La Generalilat expropia 11 viviendas de promoci¨®n p¨²blica no ocupadas habitualmente
Los servicios territoriales de la Direcci¨®n General de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat de Catalu?a han iniciado los tr¨¢mites de expropiaci¨®n de 11 viviendas de protecci¨®n oficial de promoci¨®n p¨²blica debido a que sus leg¨ªtimos propietarios no las utilizan como residencia habitual y permanente. Los expedientes actualmente en curso son 800, aunque el Gobierno catal¨¢n calcula que alcanzar¨¢n la cifra de 1.100 cuando terminen las investigaciones en marcha.
Los propietarios de estas viviendas, que por lo general se encuentran en paradero desconocido, han sido sancionados, adem¨¢s, con una multa de un mill¨®n de pesetas. Las sanciones aplicadas son las m¨¢ximas permitidas por la Ley.Seg¨²n la Generalitat, los propietarios de estas viviendas o bien las han vendido de forma fraudulenta a terceras personas, o las han abandonado, o las utilizan como segunda residencia. Este ¨²ltimo caso es el menos frecuente, ya que las viviendas investigadas est¨¢n situadas por lo general en pol¨ªgonos residenciales habitados por trabajadores. Los 11 expedientes de expropiaci¨®n en marcha afectan a viviendas situadas en Ciutat Badia, una poblaci¨®n dormitorio situada en las afueras de Barcelona, colindante con Sabadell.
Las investigaciones, que han afectado a un total de 60.000 viviendas, se iniciaron en 1985, inmediatamente despu¨¦s de que la gesti¨®n de estos habit¨¢culos fuera traspasada por el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) a la Generalitat. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la empresa Adigsa, dependiente del departamento de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas de la Generalitat y encargada de la administraci¨®n de las viviendas de promoci¨®n p¨²blica en Catalu?a.
Joan R¨¢fols, director general de Arquitectura y Urbanismo, sit¨²a estos expedientes en el marco "de la lucha contra el fraude en el sector de las viviendas protegidas, principalmente en las de promoci¨®n p¨²blica, en las que el Estado invirti¨® en su d¨ªa importantes cantidades de dinero a fondo perdido". Para R¨¢fols, los titulares de estas viviendas han cometido "un delito de comportamiento antisocial, que debe ser castigado seg¨²n marca la Ley. Intentamos poner orden en el sector de la vivienda protegida, y especialmente en la de promoci¨®n p¨²blica".
Seg¨²n R¨¢fols, los actuales ocupantes de estas viviendas, que o bien las ocuparon al encontrarlas vac¨ªas, o bien las compraron de manera ?legal a sus propietarios originales, recibir¨¢n un trato preferente para que puedan adquirirlas conforme marca la legislaci¨®n, .pero para ello primero tenemos que expropiar la vivienda para recuperar su titularidad".
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