El Supremo impide instalar un centro de rehabilitaci¨®n de drogadictos en las proximidades de varios colegios

La Sala Quinta del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid por la que se impide la instalaci¨®n de un centro municipal de rehabilitaci¨®n de toxic¨®manos en Chamart¨ªn, por entender que el funcionamiento de este centro es incompatible con la existencia de varios colegios en las proximidades. El tribunal hace una comparaci¨®n entre la finalidad por la que se pone el centro y el derecho del ni?o y del adolescente "a no ser atacados en su integridad f¨ªsica y moral cuando hayan de acudir a los centros docentes", entendiendo que el inter¨¦s del ni?o "es siempre superior". Fuentes municipales anunciaron ayer que el Ayuntamiento recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia, fechada el pasado d¨ªa 16 y notificada el martes al Ayuntamiento, desestima el recurso de ¨¦ste y confirma una sentencia de la Audiencia Territorial dictada el 29 de septiembre de 1986. El tribunal impone adem¨¢s al Ayuntamiento el pago de las costas del juicio, que se inici¨® cuando la Asociaci¨®n de Padres de Alumnos del colegio Nuestra Se?ora del Recuerdo, colindante con el centro asistencial, present¨® un recurso contra la apertura del mismo.En los fundamentos de derecho, la Sala Quinta del Supremo, presidida por el magistrado Juan Ventura Fuentes, interpreta el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n en su aspecto referido al derecho a la integridad f¨ªsica y moral. Para ello el Supremo cita textos legales espa?oles e internacionales, entre ellos una sentencia de 1976 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera la protecci¨®n a la moral como uno de los objetivos b¨¢sicos de una sociedad democr¨¢tica "siendo dato importante que la moral que se pretende proteger sea la de los j¨®venes y ni?os en temas, adem¨¢s, que habida cuenta de su edad y circunstancias puede incitarles a adoptar conductas antisociales o pueden depravarles y corromperles".

A continuaci¨®n, y para precisar si en este caso concreto "puede hablarse de ataque a tal integridad de la infancia y la juventud que cursa sus estudios en los centros de ense?anza ubicados en el lugar", el Tribunal Supremo compara la finalidad a que obedece la instalaci¨®n del centro de ayuda a los toxic¨®manos y el derecho del ni?o y del adolescente, decidi¨¦ndose a favor de los segundos, porque "el inter¨¦s del ni?o es siempre superior a cualquier otro".

100 millones de inversi¨®n

Pilar Fern¨¢ndez, concejala de Servicios Sociales, se?al¨® ayer: "Vamos a acatar la sentencia, pero vamos tambi¨¦n a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Eso supone que no desarrollaremos ninguna actividad de asistencia a los t¨®xic¨®manos en estos edificios de Chamart¨ªn y nos replantearemos su uso".

Los dos edificios afectados son de propiedad municipal. Seg¨²n el Ayuntamiento, en su rehabilitaci¨®n y equipamiento como centro de asistencia a toxic¨®manos se invirtieron hace tres a?os 100 millones de pesetas. Incluso se contrat¨® a nueve personas que, al no poderse abrir el centro, fueron llevadas a otro centro de servicios sociales en donde tratan a 60 tox¨ªc¨®manos.

"La sentencia puede crear problemas para encontrar una ubicaci¨®n a los cuatro centros que queremos abrir y que el alcalde present¨® el martes", agreg¨® Pilar Fern¨¢ndez. "Habr¨¢ que tener una mayor precauci¨®n, pero siempre puede haber un ciudadano al que no le guste la cercan¨ªa de estos centros", dijo la concejala.

"Es una contradicci¨®n que la poblaci¨®n madrile?a pida medidas no s¨®lo represivas, sino tambi¨¦n asistenciales, para los drogadictos y, por otro lado, haya sectores insolidarios que no quieren la construcci¨®n de estos centros en sus barrios. Es una hipocres¨ªa social el querer mandar a los drogadictos al campo para que nadie les vea", dijo la concejala.

"Los toxic¨®manos en tratamiento no son conflictivos ni contagiosos y tampoco generan problemas. Es mejor tenerlos en tratamiento que en la calle", se?al¨® ayer, por su parte, Santiago de Torres, jefe del gabinete de la Delegaci¨®n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, quien mostr¨® su preocupaci¨®n con la decisi¨®n judicial. "Es necesario instar a la solidaridad de la poblaci¨®n y hacerle ver que los centros han de tener una ubicaci¨®n geogr¨¢fica, a?adi¨®.

Julio Beamonte, presidente de la Asociaci¨®n de Padres de Alumnos del colegio Nuestra Se?ora del Recuerdo, manifest¨® que a¨²n no hab¨ªa recibido la sentencia aunque, al conocer el fallo, valor¨® positivamente "el reconocimiento que se hace de un derecho que el ni?o tiene". "Entendemos que deben existir estos centros, pero no crear un centro de este tipo pegado a dos colegios. Nuestra postura no habr¨ªa sido la misma si el Ayuntamiento hubiera cambiado la ubicaci¨®n a otro punto no a otra zona de la ciudad sino fuera del entorno de un colegio".