Agricultura ultima el proyecto que extingur¨¢ la Confederaci¨®n Nacional de C¨¢maras Agrarias

El Ministerio de Agricultura tiene casi cerrado un paquete de disposiciones para clarificar algunos de los puntos que se consideraban oscuros en la ley de C¨¢maras Agrarias. De paso, el Gobierno pondr¨ªa fin, en el plazo de algunos meses, a un largo per¨ªodo de indefinici¨®n que ha dominado el funcionamiento de estas entidades.Las primeras elecciones a c¨¢maras tuvieron lugar en mayo de 1978, con la entrada de m¨¢s de 60.000 vocales para un mandato de cuatro a?os. Finalizado ese per¨ªodo, en el que el Gobierno de UCD atraves¨® graves problemas, no se procedi¨® a la renovaci¨®n de estas estructuras. Los centristas no se decidieron a sacar una nueva ley ante la inminencia de unas elecciones generales.

Tras el triunfo socialista, el Ministerio de Agricultura y el propio PSOE prometieron en diferentes ocasiones un calendario para la aprobaci¨®n de una nueva ley que no se cumpli¨®. Finalmente, en diciembre de 1986 era aprobada, pr¨¢cticamente por urgencia, la nueva ley de C¨¢maras Agrarias en medio de una fuerte pol¨¦mica y la oposici¨®n de todas las organizaciones agrarias.

Ofensiva de la oposici¨®n

Con la ley publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, especialmente desde las estructuras de las c¨¢maras agrarias, con el apoyo de partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n, se produjo una ofensiva contra esta disposici¨®n, que culmin¨® con la presentaci¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional en 1987 y cuyo fallo se espera a corto plazo.La ley del 30 de diciembre de 1986 contiene algunos puntos pol¨¦micos para el sector y otros a los que se ve¨ªa un desarrollo dif¨ªcil. Entre otras cosas, trata de eliminar todo tipo de actividades econ¨®micas en las c¨¢maras agrarias; el paso de sus patrimonios a entidades asociativas; la transferencia de algunas funciones a los entes locales y la potestad del Gobierno para eliminar las c¨¢maras cuyo funcionamiento no estuviera justificado. La complejidad de este desarrollo y, probablemente, el temor a una fuerte respuesta en el campo han sido las causas que habr¨ªan retrasado el desarrollo de la ley.

A grandes rasgos, seg¨²n estos proyectos de disposiciones, el Gobierno mantiene sus posiciones iniciales en los aspectos fundamentales, aunque tambi¨¦n se pone de manifiesto una posibilidad negociadora en algunos puntos. Agricultura, seg¨²n el proyecto de real decreto, se reafirma en la no realizaci¨®n de actividades econ¨®micas por parte de las c¨¢maras agrarias. Estas actuaciones deber¨¢n pasar a entidades asociativas y cooperativas que funcionen o constituyan los agricultores. Igualmente se ratifica en la transferencia de funciones de guarder¨ªa y de caminos rurales a los entes locales, por estimar que nunca hubieron de salir de esa competencia. Para llevar a cabo este proceso se contempla el funcionamiento de comisiones t¨¦cnicas compuestas por funcionarios para tareas de asesoramiento y propuesta. En consecuencia, se insiste en la idea de una c¨¢mara agraria solamente para trabajos de colaboraci¨®n y consulta con la Administraci¨®n.

El Gobierno tiene una decisi¨®n clara de suprimir la Confederaci¨®n Nacional de C¨¢maras Agrarias (Conca), por estimar que no ha cumplido con sus funciones ni tiene ya ninguna utilidad. En su lugar, no se descarta la posibilidad de constituir un Consejo General Agrario. Por el contrario, se pone de manifiesto una voluntad abierta para no eliminar las c¨¢maras agrarias locales de forma total y dr¨¢stica, pero s¨ª progresivamente, con posibilidades de negociar una comercalizaci¨®n de las mismas para que no sea tan brusco el cambio, al margen de las competencias exclusivas que tienen en esta materia las comunidades aut¨®nomas del Pa¨ªs Vasco, Galicia, Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Navarra.