El secretario de finanzas del PSOE valenciano constituy¨® una empresa con bienes embargados

Simutrans, una de las empresas controladas por el secretario de finanzas del Partido Socialista del Pa¨ªs Valenciano (PSPV-PSOE), Jos¨¦ Manuel Rivas, se constituy¨® en abril de 1985 con la aportaci¨®n de numerosos bienes muebles e inmuebles, de los que la mayor parte estaban embargados o en proceso de embargo. En el acta de constituci¨®n de la compa?¨ªa, con referencia a esas propiedades, entre las que figuran camiones y fincas, se se?ala: "Libres todos los bienes de grav¨¢menes, seg¨²n aseguran sus respectivos propietarios".

Simutrans se constituy¨® el 17 de abril de 1985 sobre las cenizas de Mudanzas Signes, empresa que estaba hundida y cuyo propietario, Francisco Signes, que figura como miembro de la nueva sociedad, aporta una serie de bienes, entre fincas r¨²sticas y urbanas, camiones, remolques y otros veh¨ªculos, cuya propiedad se reparte entre los socios de Simutrans. Uno de ¨¦stos es el propio Jos¨¦ Manuel Rivas, secretario de finanzas del PSIV desde 1980, cargo al que acumul¨® la gerencia del partido desde el IV Congreso del PSIV, celebrado en Alicante en 1985.Especialmente desde que accedi¨® a la condici¨®n de gerente del partido, Rivas, conocido por sus compa?eros como Manolo Rivas o El Marsell¨¦s, ha promovido varias empresas, entre ellas alguna de televisi¨®n por cable (v¨¦ase EL PA?S del 6 de diciembre pasado). La comisi¨®n ejecutiva del PSPV se?al¨® de manera oficial que los negocios de Rivas tienen car¨¢cter particular y no se trata de empresas paralelas del partido. En el caso de Simutrans, se trata de una antigua empresa, Transportes Signes, reflotada con otro nombre y con control de Rivas, quien posee acciones por valor de 12.863.000 pesetas, sobre un capital social de 80 millones de pesetas.

En el acta de constituci¨®n de Simutrans figura la aportaci¨®n de un veh¨ªculo Land Rover, 23 camiones, 28 remolques y una elevadora, todo ello sorprendentemente valorado en s¨®lo 13 millones de pesetas, seg¨²n consta en la escritura. Adem¨¢s hay cinco propiedades de huerta en Valencia, plazas de aparcamiento y locales comerciales en el edificio situado en la c¨¦ntrica calle de Col¨®n, de Valencia, un local comercial y una parcela en Madrid, adem¨¢s de unos locales en la calle de San P¨ªo V, en la capital valenciana. Todo ello se valora tambi¨¦n muy a la baja en 31 millones de pesetas.

Tanto el Banco Espa?ol de Cr¨¦dito como la Sociedad Importadora de Camiones y Autom¨®viles (Saica) ten¨ªan embargados o en proceso de embargo al menos una parte importante de estos bienes, como las propiedades en el edificio de la calle de Col¨®n y varias fincas rurales de Valencia, al haber iniciado procedimientos judiciales contra Francisco Signes por impago de deudas, seg¨²n consta en documentos judiciales y mercantiles a los que ha tenido acceso este peri¨®dico. Una vez constituida la sociedad, las deudas fueron pagadas en breve plazo y los embargos se levantaron.

Cuando se produce la constituci¨®n de la nueva sociedad, en la que la propiedad de los bienes se divide entre los accionistas -incluido Rivas y antiguos trabajadores de Signes a los que se adeudaban salarios-, de manera simult¨¢nea se otorga un poder notarial de apoderamiento en favor de Jos¨¦ Adolfo Balaguer Sierra, militante del PSPV, persona muy pr¨®xima a Rivas y socio de General Investing Company, SA (Geinco).

En esta sociedad, promovida por Rivas, pese a que no consta como accionista, el secretario de finanzas del PSPV es apoderado con plenas facultades para hacer y deshacer en su nombre.

Respecto de Simutrans, Balaguer est¨¢ autorizado por el poder notarial que se le otorg¨® a "resolver todos los negocios y asuntos que directa o indirectamente se relacionen con el giro o tr¨¢fico de la empresa", as¨ª como "respresentar a la sociedad en toda clase de negocios".

Pocos d¨ªas despu¨¦s de la constituci¨®n de Simutrans, una vez que en la pr¨¢ctica cambiaron de manos las propiedades de la antigua Transportes Signes, los embargos y los procesos de embargo comienzan a levantarse al desistir los acreedores de las acciones judiciales al parecer, por haber cobrado.