Bochorno en la sala de juicio

EL DESFILE de los pol¨ªticos por el auditorio donde se celebra el juicio del s¨ªndrome t¨®xico ha logrado animar por unos d¨ªas un acontecimiento judicial al que la opini¨®n p¨²blica hace tiempo que s¨®lo mira de reojo. Pero lo que se ha visto all¨ª ha sido m¨¢s bien un espect¨¢culo bochornoso, que en nada va a contribuir a elevar la estimaci¨®n de los ciudadanos por la pol¨ªtica y por quienes han hecho de la dedicaci¨®n a ella su oficio. En cuanto a los afectados por el s¨ªndrome t¨®xico, la comparecencia de quienes. ten¨ªan las responsabilidades del poder y de la oposici¨®n cuando se desencaden¨® la epidemia ha constituido un nuevo motivo para la frustraci¨®n. Poco han podido sacar en limpio de su testimonio ante el tribunal, por m¨¢s autentifica do que estuviera por la promesa o el juramento que les compromet¨ªa a la verdad. Lo que se les ha o¨ªdo en su testificaci¨®n ante los jueces a quienes deber¨ªan disponer de al menos algunas de las claves de la tragedia que asol¨® a Espa?a en la primavera de 1981 de poco va a servir para un mejor conocimiento de las causas y responsabilidades que hicieron posible el envenenamiento impune por ingesti¨®n de aceite de colza de miles de ciudadanos. Ha resultado, sin embargo, sumamente valioso para conocer cu¨¢l es el concepto que les merece la pol¨ªtica a quienes han obtenido el mandato del pueblo para ejercerla en su nombre. Y, sobre todo, ha arrojado una luz clarificadora sobre el trasfondo verdadero de la batalla pol¨ªtica librada entonces por el Gobierno de UCD y la oposici¨®n socialista con motivo del s¨ªndrome t¨®xico. Porque lo que ha quedado en claro es que, m¨¢s que la preocupaci¨®n por conocer la verdad y por encontrar un remedio al dolor de miles de ciudadanos, lo que realmente animaba a unos y a otros era su desgaste mutuo con vistas al ejercicio del poder.

?Qu¨¦ otra interpretaci¨®n dar a lo esencial de la testificaci¨®n de Leopoldo Calvo Sotelo, m¨¢ximo responsable del Ejecutivo en aquellas fechas, y de Ciriaco de Vicente, responsable de sanidad del partido socialista? El primero ha reconocido con sinceridad pero sin el menor atisbo de autocr¨ªtica que su Gobierno imput¨® responsabilidades en la aparici¨®n del s¨ªndrome t¨®xico a los ayuntamientos por la exclusiva raz¨®n de que la mayor¨ªa de ¨¦stos estaba en manos de los socialistas. El segundo ha admitido con igual sinceridad que desde la oposici¨®n se ped¨ªa lo imposible al Gobierno, aunque eran conscientes de que por serlo no se pod¨ªa obtener. Luego se ha visto que ni siquiera los propios socialistas han sido capaces de hacer desde el poder lo que con tanto ah¨ªnco exig¨ªan desde la oposici¨®n. No cabe mayor fraude al mandato de las urnas y mayor desprecio por quienes con sus votos les hab¨ªan confiado la representaci¨®n de la comunidad. Nadie se va a escandalizar a estas alturas de saber que las maniobras, la marruller¨ªa, el golpe bajo, el sofisma o el recurso dial¨¦ctico forman parte de las costumbres al uso en las contiendas pol¨ªticas. Pero un debate pol¨ªtico digno de ese nombre exige un m¨ªnimo de autenticidad al que no se puede renunciar si no se quiere vaciar de contenido a las instituciones democr¨¢ticas. Y, desde luego, resulta pat¨¦tico que este estilo de hacer pol¨ªtica se haya puesto en pr¨¢ctica al socaire de una gran tragedia.

Por lo dem¨¢s, la obstinaci¨®n de los pol¨ªticos declarantes en negar responsabilidad alguna a la Administraci¨®n del Estado en la aparici¨®n del s¨ªndrome t¨®xico es pueril y pol¨ªticamente insostenible. El vil mercadeo que se gener¨® en Espa?a con las mezclas de aceites de semillas s¨®lo fue posible en el clima de omisiones, negligencias y consentimientos propiciado durante mucho tiempo desde las instancias pol¨ªticas y administrativas. Otra cosa son las dificultades evidentes con que se enfrenta todo intento de individualizar estas responsabilidades, y, sobre todo, de traducirlas a una dimensi¨®n penal. La paralizaci¨®n en que se encuentra el llamado sumario de los altos cargos, abierto a responsables de la Administraci¨®n ucedista, es una prueba de ello. El que legalmente sea necesaria la condena de la Administraci¨®n para que los afectados sean indemnizados es un obst¨¢culo formidable que se interpone a la obligada satisfacci¨®n pecuniaria a que, sin duda, tienen derecho las v¨ªctimas del fraude criminal.