Justicia e Interior negocian el compromiso de los jueces vascos en la lucha con ETA

Los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, elevar¨¢n al Gobierno en los pr¨®ximos d¨ªas una propuesta de l¨ªneas generales de las futuras normas penales y procesales que sustituir¨¢n a la ley antiterrorista. Ledesma descarta que las actuales competencias de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo pasen a los jueces del lugar. Sin embargo, se estudian f¨®rmulas para comprometer a los jueces vascos en la lucha contra ETA, aunque no con la amplitud pedida por ellos y sectores jur¨ªdicos progresistas del pa¨ªs.

Altas fuentes del Ministerio par las Relaciones con las Cortes y del Portavoz del Gobierno aseguraron que la presentaci¨®n del informe conjunto es inminente ya que el Ejecutivo est¨¢ comprometido a remitir al Parlamento, antes de las vacaciones de verano, la derogaci¨®n de la ley antiterrorista prometida por el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en el debate sobre el estado de la naci¨®n.Durante las conversaciones entre Justicia e Interior y en los contactos de ambos departamentos con los parlamentarios socialistas, se ha planteado la cuesti¨®n de la futura competencia judicial sobre los delitos de terrorismo. La ley antiterrorista a derogar atribuye esta competencia a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales de Instrucci¨®n, con sede en Madrid.

"Pepe, pi¨¦nsatelo"

Seg¨²n una fuente socialista no gubernamental, en un reciente encuentro sobre la sustituci¨®n de la ley antiterrorista, Barrionuevo se mostr¨® favorable a atribuir a los jueces del lugar la competencia sobre los delitos terroristas y Ledesma le dijo: "Pepe, pi¨¦nsatelo bi¨¦n". Preguntado sobre este extremo el portavoz de Interior, Julio Fern¨¢ndez, tras consultar con su ministro, contest¨®: "no hay comentarios". Sin embargo, fuentes oficiosas del departamento confirmaron veladamente el hecho al afirmar que la opini¨®n p¨²blica est¨¢ equivocada, dijeron .sobre las posiciones reales de ¨¦sta casa".Por su parte, el ministro de Justicia asegur¨® que "nadie" del Gobierno mantiene esa posici¨®n. "Nadie piensa en pasar de una forma radical las actuales com petencias de la Audiencia Nacio nal a lo que usted llama", declar¨® a un redactor de EL PA?S, "los jueces naturales". Ledesma explic¨® las dificultades que entra?an las situaciones intermedias ya que el Tribunal Constitucional ha dejado muy clara la exigencia del juez ordinario predeterminado por la ley "y no es posible", dijo, "dejar la competencia al arbitrio de cada caso concreto o de la petici¨®n que formule el fiscal o el abogado, por ejemplo".

Fuentes judiciales y gubernamentales ajenas a ambos departamentos, relacionaron la supuesta posici¨®n favorable de Barrionuevo al enjuiciamiento de los delitos terroristas por los jueces vascos con el deseo de Interior de que los cuerpos policiales no sean los ¨²nicos que respondan en el Pa¨ªs Vasco de la lucha contra ETA. Seg¨²n esta versi¨®n, Interior desea que "los funcionarios dependientes de Ledesma" tambi¨¦n se impliquen en ella.

De ser cierta esta actitud, coincidir¨ªa, desde posiciones antag¨®nicas, con la de los sectores jur¨ªdicos progresistas y con la mayor¨ªa de los jueces vascos, que reclaman la competencia en materia de terrorismo. El 14 de octubre de 1986, 59 de los 60 asistentes a la asamblea de jueces que ejercen en el Pa¨ªs Vasco aprobaron -el restante se abstuvo- un texto en el que rechazaban el intento aliancista de atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos por polic¨ªas y guardias civiles en la lucha antiterrorista y declaraban: "la ¨²nica pol¨ªtica legislativa democr¨¢tica en esta materia pasa necesariamente por afirmar la competencia ¨²nica y exclusiva del juez natural en toda clase de hechos delictivos".

Aunque no es previsible que ¨¦sta reivindicaci¨®n sea atendida en un futuro pr¨®ximo, el Gobierno estudia f¨®rmulas de acercamiento. Representantes de Jueces para la Democracia en el Pa¨ªs Vasco informaron que el ministro de Justicia les ha anunciado que en la nueva regulaci¨®n habr¨¢ novedades positivas, adem¨¢s de la ya conocida de la reducci¨®n de 10 a cinco d¨ªas del plazo m¨¢ximo de incomunicaci¨®n de los detenidos en poder de la polic¨ªa.

Control judicial de la polic¨ªa

Seg¨²n algunos estudios del Ministerio de Justicia, en un primer paso podr¨ªa atribuirse a los jueces vascos el control judicial sobre la suspensi¨®n de derechos fundamentales que el art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n autoriza s¨®lo "con la necesaria intervenci¨®n judicial". Sobre los negociadores de Justicia e Interior pesa el argumento de que un efectivo e inmediato control judicial durante la fase en que los detenidos est¨¢n a disposici¨®n policial, evitar¨¢ la proliferaci¨®n de las denuncias de torturas, que corresponde enjuiciar a los jueces del lugar.En un an¨¢lisis jur¨ªdico exhaustivo de la vigente ley antiterrorista auspiciado por el Ministerio de Justicia, la profesora Carmen Lamarca, a¨²n coincidiendo con la posici¨®n de rechazo radical a la Audiencia Nacional de juristas progresistas como el procesalista Vicente Gimeno Sendra y el penalista Luis Rodr¨ªguez Ramos, ensaya una soluci¨®n posibilista. Lamarca se?ala que una cosa es el juicio que merezca la Audiencia Nacional y su competencia para conocer las causas de terrorismo y otra diferente la necesaria intervenci¨®n judicial", dice, "en el procedimiento de suspensi¨®n de los derechos fundamentales".

La profesora Lamarca llega a la conclusi¨®n de que la prolongaci¨®n de la detenci¨®n, el registro domiciliario y la intervenci¨®n telef¨®nica, que en la actualidad se autoriza a la polic¨ªa desde los Juzgados Centrales de Instrucci¨®n, debe ser controlada "por el juez natural, que es el ¨²nico que en la pr¨¢ctica puede mostrarse eficaz en dicha labor". Lamarca admite que el detenido, cuando pasa a disposici¨®n judicial, sea entregado a la Audiencia Nacional, pero antes de ese momento, se pregunta, "?c¨®mo puede fiscalizar el ¨®rgano jurisdiccional la actuaci¨®n gubernativa, si quiz¨¢s se encuentra a m¨¢s de 400 kil¨®metros del lugar de los hechos?".

La misma inquietud ha sido expresada por el diputado abertzale Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, para quien, aunque la inmediatez judicial sea sacrificada en la fase de enjuiciamiento, "resulta absolutamente fundamental en el per¨ªodo de aplicaci¨®n de las medidas del art¨ªculo 55.2 (...) una fiscalizaci¨®n directa, personal y no a trav¨¦s de documentos, sin la cual en la pr¨¢ctica se crea un espacio policial aut¨®nomo".