La 'c¨²pula' de Interior achaca a los agentes juzgados la aplicaci¨®n al 'Nani' de la ley antiterrorista
Los principales responsables del Ministerio del Interior intentaron ayer, en el juicio contra siete polic¨ªas por la desaparici¨®n de Santiago Corella, achacar la aplicaci¨®n al Nani de la ley antiterrorista a los agentes juzgados. Tanto el titular del departamento, Jos¨¦ Barrionuevo, que respondi¨® por escrito, como el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Polic¨ªa, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, aseguraron que su aplicaci¨®n depend¨ªa de los agentes que realizaban las detenciones, y que la ¨²nica competencia del ministerio era ratificarla o denegarla. Rafael Vera incluso lleg¨® a afirmar que los agentes que efectuaban un arresto pod¨ªan incomunicar inmediatamente al sospechoso.
JAVIER RIVAS / J. J. ECHEVARR?A, Sin embargo, Vera y Rodr¨ªguez Colorado hubieron de reconocer despu¨¦s, tras la lectura de los t¨¦lex en que se ped¨ªa primero y se conced¨ªa despu¨¦s la incomunicaci¨®n de Corella y otras personas, que esa incomunicaci¨®n fue ordenada por el propio Barrionuevo. El primer t¨¦lex afirma que "se solicitan" por la Brigada Regional de Polic¨ªa Judicial de Madrid dichas medidas, y el segundo recoge que el ministro da su acuerdo al respecto.El secretario de Estado para la Seguridad asegur¨® que el t¨¦lex policial fue "determinante" para aplicarle a Corella la legislaci¨®n antiterrrorista. Ese texto asegura que el Nani fue detenido "a la salida de su domicilio" y que su vivienda no fue registrada, dos hechos ¨¦stos que los mismos procesados han desmentido en sus declaraciones.
Vera afirm¨® que sobre la supuesta huida de Corella se le habl¨¦ de "la fuga de un delincuente de unas instalaciones policiales". La versi¨®n mantenida en todo momento por los procesados -tanto en la instrucci¨®n sumarial como en la vista oral- y la hip¨®tesis defendida tambi¨¦n desde el propio Ministerio del Interior, asegura que Corella se fug¨® de la vigilancia de tres polic¨ªas de los ahora procesados cuando buscaban en un descampado de Vic¨¢lvaro un alijo de armas de fuego el 13 de noviembre de 1983.
Vera, que en la fecha de la desaparici¨®n del Nani era director de la Seguridad del Estado, respondi¨® al letrado de la acusaci¨®n Jaime Sanz de Bremond que se enter¨® de la presunta fuga del Nani "en los d¨ªas inmediatamente posteriores" a la misma, aun cuando no pudo precisar qui¨¦n se lo notific¨®. Esa misma persona es quien al parecer comunic¨® al alto cargo de Interior, seg¨²n record¨® ¨¦ste, que la huida de Corella hab¨ªa tenido lugar "en instalaciones policiales". Vera no pudo recordar si le indic¨® en aquella circunstancia que se hab¨ªa aplicado al Nani tras su detenci¨®n la ley 11/80, conocida como ley antiterrorista.
El actual n¨²mero dos del departamento ministerial no consigui¨® precisar si esos datos le fueron indicados por el entonces director general de la Polic¨ªa, Rafael del R¨ªo, con quien Vera asegur¨® que despachaba pr¨¢cticamente a diario.
Lo m¨¢s y lo menos
Rafael Vera consider¨® que lo "normal" era que los detenidos a quienes se aplicaba la ley antiterrorista pasasen a disposici¨®n de la audiencia nacional. El secretario de Estado se?al¨® "que la propia ley [antiterrorista] habla de Audiencia Nacional y de juzgados centrales". Sin embargo, de las 128 personas a las que se incomunic¨® en 1983 a petici¨®n de la Brigada Regional de Polic¨ªa Judicial de Madrid, pasaron todas a disposici¨®n de los juzgados ordinarios de instrucci¨®n. Preguntado entonces por el abogado Jos¨¦ Emilio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez por qu¨¦ no se pasaban a los detenidos a los juzgados ordinarios, Vera manifest¨®: "Jurisdiccionalmente el que cumple lo m¨¢s, cumple lo menos".
Preguntado si ante una denuncia de malos tratos presentada por un detenido [caso de ?ngel Manzano, amigo de el Nani] la polic¨ªa investigaba los hechos, Vera respondi¨® que "de forma inmediata". Sin embargo, hasta despu¨¦s de diciembre de 1985, cuando salt¨® el esc¨¢ndalo de la supuesta mafia policial, no se le tom¨® declaraci¨®n a Manzano sobre las supuestas torturas recibidas. Vera dijo que el responsable de abrir esa investigaci¨®n, en el caso de Manzano, debi¨® ser el jefe superior de Polic¨ªa de Madrid, entonces el comisario Antonio Garrido, que hoy deber¨¢ declarar ante el tribunal.
Todos los cargos de Interior que ayer declararon aseguraron no disponer de datos objetivos sobre el posible paradero de Corella o su supuesto fallecimiento en las dependencias policiales de la Puerta del Sol.
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