El acuerdo de Bruselas y el gasto agroalimentario

Del lado de los gastos, el n¨²cleo de la reforma lo constituye el intento de establecer una disciplina presupuestaria efectiva para el gasto agr¨ªcola, que supone aproximadamente el 70% del total, y el compromiso de duplicar el actual nivel de los fondos estructurales para 1993, incluyendo el Fondo Europeo de Orientaci¨®n y Garant¨ªa Agr¨ªcola (FEOGA-Orientaci¨®n), con un incremento de este ¨²ltimo estimado en el 37% para el pr¨®ximo a?o.El alcance y significado del acuerdo de Bruselas en materia de gasto agr¨ªcola ha sido en demasiadas ocasiones insuficientemente comprendido, y exige una serie de aclaraciones que lo expliquen satisfactoriamente.

Una primera precisi¨®n que cabe hacer es la terminol¨®gica. Tanto los medios informativos como la propia prosa oficial de Bruselas y Madrid siguen hablando de gasto y presupuesto -agr¨ªcolas, como si nos encontr¨¢ramos a¨²n en la ¨¦poca fundacional de la CEE, cuando la producci¨®n primaria, con escasa transformaci¨®n industrial, supon¨ªa un porcentaje relevante del PIB.

Hoy la realidad es sustancialmente diferente. El sector agrario tradicional ha dejado su lugar a un complejo agroalimentario con una integraci¨®n entre sus distintos subsectores dificil de encontrar en otros ¨¢mbitos productivos, y en el cual la componente extractiva disminuye aceleradamente. Ese nivel de integraci¨®n explica, entre otras cosas, la tendencia hacia el tratamiento administrativo de todo el sector en un solo departamento ministerial. As¨ª sucede pr¨¢cticamente en toda la Europa comunitaria.

Ese sector agroalimentario constituye, como revelan las cifras, la primera actividad transformadora en muchos de los pa¨ªses m¨¢s modernos de Europa -en torno al 20% del valor a?adido bruto industrial en Francia, B¨¦lgica, Holanda, Dinamarca, Reino Unido y Espa?a-, y su vocaci¨®n exportadora ha convertido a la CEE en primera potencia mundial a este respecto.

El agente esencial de ese desarrollo ha sido la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n (PAC). Lejos de ser, como parece pregonar su nombre, una pol¨ªtica pensada para satisfacer exclusivamente las necesidades de los agricultores, se ha convertido en un gigantesco mecanismo de fomento del sector agroalimentario, y prioritariamente de la actividad tiransformadora. Puede estiniarse que los dos tercios del gasto agr¨ªcola por cuenta del FEOGA-Garan-t¨ªa, m¨¢s de dos billones y medio de pesetas durante 1987, son devengados por la industria y el comercio, singularmente el de exportaci¨®n.

Todo ello no impide que un n¨²mero significativo de los titulares de empresas industriales y comerciales alimentarias, sobre todo en la Europa a 10, sean a la vez agricultores, actuando en la transformaci¨®n a trav¨¦s de diversas formas societarias, en especial cooperativas.

Tampoco se pone en cuesti¨®n, en contra de lo que manifiesta la f¨¢cil demagogia, que los recursos primariamente percibidos por el subsector transforniador no beneficien tambi¨¦n al subsector primario, en una proporci¨®n que depender¨¢ de la correlaci¨®n de fuerzas existente entre las partes en un momento y lugar dados, y del grado de asunci¨®n por este ¨²ltimo de funciones comerciales e industriales.

La segunda visi¨®n que es preciso rebatir en relaci¨®n con los acuerdos de Bruselas es la que ve tales acuerdos como un intento de disminuir el gasto agrario'

Nada m¨¢s lejos de las intenciones, e incluso de las posibilidades legales de los distintos pa¨ªses. La ¨²nica intenci¨®n de la Comisi¨®n y Gobiernos comunitarios -v¨¦anse los datos- era intentar contener los pagos del FEOGA-Garant¨ªa en cifras pr¨®ximas, aunque crecientes a las del pasado a?o, que, desbordando todas las previsiones, se han incrementadb un 27%. sobre 1986. Para ello se han introducido los llamados "estabiliz adores". Ahora bien, conviene recordar que los gastos por cuenta del FEOGA-Garan-t¨ªa tienen car¨¢cter de obligatorios, lo que en la terminolog¨ªa comunitaria equivale a decir que su devengo y pago son autom¨¢ticos, de acuerdo con lo establecido en las distintas organizaciones comunes de mercado, y entra dentro de lo probable que se incrementen por encima de lo previsto, como ha sucedido tantas veces en el pasado.

