Un reto para el defensor

CON LA designaci¨®n de ?lvaro Gil-Robles como defensor del pueblo -ayer, por el Parlamento- se inicia un nuevo periplo en la corta historia de esta instituci¨®n que puede resultar crucial para su supervivencia y definitiva consolidaci¨®n. La amplia mayor¨ªa parlamentaria con que ha sido arropado el sucesor de Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez es un signo de confianza de las fuerzas pol¨ªticas en el elegido, pero no prejuzga en absoluto que ello vaya a traducirse en un mayor reconocimiento del papel encomendado al Defensor del Pueblo como "alto comisionado de las Cortes Generales" para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante las administraciones p¨²blicas y sus agentes. La imagen de mercadeo y componenda que socialistas y aliancistas han dado en este asunto, primero con la defenestraci¨®n de Ruiz-Gim¨¦nez y despu¨¦s con la designaci¨®n de Gil-Robles, no refuerza precisamente la convicci¨®n de que han actuado, sobre todo, en inter¨¦s de una instituci¨®n democr¨¢tica que tantas esperanzas suscit¨®.Existen otros factores fuera de las C¨¢maras mucho m¨¢s determinantes para el futuro de la instituci¨®n, y que, si no se modifican en la etapa que se inicia, pueden provocar su enterramiento en lugar de su esperada resurrecci¨®n. El enfeudamiento en el Ejecutivo o las desconsideradas presiones de este ¨²ltimo, la insensibilidad de una Administraci¨®n p¨²blica poco propicia a atender las quejas de los administrados y la falta de instrumentos legales que le doten de algo m¨¢s que de fuerza moral son factores que, tal como se han revelado en los cinco a?os de mandato de Ruiz-Gim¨¦nez, no s¨®lo da?an el prestigio del Defensor del Pueblo, sino que impiden que su tarea tenga el m¨ªnimo de eficacia exigible por los ciudadanos.

No es seguro que ?lvaro Gil-Robles vaya a encontrar esas ayudas. El partido del Gobierno, tras las confusas explicaciones iniciales, ha concluido por justificar la sustituci¨®n de Ruiz-Gimenez en la necesidad de consolidar "la gran tarea realizada" por el anterior Defensor del Pueblo. Pero est¨¢ por ver si esta "sustituci¨®n relativa", como oficialmente ha sido calificada, sin duda para quitar hierro al relevo, va a significar un paso adelante o m¨¢s bien un paso atr¨¢s en la consolidaci¨®n de una instituci¨®n que, m¨¢s all¨¢ de las declaraciones rimbombantes, no goza demasiado de la estima del resto de las instituciones del Estado.

Que el nuevo Defensor del Pueblo sea el inspirador de la ley que regula esta instituci¨®n y haya flanqueado a Ruiz-G¨ªmenez como su primer adjunto desde 1983 puede ser un dato positivo a la hora de sacar el m¨¢ximo partido a las exiguas competencias de que est¨¢ investido. Pero tambi¨¦n es l¨ªcito sospechar que su experiencia en el ¨¢rea decisoria de la instituci¨®n del Defensor del Pueblo puede haberle inducido a adquirir los malos h¨¢bitos de la etapa anterior. Las referencias sobre el papel jugado en la sombra por Gil-Robles en la etapa de Joaqu¨ªn Ruiz-Gimenez no son un buen augurio. Su presencia activa y persuasiva detr¨¢s de algunos clamorosos silencios de Ruiz-Gim¨¦nez, entre ellos el vergonzoso episodio que represent¨® la negativa a recurrir la ley antiterrorista, revela una especial vulnerabilidad del nuevo Defensor del Pueblo ante todo lo que pueda rozar las zonas sensibles del Estado. Precisamente aquellas en las que m¨¢s desprotegidas pueden hallarse las personas en un determinado momento. La respuesta que se d¨¦ a estas situaciones puede dar a los ciudadanos una idea exacta de si ha sido un acierto o un error la designaci¨®n del nuevo Defensor del Pueblo.