Un cese discutible

LA DESTITUCI?N del gobernador militar de Guip¨²zcoa, general ?ngel D¨ªaz Losada -que se hab¨ªa pronunciado, en una entrevista period¨ªstica, en favor de la supeditaci¨®n de los Ej¨¦rcitos al poder pol¨ªtico, incluso en el caso de que las decisiones de ¨¦ste condujeran a la independencia o separaci¨®n de una zona del pa¨ªs-, se trata de una medida altamente discutible. A preguntas del informador, que insisti¨® en saber si el Ej¨¦rcito respetar¨ªa la decisi¨®n del poder civil si ¨¦ste decid¨ªa implantar un r¨¦gimen federal o acordar la independencia de una parte del territorio nacional, el general respondi¨® textualmente: "Si las instituciones del Estado lo aceptan, habr¨ªa que respetarlo". Como luego le difundieran por otros medios versiones m¨¢s o menos tremendistas de sus palabras, el propio general se esforz¨® por matizarlas, precisando que su intenci¨®n era "poner ¨¦nfasis en algo que es elemental: que el Ej¨¦rcito no tiene posici¨®n propia, aut¨®noma, distinta de la de los poderes leg¨ªtimos del Estado".Nada hay que reprochar; pues, al contenido de las declaraciones de este militar, estrictamente acordes con la Constituci¨®n y con la ley. Pero quiz¨¢ pueda objetarse su oportunidad. Aunque ninguna norma proh¨ªbe que los militares profesionales realicen declaraciones a la Prensa, no parece que los criterios de prudencia aconsejen la proliferaci¨®n de manifestaciones de esta naturaleza por quienes ostentan mando directo de fuerzas.

La explicaci¨®n de la destituci¨®n habr¨ªa que buscarla en la explotaci¨®n interesada que de las declaraciones han hecho el abertzalismo radical, de una parte, y sectores de la reacci¨®n m¨¢s o menos golpista, de otra. El dirigente de Herri Batasuna I?aki Esnaola ha opinado que de las palabras citadas cabe deducir que el Ej¨¦rcito est¨¢ a favor de una negociaci¨®n pol¨ªtica con ETA, hip¨®tesis a la que ya s¨®lo se opondr¨ªa el Gobierno. Pero la responsabilidad de esa interpretaci¨®n, que en absoluto se deduce de las declaraciones del general ni del sentido que encierran, corresponde enteramente a Esnaola. Otros sectores, defensores m¨¢s o menos verg¨®nzantes del autonomismo militar "en situaciones l¨ªmite", han interpretado que esas declaraciones contradicen el texto y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n, al poner en entredicho la unidad nacional. La argumentaci¨®n es una. perfecta sandez. El n¨²cleo sustancial de nuestra Carta Magna es la consagraci¨®n de la soberan¨ªa popular, de la que emana la legitimidad del poder pol¨ªtico, al que se supeditan todas las instituciones del Estado. ¨²nicamente quienes se oponen al sistema democr¨¢tico deforman ese esp¨ªritu al pretender que las instituciones est¨¢n cautivas de las fuerzas armadas, o que ¨¦stas son coautoras del funcionamiento de aqu¨¦llas.

Nada menos que el presidente del Congreso, a la saz¨®n Gregorio Peces-Barba, declar¨® hace algunos a?os en Pamplona que toda opci¨®n pol¨ªtica, incluidas las independentistas, cab¨ªan en nuestra Constituci¨®n, siempre que sus reivindicaciones fueran planteadas de manera pac¨ªfica y democr¨¢tica. Existen partidos declaradamente ?tidependentistas que han sido legalizados por los tribunales. ?Qu¨¦ sentido tiene entonces esa rasgadura de trajes? La fulminante destituci¨®n del gobernador militar de Guip¨²zcoa es, en cambio, la contestaci¨®n a las palabras de un militar constitucionalista y respetuoso del poder civil. Insistimos en la probable inoportunidad de esas palabras. Pero si, del primer ministro para abajo, todo el que dice algo inoportuno en este pa¨ªs fuera apeado del cargo, las poltronas hoy estar¨ªan vac¨ªas.