Para curarse en salud el acuerdo de Bruselas contempla igualmente un incremento sustancial de los recursos de la Comunidad.

Cualquier observador ingenuo de la realidad comunitaria, fiel a la ortodoxia maniquea de "intervencionistas" y "liberales", puede quedar sorprendido por la insistencia con que determinados pa¨ªses, tenidos por esforzados paladines de la posmodernidad presupuestaria y de control -discriminaci¨®n del gasto p¨²blico- defienden con u?as y dientes, sin fisura alguna entre los distintos ministros, el mantenimiento, e incluso incremento, del gasto agroalimentario para la regulaci¨®n de mercados y el aumento de los recursos necesarios para su atenci¨®n. S¨®lo quien est¨¦ m¨¢s atento a la historia y realidad del poder que a las predicaciones ideol¨®gicas podr¨¢ entender la tan s¨®lo aparente paradoja.

Gasto agrario

La importancia del acuerdo alcanzado en materia de fondos estructurales, incluido el FEOGA-Orientaci¨®n, no es s¨®lo econ¨®mica, sino pol¨ªtica e ideol¨®gica.

No resulta casual que haya sido un Gobierno socialista, espa?ol por m¨¢s se?as, el m¨¢s decidido defensor, y finalmente triunfador de su incremento, y ello no s¨®lo por razones econ¨®micas -dotar a nuestro pa¨ªs de unas infraestructuras de las que carece con vistas a 1992-, sino de ¨ªndole distinta y superior.

Cifi¨¦ndonos al tema agrario, resulta sobradamente conocido el hecho de que las pol¨ªticas que no discriminan entre los distintos beneficiarios, singularmente las de regulaci¨®n de precios y mercados, favorecen esencialmente a las grandes unidades de producci¨®n. Todo ello es compatible, por supuesto, con el mantenimiento en el frontispicio ideol¨®gico de la explotaci¨®n familiar agraria como hipot¨¦tico norte, frecuentemente desatendido, de la actuaci¨®n pol¨ªtica.

La historia de la Comunidad Econ¨®mica Europea -pi¨¦nsese en la adscripci¨®n pol¨ªtica mayoritaria de los firmantes del Tratado de Roma, y en las ideolog¨ªas dominantes en Europa desde 1945- y de la Espa?a de la dictadura ofrece abundantes ejemplos de c¨®mo una pol¨ªtica agraria que se dice protectora de la explotaci¨®n familiar ha actuado prioritariamente a favor de las grandes explotaciones y empresas transformadoras. Con esto no se quiere decir que los beneficios d¨¦ determinadas actuaciones p¨²blicas se circunscriban a un exclusivo estrato social, sino destacar que los mejor dotados econ¨®micamente se favorecen en mayor medida de las pol¨ªticas propuestas.

La ¨²nica posibilidad de corregir esa?tendencia consiste en poner en marcha una pol¨ªtica que, discriminando a favor del colectivo empresarial menos dotado de los que tienen posibilidad de permanecer en el mercado, la explotaci¨®n familiar agraria en el caso que nos ocupa, permita a ¨¦sta capitalizarse, organizarse, agruparse y acceder a funciones econ¨®micas superiores a la mera actividad extractiva.

Las distintas pol¨ªticas que permiten satisfacer las necesidades precedentes se encuadran mayoritariamente en el contexto comunitario dentro del FEOGA-Orientaci¨®n, aunque este ¨²ltimo comprende tambi¨¦n otras l¨ªneas de actuaci¨®n de contenido diferente. El incremento de la dotaci¨®n de aquel Fondo, defendido por el Gobierno espa?ol, va en la l¨ªnea de una correcci¨®n progresista, a favor prioritariamente de la explotaci¨®n familiar agraria, de la actual asimetr¨ªa, favorecedora preferentemente, aunque no exclusivamente, de las empresas m¨¢s eficientes, que encarna el FEOGA-Garant¨ªa.

Juli¨¢n Ar¨¦valo Arias es subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n.