Materia deslizante

La temporada de los parques acu¨¢ticos ha comenzado. Con el ¨¦xito del a?o pasado lleg¨® tambi¨¦n la alerta sobre estos centros de recreo: dos accidentes mortales. Entonces no hab¨ªa una legislaci¨®n espec¨ªfica que aplicar y los promotores temieron que esa imagen de inseguridad hiciera patinar el negocio. La Administraci¨®n no disimul¨® cierta inquietud por los peligros de esta nueva forma de diversi¨®n. Pero ?qu¨¦ ha cambiado en un a?o? La normativa creada se reduce a los reglamentos aprobados por s¨®lo tres Gobiernos regionales, aunque en su territorio funciona el 75% de los 26 parques acu¨¢ticos espa?oles.

El invento ha tenido ¨¦xito y el negocio es redondo. Alrededor de 4,5 millones de entradas registraron las 24 instalaciones espa?olas existentes en 1987. La facturaci¨®n global se calcul¨® en unos 5.800 millones de pesetas. Este a?o se han unido dos centros m¨¢s, situados en Sevilla y M¨¢laga. Existen proyectos para construir otros 15. Estas cifras convierten a Espa?a en el pa¨ªs del mundo con mayor densidad en instalaciones de este tipo.Los cinco accidentes mortales ocurridos desde que abrieron los primeros, en Torremolinos y Matar¨®, en 1984, han obligado a que empresarios y pol¨ªticos reaccionen.

Conscientes de que el peligro no es buena publicidad, los propietarios est¨¢n constituyendo una federaci¨®n para defender sus intereses. Para los pr¨®ximos meses han anunciado la elaboraci¨®n de un manual de seguridad para el usuario y de un c¨®digo ¨¦tico para el promotor.

Dentro de esta din¨¢mica se sit¨²an tambi¨¦n las normativas creadas en tres de las seis comunidades aut¨®nomas en las que hay parques acu¨¢ticos (Baleares, Catalu?a y Andaluc¨ªa). Quedan a¨²n por concretar su legislaci¨®n Madrid, Levante y Canarias (con una cuarta parte del total de centros).

Sin cambios

Seg¨²n Francisco Jos¨¦ Planelles, portavoz de los parques y director de Aquasherry Park, en C¨¢diz, las normativas no han supuesto grandes cambios en las instalaciones, ni la necesidad de inversiones fuertes para adaptarse a lo exigido. "Lo m¨¢s significativo", se?ala, "es que han unificado la documentaci¨®n requerida para la concesi¨®n de la licencia de apertura por parte de los ayuntamientos, hasta ahora desperdigada en diversos tr¨¢mites.

Otro punto importante es que se nos reconoce el derecho de admisi¨®n. Un parque podr¨¢ expulsar al usuario que incumpla las normas de utilizaci¨®n".

La normativa andaluza, con 130 p¨¢ginas, es la m¨¢s extensa y resulta pr¨¢cticamente exhaustiva en la descripci¨®n de actividades. Todas especifican el n¨²mero obligatorio de socorristas, aforo m¨¢ximo, las medidas y pendientes de los toboganes y la profundidad de las piscinas.

Para Luis Partida, diputado de AP en la Asamblea de Madrid y alcalde de Villanueva de la Ca?ada -en cuyo t¨¦rmino municipal se situa Aqu¨®polis- "es preciso que haya una legislaci¨®n nacional que siente las bases de actuaci¨®n en todas las comunidades". Tampoco entiende el hecho de que los reglamentos no hayan ido seguidos de inversiones de adaptaci¨®n por parte de los empresarios.

Luis Partida asegura que el Ayuntamiento de Villanueva ha exigido a Aqu¨®polis medidas m¨¢s estrictas que las recogidas en los reglamentos. "Hemos hecho alicatar completamente los servicios y colocar espumas y lonas protectoras en las piscinas con toboganes para que nadie se da?e gravemente aunque se tire de cabeza. Lo que no se puede permitir es que se gane dinero a expensas del ciudadano y bajo la responsabilidad de la administraci¨®n local".

Con la simplificaci¨®n de documentos para su apertura quiz¨¢ se evite el intercambio de acusaciones entre ayuntamientos y parques acu¨¢ticos que se produjo el a?o pasado. Los ayuntamientos de Sant Josep (Ibiza) y Platja d'Aro (Gerona), municipios en los que se registraron las dos v¨ªctimas, se escudaron diciendo que ninguno de los dos parques ten¨ªa concedida la licencia definitiva de apertura.

Sin embargo, Joan Monserrat, alcalde de Llucmajor (Mallorca), se mostr¨® intransigente con Aquacity y orden¨® su cierre en septiembre por carecer del correspondiente permiso. "Incurr¨ªan en ocho deficiencias", dice. "Algunas graves, como que las puertas de emergencia se abrieran al rev¨¦s y que la depuradora de aguas residuales no estuviera en buenas condiciones. La gente estaba muy sensibilizada respecto al peligro de estas instalaciones y yo no quer¨ªa la responsabilidad de ning¨²n accidente".

Tras una semana de cierre y el informe favorable del Gobierno balear, Aquacity volvi¨® a abrir, "por no haber peligros inmediatos". "Este a?o", dice el alcalde, "han subsanado todas las deficiencias y todos estamos muy contentos de que Aquacity haya abierto". Autoridades municipales y empresarios coinciden en se?alar que estas instalaciones siempre constituyen un importante acicate tur¨ªstico.

Juego mortal

Para Planelles, los cinco accidentes mortales suponen un ¨ªndice de siniestrabilidad inferior al registrado en otras latitudes. El pasado a?o, los 68 parques norteamericanos, con un total de 20 millones de visitantes, registraron siete accidentes mortales. Esta proporci¨®n es similar a las dos v¨ªctimas espa?olas entre 4,5 millones de usuarios.

Xavier Mart¨ªn, de 11 a?os, muri¨® el 18 de agosto en Acuadiver, en Platja d'Aro (Gerona), al ser engullido por uno de los conductos que comunican una piscina con el lago del parque. Sobre este caso a¨²n no hay sentencia judicial. Directivos y monitores est¨¢n acusados de imprudencia temeraria.

El 31 de agosto, Margarita Serra Cardona, de 14 a?os, fallec¨ªa a consecuencia de un traumatismo cerebral producido por un choque con otro usuario en el descenso por uno de los toboganes de Aguamar en Ibiza. El juez declar¨® hace dos semanas que la muerte se produjo de forma fortuita y eximi¨® de responsabilidades penales a la empresa.

Los otros tres accidentes mortales se produjeron en 1985 y 1986, todos en Isla Fantas¨ªa, cerca de Matar¨® (Barcelona). Dos casos est¨¢n pendientes de resoluci¨®n judicial. El tercero ha sido absolutorio para el parque.

Llu¨ªs Ciller, director del centro, afirma que las instalaciones "han cambiado mucho desde que se abrieron en 1984". "Los reglamentos apenas han aportado algo nuevo. Lo m¨¢s interesante del catal¨¢n es la obligaci¨®n de someter las instalaciones a una inspecci¨®n anual". La normativa de parques acu¨¢ticos de la Generalitat establece multas de hasta 25 millones de pesetas y el cierre del complejo cuando se incumplan las medidas de seguridad.