Militares de la Rep¨²blica piden al fiscal que se acabe con su discriminaci¨®n

Luis Rold¨¢n, abogado de la Asociaci¨®n de Aviadores de la Rep¨²blica (ADAR), ha enviado un largo escrito a la Fiscal¨ªa General del Estado para pedir que el Ministerio de Econom¨ªa, y concretamente la Direcci¨®n General de Costes de Personal y Pensiones P¨²blicas, cumplan las sentencias de diversos tribunales de justicia en las que se reconocen derechos a recibir pensi¨®n a diversos colectivos de militares republicanos. En el escrito, se solicita que estos colectivos no sigan siendo "objeto de discriminaci¨®n" por parte del Gobierno.El documento, enviado al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, el pasado 16 de mayo, destaca sobre todo el hecho de que ya hace nueve meses que el Tribunal Constitucional emiti¨® una sentencia favorable a los militares de la Rep¨²blica y, a¨²n no se ha dictado norma alguna para cumplir esa sentencia, de fecha 7 de julio de 1987. Concretamente, el Constitucional declar¨® inconstitucionales dos art¨ªculos de la Ley de 1984 sobre derechos de los militares republicanos.

Pensiones

El primero de esos art¨ªculos se?alaba que no pod¨ªan considerarse militares profesionales quienes se hubieran incorporado como tales a los ej¨¦rcitos con posterioridad al 18 de julio de 1936, d¨ªa en que comenz¨® la guerra civil espa?ola. Al no considerar profesionales a esos militares, las pensiones que les reconoc¨ªa la ley de 1984 eran mucho m¨¢s bajas.A pesar de que el Tribunal Constitucional emiti¨® la citada sentencia en julio del a?o pasado, la Administraci¨®n espa?ola a¨²n no ha tomado medida concreta alguna para que los militares afectados reciban las pensiones que les corresponden. Esta actitud se produce cuando la edad media de los beneficiados es superior a los 70 a?os y, por tanto, varios de ellos fallecen anualmente.

Pero no s¨®lo es la sentencia del Constitucional, en opini¨®n de Rold¨¢n, la ¨²nica que incumple la Administraci¨®n espa?ola, ya que, como expone en su escrito al fiscal general, tampoco otras decisiones judiciales est¨¢n siendo respetadas por el Ministerio de Econom¨ªa.

Para el abogado de ADAR, la Direcci¨®n General de Costes de Personal y la Subdirecci¨®n de Pensiones P¨²blicas -integrada en la anterior- est¨¢n adoptando una serie de decisiones "que ya resulta forzoso considerar como claramente tendentes a obstaculizar, o cuando menos a dilatar", el cumplimiento de decisiones judiciales.

As¨ª, Rold¨¢n afirma en el documento que la Subdireci¨®n de Pensiones se declara incompetente a la hora de aceptar y conocer las solicitudes enviadas por los militares que ingresaron en los ej¨¦rcitos con posterioridad al 18 de julio.

Esta situaci¨®n de los militares republicanos ante la Administraci¨®n est¨¢ originando numerosas protestas contra el Ministerio de Econom¨ªa, donde suelen limitarse a aconsejar la presentaci¨®n de recursos.