Terrorismo, jueces y polic¨ªas / y 2

Dos figuras b¨¢sicas en las que la sociedad sustenta su aspiraci¨®n a acabar con el fen¨®meno terrorista son la justicia y la polic¨ªa. El autor de este art¨ªculo, el segundo y ¨²ltimo de su reflexi¨®n sobre el terrorismo, aborda el car¨¢cter con que ambas instituciones se enfrentan a la violencia en el contexto espa?ol.

La sociedad espa?ola, llena de problemas, plagada a¨²n de injusticias y contradicciones, no se enfrenta f¨¢cilmente a s¨ª misma; tiende (y esta tendencia es alimentada desde los m¨¢s diversos discursos) a verse perfecta. La culpa de sus males no le es achacable, todos ellos provienen del Estado. Los jueces, como cualquier espa?ol, no quieren pertenecer a ese Leviat¨¢n, origen de todo mal social.Es perfectamente humano, aunque no sea razonable. Por otro lado, el poder judicial es independiente; palabra ¨¦sta, independiente, que ha tomado en Espa?a un especial contenido sem¨¢ntico. "Soy independiente", viene a ser una declaraci¨®n de principios, tiene una carga heroica, es un adjetivo que ennoblece y aleja de las miserias cotidianas.

Independientes

Un periodista independiente no s¨®lo es adjetivado de m¨¢s sabio, sino tambi¨¦n de m¨¢s honrado; hay candidaturas independientes para directivas de clubes deportivos y para alcaldes en los m¨¢s variados pueblos que, por el mero hecho de as¨ª presentarse, reclaman para s¨ª toda la probidad en el manejo de la cosa p¨²blica. Todo ello se deriva seguramente de un discurso, ideol¨®gicamente reaccionario, muy presente en la sociedad espa?ola, que mira al noble y necesario quehacer humano de agruparse en tomo a ideas pol¨ªticas como algo funesto que mata la independencia de criterios.

A eso vamos. El poder judicial es independiente en el viejo sentido de la Revoluci¨®n Francesa, pero quiere, al parecer, ser independiente de forma polis¨¦mica. Sin entrar a discutir ahora si ello es as¨ª o no, hay una cosa respecto a la cual los jueces no pueden ser independientes, a saber: sus propios criterios, su forma de ser, su persona. Y hay otras dos cosas respecto a las cuales los jueces no debieran ser independientes: los intereses generales y las leyes.

Sobre el poder judicial, es decir, sobre los jueces, ha ca¨ªdo a partir de la Constituci¨®n una cantidad nada despreciable de responsabilidades, y, por tanto, de trabajo. Es muy posible que los medios materiales y humanos puestos a su alcance no hayan crecido al mismo ritmo. M¨¢s all¨¢ de los medios que el Estado haya puesto al servicio del poder judicial, lo que no ha cambiado sustancialmente es la organizaci¨®n de la justicia.

Quiz¨¢ sea este punto el que reciba m¨¢s cr¨ªticas cotidianas, pero pasar del manguito, el balduque y las copias con papel carb¨®n al ordenador lleva su tiempo y su paciencia. Tiempo y paciencia de quienes tienen que organizarse el trabajo, es decir, de los jueces y de sus colaboradores, y paciencia tambi¨¦n de la sociedad, que ha de esperar alg¨²n tiempo a que las cosas mejoren, como con toda la probabilidad ocurrir¨¢.

Con todo, la pol¨¦mica m¨¢s llamativa y que encierra especial gravedad para la justicia, por lo que se dice y especialmente por lo que se calla, trata del papel de los jueces, y muy particularmente de los llamados jueces naturales, en la represi¨®n del terrorismo.

La situaci¨®n es complicada. Por un lado, de los delitos del terrorismo entiende la Audiencia Nacional; sin embargo, de los delitos que se pueden cometer en la persecuci¨®n del terrorismo entiende el juez natural. Muy poca imaginaci¨®n y malicia hay que atribuir a los amigos de los terroristas para que no consigan enredar las cosas, de suerte que, aun no dese¨¢ndolo unos y otros, fiscales, jueces y polic¨ªas aparezcan m¨¢s revueltos que juntos. Si en una acci¨®n policial muere un terrorista, el juez natural ha de intervenir para aclarar los hechos; si un terrorista declara haber recibido malos tratos, el juez natural tambi¨¦n ha de actuar.

