El presunto fraude de la urbanizaci¨®n valenciana de Calicanto llega al juzgado

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado tramitar una querella que presentaron varios propietarios de parcelas en la urbanizaci¨®n Cumbres de Calicanto, ubicada a 15 kil¨®metros de Valencia. Los querellantes han venido denunciando en diferentes instituciones lo que consideran una cadena de fraudes e irregularidades. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo son algunas de las instancias a las que han recurrido los afectados.

Los presuntos fraudes arrancan de construir sobre terreno no urbanizable, de cobrar contribuciones municipales sobre obras no autorizadas por los propios ayuntamientos que emiten los recibos y de tener paralizada una urbanizaci¨®n que debi¨® estar terminada hace 12 a?os.Los denunciantes consideran que los ayuntamientos implicados y la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas no han asumido las responsabilidades que les corresponden una vez que la empresa promotora, Urbanizadora Cumbres de Calicanto, ha demostrado no tener capacidad para concluir unas obras, que llevan tantos a?os de retraso. T¨¦cnicos de la citada consejer¨ªa reconocieron que la promotora no posee la solvencia necesaria para cumplir sus compromisos.

La urbanizaci¨®n est¨¢ ubicada en la sierra Perenchiza y ocupa terrenos de los municipios de Torrent, Chiva y Godelleta. Una gran parte de las m¨¢s de 3.000 parcelas que componen el complejo fue edificada a finales de los a?os 60 y comienzos de los 70 sobre terreno no edificable, de acuerdo con la legislaci¨®n urban¨ªstica. Esta presunta ilegalidad, sin embargo, fue bendecida por la extinta corporaci¨®n Gran Valencia. Otra zona de la urbanizaci¨®n s¨®lo fue aprobada provisionalmente, y el ?yuntamiento de Torrent lleg¨® a cobrar contribuciones, que ¨²ltimamente ha comenzado a devolver ante la dudosa legalidad de la medida.

El cambio experimentado en la legislaci¨®n urban¨ªstica no ha mejorado la situaci¨®n en las Cumbres de Calicanto. Las nuevas normas obligan a la Administraci¨®n a intervenir si se demuestra que las promotoras privadas son incapaces de cumplir sus objetivos.

Embargos

Los embargos sufridos por la promotora demuestran su incapacidad para continuar la construcci¨®n, algo reconocido por la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas. Por otra parte, t¨¦cnicos de este departamento auton¨®mico explicaron que las parcelas son de segunda residencia en muchos casos y que fueron compradas a bajo precio.Entretanto, una sociedad civil creada por personas relacionadas con la empresa promotora intenta cobrar recibos por servicios tales como el alumbrado y la seguridad a los propietarios de los terrenos. Este intento de cobro de servicios ha provocado pleitos que han merecido sentencias contradictorias por parte de los juzgados de distrito. Esta circunstancia ha llevado a los denunciantes a presentar un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para que investigue las contradicciones.

Muchos de los propietarios de parcelas se han negado a pagar por estos servicios. Argumentan que el alumbrado y la seguridad son servicios que los ciudadanos pagan dentro de sus impuestos municipales y que no existe tasas espec¨ªficas por estos conceptos.

Antonio Sierra, directivo de la empresa promotora, declin¨® ofrecer su versi¨®n y se remiti¨® a Juan Santamar¨ªa, presidente de una asociaci¨®n de propietarios de parcelas, quien no pudo atender a este peri¨®dico por encontrarse "preparando un viaje".

La Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado tramitar la querella que, en una primera instancia, hab¨ªa sido archivada por el juez instructor. Contra el auto de archivo se present¨® un recurso que ha prosperado. Los tr¨¢mites deber¨¢ seguirlos ahora el mismo juez que dict¨® el auto de archivo, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7, Gustavo Solaz.