Las autonom¨ªas han dispuesto de ocho billones en cinco a?os

Las 17 comunidades aut¨®nomas disponen este a?o de 2,37 billones de pesetas en sus presupuestos ordinarios, cifra que equivale a m¨¢s de la mitad de los fondos destinados por el Estado a la Seguridad Social. En los ¨²ltimos cinco a?os las Administraciones aut¨®nomas han manejado ocho billones de pesetas. Este enorme volumen de recursos se ha presupuestado entre 1983 y 1987, cuando el sistema general de autonom¨ªas lleva muy pocos a?os en funcionamiento.Junto a un aumento vertiginoso de sus presupuestos, las comunidades se han dotado de un poderoso aparato administrativo: emplean a casi 400.000 personas (en su gran mayor¨ªa transferidos por el Estado) y tienen 600 altos cargos (consejeros y directores generales) cuyos sueldos no son inferiores a 3,5 millones de pesetas anuales.

En Espa?a se est¨¢ consolidando, un escal¨®n pol¨ªtico y econ¨®mico considerable, introducido entre los viejos y conocidos ayuntamientos y diputaciones y el Estado. Ninguna opci¨®n pol¨ªtica quiere quedarse fuera del poder que supone tanto dinero, y aunque los ciudadanos de muchas comunidades -Castilla y Le¨®n o Extremadura- tienen escasa vocaci¨®n autonomista, no se oponen mayoritariamente al proceso, por temor a marginarse una vez m¨¢s en el reparto de los dineros del Estado.

Este poder de las comunidades se traduce ya, incluso en las regiones m¨¢s peque?as, en competencias sobre carreteras, agricultura, ordenaci¨®n del territorio, incentivos empresariales o recaudaci¨®n de algunos impuestos indirectos. En las comunidades principales el autogobierno e extiende a grandes parcelas administrativas como la ense?anza. Hasta el punto de que el Ministerio de Educaci¨®n ya s¨®lo manda sobre 24 provincias.

El coste efectivo de las competencias transferidas por el Estado a las comunidades, en pesetas de 1986, asciende a 617.000 millones. Todas las actividades ejercidas actualmente por las autonom¨ªas conforman un presupuesto global de 2,37 billones para 1987, de los cu¨¢les el Estado aporta 1,37.

La disparidad entre el monto de las competencias transferidas y los presupuestos auton¨®micos se debe, seg¨²n dirigentes regionales, al distinto grado de prestaciones y a las nuevas iniciativas que han puesto en marcha. "No gastamos m¨¢s que el Estado, en t¨¦rminos estrictos, porque no tenemos un gasto equivalente", afirma, por ejemplo, el consejero de Hacienda de Canarias, ?scar Bergasa. A lo cual replica un alto funcionario de la Administraci¨®n central: "Naturalmente que un edificio estar¨¢ mejor atendido con tres porteros que con un solo conserje; el problema est¨¢ en si los, vecinos pueden pagar tres porteros".

Esta discusi¨®n es el reflejo de la pol¨¦mica que durante a?os ha enfrentado a los partidarios del nuevo modelo auton¨®mico con los defensores del Estado centralizado. Las autoridades econ¨®micas siguen vigilando con inquietud la evoluci¨®n del proceso, aunque reconocen que no ha aumentado sensiblemente el endeudamiento de las autonom¨ªas desde 1986; mientras que los Gobiernos regionales han amortiguado sus reivindicaciones tras el pulso echado al Gobierno de la naci¨®n durante el a?o pasado, que termin¨® con un acuerdo general de financiaci¨®n incluso la ¨²nica comunidad que vot¨® en contra Canarias- pudo utilizar su postura para conseguir 13.000 millones m¨¢s del Estado a t¨ªtulo de "compensaci¨®n de insuficiencias" en la valoraci¨®n de los traspasos.

Todo este flujo de. dinero estatal ha ido consolidando una Administraci¨®n de nuevo cu?o, dividida en 17 trozos distintos, que a su vez generan actividades con las que obtener algunos recursos propios. Solamente las participaciones accionariales y los intereses de cuentas corrientes de las comunidades les deparan unos ingresos de 32.000 millones, seg¨²n datos de la Administraci¨®n central.

De este modo, en un proceso m¨¢s desconocido de lo que cabr¨ªa imaginar por su magnitud econ¨®mica, se ha ido consolidando un poder que pugna por afirmarse frente a la Administraci¨®n central y las corporaciones locales. De todos modos, en el pecado est¨¢ la penitencia; y algunos presidentes auton¨®micos se las ven y se las desean para que los electores conozcan sus realizaciones y distingan entre instituciones.

As¨ª se entiende el enfado del presidente de la Comunidad de Madrid, Joaqu¨ªn Leguina, quien, al contemplar desde su despacho la reformada Puerta del Sol, afirma con desaliento: "Nosotros hemos pagado dos tercios de esas reformas, y ahora resulta que con el pol¨¦mico cambio de farolas por parte del alcalde parece que todo lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid".

El problema es de futuro

La gesti¨®n de las autonom¨ªas, pese al desmadre inicial de gastos de protocolo, coches oficiales o sedes lujosas, y a la ca¨®tica administraci¨®n de algunas comunidades, no ha producido un nivel excesivo de d¨¦ficit y endeudamientos en relaci¨®n con la dimensi¨®n de sus presupuestos.

Estimaciones del Banco de Espa?a, basadas en los datos que env¨ªan las entidades de cr¨¦dito a la central de riesgo, sit¨²an el endeudamiento de las comunidades en 100.000 millones para 1986. Hacienda, en base a estimaciones propias, cifra este endeudamiento en tomo a los 82.000 millones. Ambas cifras, en frase de un alto cargo, "no pueden considerarse excesivas; por ejemplo, la segunda fase de la reconversi¨®n de la siderurgia va a costar unos 250.000 millones".

El problema, reconocen estas fuentes, es de futuro. No hay una informaci¨®n centralizada y al d¨ªa de lo que est¨¢n haciendo las 17 autonom¨ªas, por lo que no existe ning¨²n c,ontrol global sobre una parte del Estado que gestiona casi 2,5 billones de pesetas. Si no se fija una coordinaci¨®n, afirman en Hacienda, ser¨¢ imposible controlar el d¨¦ficit o planificar pol¨ªticas generales.