Colombia investiga el consorcio Domi-Prodeco-Auxini
La fiscal¨ªa general del Estado orden¨® abrir una investigaci¨®n, fiscal y penal, contra el consorcio colombiano-espa?ol Domi-Prodeco-Auxini que adelantaba trabajos de explotaci¨®n de carb¨®n en Colombia.Una investigaci¨®n realizada por la fiscal¨ªa revel¨® que el consorcio viol¨® el contrato firmado con Carbones de Colombia (Carbocol) al utilizar indebidamente ocho millones de d¨®lares que recibi¨® como anticipo para la adquisici¨®n de maquinaria y equipos de trabajo.
Parad¨®jicamente, en febrero de este a?o, un laudo arbitral fall¨® a favor de este mismo consorcio obligando a Carbocol a pagar 11.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de pesetas) por haber incumplido el contrato. La fiscal¨ªa general del Estado calific¨®, la pasada semana, este laudo como errado, exagerado y violatorio de la ley, y orden¨® abrir una investigaci¨®n disciplinaria contra los tres juristas que actuaron a favor del consorcio.
La historia empez¨® en julio de 1981, cuando el consorcio formado por las dos empresas espa?olas Auxini y Domi, y la colombiana Prodeco, firmaron un contrato para la explotaci¨®n de carb¨®n en El Cerrej¨®n, ubicado en la zona del Caribe colombiano. El Cerrej¨®n es la mina de carb¨®n a cielo abierto m¨¢s gran del mundo.
El contrato preve¨ªa la extracci¨®n de diez millones de toneladas del mineral hasta agosto de 1990. Sin embargo, en marzo de 1985, Carbones de Colombia, unilateralmente, dio por terminado el contrato debido a las cuantiosas p¨¦rdidas que estaba arrojando el proyecto. En marzo de 1987, las dos partes llegaron a un acuerdo amistoso: el consorcio se comprometi¨® a entregar la maquinaria y la mina a cambio de un arreglo econ¨®mico. En marzo de este a?o, un laudo arbitral fall¨® a su favor y conden¨® a Carbocol a pagar 11.000 millones de pesos. ?sta es la sanci¨®n arbitral m¨¢s alta impuesta a empresa estatal alguna en Colombia; por esta raz¨®n, Carbocol apel¨® ante el Consejo de Estado.
En su investigaci¨®n, la fiscal¨ªa general de la naci¨®n encontr¨®, entre otras irregularidades, que existe una inconsistencia entre lo que reclam¨® el consorcio espa?ol por la ruptura del contrato y la multa impuesta por los ¨¢rbitros. El consorcio reclamaba 4.000 millones de pesos (menos de 2.000 millones de pesetas) y los ¨¢rbitros concedieron m¨¢s de 11.000 millones de pesos.
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