Chile en venta

El r¨¦gimen militar chileno acelera estos d¨ªas la privatizaci¨®n de empresas estatales, pese a la derrota del general Augusto Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre. Es una controvertida venta de temporada, previa a la elecci¨®n presidencial y del Congreso, prevista para diciembre de 1989. El Gobierno ofrece acciones de sociedades que antes se libraron de las oleadas privatizadoras por su car¨¢cter estrat¨¦gico. La oposici¨®n ha criticado las ventas, en su mayor¨ªa en favor de transnacionales, por estimar que el Gobierno no respeta la voluntad popular y pide que sean examinadas por el futuro Parlamento.

El Gobierno estudia traspasar al sector privado la Empresa Nacional del Petr¨®leo (Enap), la Empresa Nacional de Miner¨ªa (Enami), la Empresa Mar¨ªtima del Estado y el Metro de Santiago, y ampliar¨¢ a un 85% la venta de las acciones de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Adem¨¢s, est¨¢n en venta Chile Films, un 32,7% de Lan Chile, SA (l¨ªnea a¨¦rea nacional), la Central Hidroel¨¦ctrica de Pehuenche, la Empresa El¨¦ctrica de Magallanes (Edelmag) y el Instituto de Seguros Generales y Vida del Estado. Sin tomar en cuenta las cuatro primeras empresas, el Estado recaudar¨ªa, cerca de 500 millones de d¨®lares (unos 60.000 millones de pesetas).Un comunicado de Dinacos, la oficina de prensa del r¨¦gimen, dec¨ªa que poco despu¨¦s del plebiscito, "en que todas las miradas se volcaron hacia situaciones coyunturales, la privatizaci¨®n toma nuevos impulsos por disposici¨®n del presidente de la Rep¨²blica". Desde 1984, cuando la econom¨ªa chilena comenz¨® a recuperarse de la recesi¨®n de los dos a?os anteriores, el Estado vendi¨® 13 empresas en forma ¨ªntegra, ocho parcialmente y en la actualidad ofrece otras siete.

En total, el Estado ha recaudado en los ¨²ltimos a?os 1.200 millones de d¨®lares por las ventas, concentradas en los sectores de energ¨ªa, comunicaciones, miner¨ªa y siderurgia. Los adquirentes han sido en su mayor¨ªa transnacionales, asociadas con grupos econ¨®micos locales. El Bankers Trust, de EE UU, antes desconocido en Chile, tiene ahora participaci¨®n en la propiedad de 13 empresas; el grupo ¨¢rabe Bin Mahfouz, en ocho empresas, y el consorcio de seguros Aetna, en otras seis empresas.

Los argumentos del r¨¦gimen son ahora m¨¢s precarios que durante otras olas privatizadoras. Despu¨¦s del golpe militar de 1973, el Gobierno decidi¨® .exterminar" la propiedad estatal, acrecentada por la nacionalizaci¨®n, estatalizaci¨®n y ocupaci¨®n de industrias durante la presidencia de Salvador Allende. En cinco a?os vendi¨® 259 empresas intervenidas o requisadas y 10 bancos, impulsando un proceso de reconcentraci¨®n de la propiedad privada. Del apetito de los inversionistas, a quienes se les ofrecieron condiciones muy ventajosas, s¨®lo se salvaron las empresas definidas como "estrat¨¦gicas", cuyo n¨²mero disminuye ahora.El proceso sufri¨® una involuci¨®n en 1982 y 1983. Para impedir la quiebra en masa de bancos y empresas, el Gobierno tom¨® el control de los dos mayores grupos econ¨®micos (Cruzat-Larrain y Vial), en una operaci¨®n cuyo impacto fue equivalente -si no superior- al de la intervenci¨®n de Rumasa. Los t¨¦cnicos del Gobierno, los llamados Chicago boys por su adhesi¨®n a la escuela monetarista del premio Nobel de Econom¨ªa Milton Friedman, se vieron obligados a ir contra sus principios: para evitar una crisis pol¨ªtica, debieron rescatar y tomar el control de bancos y empresas que estaban t¨¦cnicamente quebrados. Seg¨²n la oposici¨®n, el coste fue de 4.700 millones de d¨®lares (casi medio bill¨®n de pesetas).

Capitalismo popular

Pasado el vendaval, la marea privatizadora volvi¨® a avanzar, primero con precauciones y m¨¢s tarde de forma desinhibida, elevando peri¨®dicamente las metas de venta de acciones. El r¨¦gimen impuls¨® una diversificaci¨®n de la propiedad y adopt¨® controles para evitar una reconcentraci¨®n del patrimonio. Pero el llamado "capitalismo popular" no tuvo efectos significativos, y aunque 25.000 trabajadores compraron acciones de sus empresas, excepto en un caso, el control de la propiedad qued¨® en manos de transnacionales o grupos locales.Esta segunda ola de ventas abarc¨® tanto empresas del ¨¢rea rara (las intervenidas durante la recesi¨®n) como otras que eran del Estado a trav¨¦s de la Corporaci¨®n de Fomento de la Producci¨®n (Corfo). L¨ªderes de la oposici¨®n criticaron estas ventas por su falta de transparencia, y el hecho de que la decisi¨®n s¨®lo fuera del Gobierno. Un ex ministro de Hacienda del Gobierno militar, Ra¨²l S¨¢ez, que encabez¨® el comit¨¦ de defensa del patrimonio nacional, declar¨® que "la marea privatizadora no tiene perd¨®n de Dios", y anunci¨® que los traspasos ser¨¢n revisados en un futuro Gobierno democr¨¢tico.La cr¨ªtica m¨¢s severa apunt¨® que las ventas s¨®lo ten¨ªan sentido "ideol¨®gico". Estudios opositores estimaron en m¨¢s de 500 millones de d¨®lares las p¨¦rdidas del Estado por la venta de sus empresas, comparando los ingresos obtenidos con el valor comercial de las acciones. Los sindicatos de empresas estatales formaron un comando para resistir los traspasos y se movilizaron.

La campa?a electoral dej¨® este debate en segundo plano. El r¨¦gimen no hizo en ese per¨ªodo traspasos de envergadura, y la oposici¨®n no quiso comprometerse a fondo en la idea, acariciada por la izquierda, de restituir en un futuro Gobierno estas empresas al Estado. Pero despu¨¦s de su derrota, Pinochet quiere terminar su programa, antes de que un Congreso eventualmente dominado por la oposici¨®n pueda evitarlo. En la actualidad, el Gobierno no necesita los recursos extras que re¨²ne con las ventas. El alza del preci¨® del cobre, principal producto chileno de exportaci¨®n, dar¨¢ m¨¢s de 600 millones de d¨®lares de nuevos ingresos durante este a?o.

El anuncio de que se acelerar¨¢ la privatizaci¨®n motiv¨® una reacci¨®n de rechazo en la oposici¨®n, que se siente m¨¢s fuerte despu¨¦s del triunfo electoral.

El sindicato de la Enap declar¨® a sus afiliados en "estado de alerta" para impedir la venta. La Democracia Cristiana afirm¨® que se trata de "escabullir el bulto a las definiciones pol¨ªticas que los chilenos adopten el pr¨®ximo a?o". Para el Partido Socialista (sector N¨²?ez), es "una conducci¨®n econ¨®mica arbitraria que utiliza t¨¢cticas de orden militar". Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estimaron una "afrenta y agravio contra el pueblo" la decisi¨®n gubernamental.