La juez Huerta enviar¨¢ al Supremo las diligencias del 'caso Linaza' para que decida si procesa a Gonz¨¢lez

La magistrada Mar¨ªa Elisabeth Huerta, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, ha ordenado el levantamiento de diligencias para acreditar diversos extremos relacionados con la tramitaci¨®n del caso Linaza. Se trata, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, del ¨²ltimo tr¨¢mite antes de elevar las actuaciones al Tribunal Supremo, que deber¨¢ decidir sobre el procesamiento del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez; el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y el titular de Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, por un posible delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia tras la incomparecencia de 90 guardias en septiembre del a?o pasado.

Huerta inici¨® unas diligencias de oficio, tras conocer las circunstancias que rodearon la orden para que los 90 guardias convocados a ruedas de reconocimiento ante Tom¨¢s Linaza ignoraran la citaci¨®n judicial. Linaza, de 63 a?os de edad, padre del presunto activista de ETA del mismo nombre, denunci¨® haber sido torturado durante su detenci¨®n en mayo de 1981. El Tribunal Supremo es el ¨²nico competente para procesar a los miembros del Gobierno.La Direcci¨®n General de la Guardia Civil comunic¨® a la juez que los agentes no acudir¨ªan, aunque lo hicieron meses m¨¢s tarde, al ser citados nuevamente. Los ministros Ledesma y Barrionuevo argumentaron que las ruedas de reconocimiento pod¨ªan ser vejatorias para los guardias e informaron en un debate en el Congreso de los Diputados que la orden de no acudir hab¨ªa sido conocida y autorizada por el presidente del Gobierno.

La juez ha incorporado a las diligencias un v¨ªdeo con las intervenciones de los ministros, copia del acta de las sesiones parlamentarias, as¨ª como las declaraciones del coronel jefe del servicio inform¨¢tico de la Guardia Civil, del teniente coronel que firm¨® la orden para que los guardias no acudieran al juzgado y de un coronel, inmediato superior de este ¨²ltimo.

La providencia, dictada por la juez el pasado 24 de abril, orden¨® levantar por la secretar¨ªa del juzgado diligencias acreditativas sobre la forma en que se ha desarrollado la investigaci¨®n por los presuntos malos tratos a Linaza. Entre otras circunstancias, se acreditar¨¢ ante el Tribunal Supremo la forma en que se practican las ruedas de reconocimiento, las preguntas que se formulan, c¨®mo se hicieron las citaciones, el tiempo que el denunciante ve a las personas de la rueda, la presencia del ministerio fiscal en las actuaciones y si recurri¨® antes del mes de septiembre contra la pr¨¢ctica de las ruedas.Tambi¨¦n se acreditar¨¢ ante el Supremo si se priv¨® al Ministerio del Interior o a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil de personarse en las actuaciones, las diligencias tramitadas por malos tratos durante los a?os 1985 y 1986, el n¨²mero de guardias que hab¨ªan pasado ya por ruedas y fueron citados en septiembre, el n¨²mero de agentes incluidos en cada uno de los listados enviados por la Guardia Civil y el destino que ocupaban los 90 guardias que deb¨ªan haber comparecido en septiembre pasado.

Aclarar anomal¨ªas

La misma providencia requiere a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil para que, en el t¨¦rmino de 15 d¨ªas, aclare anomal¨ªas observadas en las respuestas a oficios judiciales anteriores y discrepancias entre listados de guardias entregados al juzgado por la propia direcci¨®n del cuerpo y por la 512 Comandancia de Bilbao. Fuentes jur¨ªdicas han se?alado que el juzgado pidi¨® a la Guardia Civil informaci¨®n sobre los agentes que pudieron tener proximidad f¨ªsica al detenido durante su permanencia en el cuartel de La Salve, en Bilbao. La juez recibi¨®, en primer lugar, una relaci¨®n da los guardias participanes en la detenci¨®n, m¨¢s el instructor y el secretario de las diligencias policiales, que ya eran conocidos de antemano por el juzgado.

En respuesta a una nueva petici¨®n sobre los agentes de servicio en aquellas fechas en la comandancia, la Guardia Civil entreg¨® un listado con m¨¢s de 800 nombres, sin orden, antig¨¹edad ni clase de los citados. Tras comprobarse que no aparec¨ªan tres guardias de los que se conoc¨ªa su presencia en la comandancia, el juzgado recibi¨® una relaci¨®n de guardias agregados a los servicios, con m¨¢s de 600 nombres y en las mismas condiciones que la anterior.

Entre otras anomal¨ªas observadas en los listados, agentes pertenecientes al servicio de informaci¨®n aparecen incluidos en departamentos distintos y otros figuran simult¨¢neamente en dos y hasta en tres destinos diferentes. Finalmente, la juez logr¨® establecer la existencia en el cuartel de La Salve en las fechas de la detenci¨®n de Linaza de un servicio especial de incidencias, cuya misi¨®n era la custodia de los calabozos, por lo que sus integrantes habr¨ªan podido tener acceso al denunciante o conocer qui¨¦n lo hab¨ªa tenido.

En la actual situaci¨®n de las diligencias sobre el caso Linaza, el principal objetivo de la investigaci¨®n es identificar a tres guardias que al regreso de un funeral por dos compa?eros asesinados en un atentado terrorista penetraron de uniforme en la celda del detenido y le propinaron una fuerte paliza, seg¨²n afirma Linaza. Al requerimiento de la juez para que comparecieran los miembros del servicio especial de incidencias s¨®lo fueron enviados dos guardias, de los que uno neg¨® haber participado en el mismo y el otro afirm¨® haberlo prestado en la localidad de Amorebieta, a varias decenas de kil¨®metros de Bilbao.

La juez ha ordenado tambi¨¦n librar otro oficio a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil para que informe del motivo de que no se haya practicado una informaci¨®n interna ni se hayan abierto expedientes disciplinarios como consecuencia de los malos tratos a Linaza, que podr¨ªan constituir, desde el punto de vista disciplinario, un caso de falta grave.