La oposici¨®n pide la devoluci¨®n de la ley de Costas al Gobierno

Todos los grupos de la oposici¨®n, a excepci¨®n de Izquierda Unida, rechazaron ayer la ley de Costas por entender que viola las competencias de las comunidades aut¨®nomas, desconoce los derechos de los particulares que tienen situaciones consolidadas y deja al Gobierno un gran margen de discrecionalidad. Si el proyecto de ley no se modifica en los tr¨¢mites parlamentarios sucesivos, los grupos de oposici¨®n recurrir¨¢n la ley ante el Tribunal Constitucional.

Los argumentos de ¨¦stos -siete grupos enmendaron la ley a la totalidad y pidieron su devoluci¨®n al Gobierno- fueron rechazados por el ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo, Javier S¨¢enz Cosculluela, para quien la ley pretende poner fin a los desmanes que se han cometido en las costas espa?olas y aunque en muchas zonas la degradaci¨®n es irreversible al menos se intentar¨¢ que no contin¨²e el deterioro.La ley comienza por afirmar que las costas son bienes de dominio p¨²blico estatal y establece unas llamadas "servidumbres" seg¨²n las cuales se determina una zona de protecci¨®n de 100 metros en la que s¨®lo se permitir¨¢n actividades vinculadas con el mar. Se habilitar¨¢ el sistema de concesiones para estas actividades con plazos limitados, que no podr¨¢n superar los 30 a?os. El r¨¦gimen sancionador "se agiliza" y se amplian las multas hasta un m¨¢ximo de 200 millones.Para respetar las situaciones actuales la nueva servidumbre de protecci¨®n de 100 metros s¨®lo se aplicar¨¢ a los terrenos no urbanizables y urbanizables no programados, reduci¨¦ndose a la actual servidumbre de 20 metros para los suelos urbanos y urbanizables.Sin indemnizaci¨®nOtra servidumbre es la de tr¨¢nsito, que recaer¨¢ sobre una franja de seis metros, que deber¨¢ dejarse expedita para el paso p¨²blico peatonal. En lugares de tr¨¢nsito dif¨ªcil dicha anchura podr¨¢ ampliarse hasta 20 metros. En las zonas urbanas y urbanizables habr¨¢ una distancia de 500 metros como m¨¢ximo entre el acceso al mar y el tr¨¢fico rodado y 200 metros para las peatonales.

Las solicitudes de autorizaci¨®n para una actividad de explotaci¨®n de temporada en las playas, que s¨®lo requieran instalaciones desmontables, ser¨¢n otorgadas por los Ayuntamientos. Todas las autorizaciones podr¨¢n ser revocadas unilateralmente por la Administraci¨®n sin derecho a indemnizaci¨®n cuando resulte incompatible con la normativa.

A pesar de que el ministro -tuvo que escuchar c¨®mo siete portavoces ped¨ªan la devoluci¨®n de la ley- asegur¨® que se respetaban los derechos adquiridos y las competencias de las comunidades aut¨®nomas, estos fueron precisamente los argumentos que utiliz¨® la oposici¨®n para criticar la ley y ser¨¢n la base de un posible recurso de inconstitucionalidad que promover¨ªa Minor¨ªa Catalana y que tendr¨ªa la adhesi¨®n de los dem¨¢s a excepci¨®n de Izquierda Unida.

El portavoz de AP, Juan Ram¨®n Calero, enumer¨® hasta 14 argumentos para rechazar la ley. Miquel Roca, de Minor¨ªa Catalana, asegur¨® que el PSOE confunde el dominio con la competencia y que la ley refuerza la discrecionalidad de la Administraci¨®n y las tendencias centralistas.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, cit¨® hasta siete competencias de Euskadi presuntamente vulneradas por esta ley. En parecidos t¨¦rminos se manifestaron los portavoces de los dem¨¢s grupos parlamentarios.