliendo sus funciones a las ¨®rdenes directas de R¨ªos Ere?¨². Se le llen¨® el buche con esperanzas de amnist¨ªa y a todo dijo que s¨ª.Con su autorizaci¨®n de traslado en la mano, acudi¨® a C¨®rdoba para presentarse ante su juez y se recluy¨®, sublev¨¢ndolo, en el XIV Regimiento de Infanter¨ªa Aerotransportada de La Calera, en C¨®rdoba, con la complicidad de buena parte de la plana mayor del III Cuerpo de Ej¨¦rcito. Perdido para sus conmilitones, que lo utilizaron como espoleta, y para la justicia de sus conciudadanos, no ha tenido ni la dignidad de pegarse un tiro, y anda huido por las pampas entre rianas de la Mesopotamia argentina. ?ste es Tejero.
Pardo Zancada, el jefe de la polic¨ªa militar de la Brunete, que complic¨® la toma del Congreso espa?ol por Tejero, es el ex teniente coronel Aldo Rico. Notablemente chulo, no guarda ning¨²n esqueleto en su armario. No est¨¢ reclamado por ning¨²n juez por excesos en la guerra sucia contra la subversi¨®n y se desempe?¨® con valent¨ªa en la guerra de las Malvinas. Al mando del 18? Regimiento de Infanter¨ªa de Misiones -en la frontera con Brasil-, adscrito al II Cuerpo de Ej¨¦rcito, avanz¨® a marchas forzadas sobre Buenos Aires, en la noche del jueves, en dos columnas. La primera fue detenida y desarmada en la provincia de Santa Fe; la comandada por ¨¦l alcanz¨® Campo de Mayo y se hizo fuerte en la Escuela de Infanter¨ªa, con m¨¢s de un centenar de hombres. Es muy peligroso: es un fan¨¢tico y quiere ser h¨¦roe.
En la noche avanzada del s¨¢bado al domingo, la plaza de Mayo segu¨ªa poblada de ciudadanos en vigilia. Frente a Campo de Mayo, cientos de civiles intentaban un in¨²til di¨¢logo con la guardia exterior rebelde, con la cara tiznada con corcho quemado como si realmente estuvieran en una guerra. Iban y ven¨ªan los pol¨ªticos del despacho agotado de Alfons¨ªn. No pocos de ellos hablaban de una necesaria amnist¨ªa que pacifique los ¨¢nimos castrenses. Los militares que sembraron el terror en la m¨¢s civilizada y moderna de las rep¨²blicas suramericanas siguen exigiendo otro pacto del cap¨®. Como ha dicho Alfons¨ªn: "Que Dios nos acompa?e".
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