Las viviendas protegidas de Castilla y Le¨®n podr¨¢n medir 120 metros

El gobierno regional de Castilla-Le¨®n aprob¨® ayer un decreto ley por el que se ampl¨ªa el tama?o de las viviendas que se acogen al r¨¦gimen de protecci¨®n oficial a 120 metros cuadrados, desde los 90 metros actuales. Con ¨¦l se ver¨¢n favorecidos los promotores y adquirientes de viviendas que hasta ahora no estaban acogidos al actual r¨¦gimen de VPO.As¨ª se modifica el perfil de la vivienda de protecci¨®n oficial que, hasta ahora, ten¨ªa limitado su tama?o a un m¨¢ximo de 90 metros cuadrados. Si se superaban estas medidas se perd¨ªa el derecho al pr¨¦stamo para la construcci¨®n de viviendas.

Seg¨²n el gobierno regional, esta medida responde a la demanda de "un importante sector de la poblaci¨®n cuya necesidad de vivienda no puede encuadrarse, por sus ingresos econ¨®micos y, caracter¨ªsticas familiares, en las condiciones exigidas para la adquisici¨®n de vivienda de protecci¨®n oficial, ni tampoco en las de libre construcci¨®n".

Un segundo decreto aprobado por la Junta de Castilla-Le¨®n fija las normas para la adjudicaci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial promovidas por el gobierno regional. En ¨¦l se se?ala que ser¨¢n las comisiones provinciales las encargadas de seleccionar y designar a quienes recibir¨¢n las viviendas promovidas flor la Junta. Esta adjudicaci¨®n se realizar¨¢ con anterioridad a la calificaci¨®n de las viviendas. Tales medidas tienen un ¨¢mbito de aplicaci¨®n reducida en esta Comunidad Aut¨®noma, ya que no se podr¨¢n aplicar en las viviendas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda y otras de protecci¨®n oficial cuya titularidad corresponda al Estado o a sus organismos p¨²blicos.

La decisi¨®n de la Junta de Castilla-Le¨®n de elevar el m¨ªnimo de la superficie de las viviendas de protecci¨®n oficial abre el camino para que otras comunidades aut¨®nomas con competencias hagan lo mismo y se quiebre de alguna forma el principio mantenido por la administraci¨®n central de que, en las condiciones actuales, se deben concentrar las subvenciones y ayudas en los grupos sociales m¨¢s desfavorecidos abandonando la pol¨ªtica anterior de apoyar al sector de la construcci¨®n.