Dada la actual divisi¨®n del trabajo entre la Audiencia Nacional y los jueces naturales, estos ¨²ltimos pueden aparecer ante la opini¨®n p¨²blica como defensores de los derechos de los terroristas y de sus amigos. Ello es un p¨¦simo regalo para la justicia y, por ende, para la democracia.

En este asunto parece ya sobrepasado el momento de hacer una apuesta definitiva, que no pueda ser otra que la de dotar a los llamados jueces naturales de competencias plenas en la represi¨®n de los delitos terroristas. Hay un solo argumento en contra, que tiende a obviarse por razones evidentes. El argumento es ¨¦ste: los jueces naturales pueden ser f¨¢cilmente atemorizados, con lo que sus actuaciones podr¨ªan volverse proclives a los terroristas.

Esta objeci¨®n s¨®lo se resuelve de una forma, false¨¢ndola o confirm¨¢ndola en la pr¨¢ctica.

Por encima de ello conviene recordar que la convivencia democr¨¢tica, y, en suma, una sociedad mejor, no se construye apostando a favor de las miserias humanas, sino a favor de la nobleza de las personas.

A la sociedad espa?ola y al Estado les toca ahora apostar a favor de la profesionalidad y rectitud moral de los fiscales y jueces que ejercen en el Pa¨ªs Vasco, en Navarra, en Catalu?a o en Madrid, lugares en donde con cierta reiteraci¨®n vienen asesinando los terroristas.

Los polic¨ªas

La polic¨ªa espa?ola realiz¨® durante el franquismo labores especialmente odiosas en orden a la represi¨®n pol¨ªtica. Tambi¨¦n hay que decirlo, no tan miserables como las de quienes, sentados otrora en el Consejo de Ministros o en tribunales represivos, hoy, por mor de su extracci¨®n de clase, son ciudadanos que a veces se permiten el lujo de dar lecciones varias sobre la convivencia.

La labor de perseguir y, por tanto, tratar con delincuentes no s¨®lo es tarea dif¨ªcil, sino que inevitablemente conlleva el riesgo del contagio, y ese contagio se produce a veces en alg¨²n polic¨ªa.

Estos son los dos puntos de mira llenos de recelo con que se contempla desde una ¨®ptica progresista a las Fuerzas de Seguridad del Estado: pr¨¢cticas ilegales derivadas de una concepci¨®n no democr¨¢tica y corrupci¨®n.

El problema real est¨¢ en que existan tales ilegalidades, pero el problema pol¨ªtico a?adido consiste en que, sin existir significativamente tales pr¨¢cticas, una parte de la opini¨®n p¨²blica piense que son moneda generalizada.

Respecto al primer punto, el esp¨ªritu democr¨¢tico de la polic¨ªa, puede afirmarse sin riesgo que hoy, tanto los mandos policiales como las direcciones sindicales de la polic¨ªa est¨¢n compuestos por personas en este punto irreprochables. No se trata de que hayan asumido el sistema, sino que, como es su obligaci¨®n, son sus defensores.

En lo que toca a las posibles pr¨¢cticas corruptas, cabe decir, en primer lugar, que dif¨ªcilmente la sociedad puede convivir con un aparato policial mantenido todo ¨¦l bajo sospecha. Parece m¨¢s razonable, por demostrado, que se trata de casos, siempre graves, pero aislados.

Se suele reclamar un di¨¢logo pol¨ªtico con los terroristas, aduciendo el apoyo social del movimiento Herri Batasuna; es otra discusi¨®n que tambi¨¦n convendr¨ªa racionalizar desde la ¨®ptica social antes que desde la pol¨ªtica.

Una hip¨®tesis podr¨ªa avanzarse: Herri Batasuna ha conseguido vehicular pol¨ªticamente a una parte de la sociedad marginada creciente en el Pa¨ªs Vasco en torno a un proyecto pol¨ªtico no democr¨¢tico, en el que se concitan dos componentes ideol¨®gicos radicales, tan explosivos como el amonal que usan sus amigos de ETA, a saber: patriotismo e izquierdismo. No parece f¨¢cil que tal proyecto se desmonte s¨®lo con palabras; m¨¢s bien reclamar¨ªa pol¨ªticas potentes de integraci¨®n social.

Empero, lo que aqu¨ª se ha tratado de avanzar es una forma de entendimiento a este lado de la barrera, es decir, entre la inmensa mayor¨ªa democr¨¢tica de la sociedad espa?ola.