Miedo a 'contaminarse'.

Da igual que se trate de toxic¨®manos, presos o gitanos. Por una u otra causa, colectivos marginales y marginados son v¨ªctimas de la solidaridad social. La unanimidad suele ser total a la hora de reconocer la necesidad de que se mejoren las condiciones de vida de los lumpen. El pero siempre surge al elegir el emplazamiento para llevar ese principio a la pr¨¢ctica. El clima de rechazo social es tal que la Administraci¨®n ha tenido que recurrir en algunos casos a mantener casi en secreto la localizaci¨®n de estos centros.

, "Es una situaci¨®n absurda. Todos los partidos de oposici¨®n de M¨®stoles han exigido centros de atenci¨®n a toxic¨®manos. Cuando comenzamos a instalar uno en la calle de Vel¨¢zquez, los mismos partidos nos amenazaron con paralizarlas". Elena V¨¢zquez, consejera de Integraci¨®n Social apunta a una utilizaci¨®n por motivos pol¨ªticos del miedo un tanto irracional de la gente a todo lo que tenga relaci¨®n con las drogas. Actualmente, la ejecuci¨®n de las obras del centro de M¨®stoles se lleva con toda la discrecci¨®n posible para no alertar a los vecinos. La situaci¨®n adquiere tintes de aut¨¦ntica neurosis en Buitrago de Lozoya, lugar donde la Comunidad quiere instalar una comunidad terap¨¦utica. Aparte de detalles macabros como la aparici¨®n de una pintada en la que Elena V¨¢zquez aparec¨ªa ahorcada, lo grave es que al centro se oponen asociaciones de padres de alumnos de colegios de La Cabrera, Navarredonda, Rascafr¨ªa, Pinilla del Valle o Braojos, pue blos situados a 30 y 40 kil¨®metros de distancia. "No est¨¢ claro que todo se deba a la desinformaci¨®n de los vecinos", explic¨® Elena V¨¢zquez. "Llevamos a un grupo de alcaldes a hablar con el de Villaviciosa de Od¨®n, donde hace cuatro a?os que funciona sin ning¨²n problema una comunidad terap¨¦utica similar, y no sirvi¨® de nada. Parece que es m¨¢s f¨¢cil dejarse llevar por la corriente en contra de la opini¨®n p¨²blica".

Al caso de Buitrago de Lozoya hay que a?adir la negativa mayoritaria de los habitantes de Soto del Real, Miraflores de la Sierra y otras localidades cercanas a la construcci¨®n de una prisi¨®n para mujeres que permitir¨ªa acabar con la situaci¨®n tercermundista en la que hoy viven las reclusas de Yeser¨ªas. Los argumentos empleados para justificar el rechazo se refieren a que toda la comarca vive del turismo interior y la construcci¨®n de chal¨¦s y urbanizaciones, por lo que una c¨¢rcel no contribuir¨ªa precisamente a mejorar la imagen atractiva de la regi¨®n.

El acoso moral a que se han visto sometidas las presas ha sido tal, que la casi totalidad de las 509 internas en Yeser¨ªas (a las que hay que a?adir los 35 hijos de reclusas que cumplen condena con sus madres) hizo p¨²blica una carta en la que se dec¨ªan cosas como ¨¦stas: "Nuestro principal problema, origen de muchos otros, es el hacinamiento. En un departamento de seis metros de ancho por 45 de largo viven, duermen, vegetan, sue?an y se amargan 69 mujeres, con tresduchas y cuatro sanitarios. La falta de intimidad es total. Las peleas, discusiones, roces, son continuos. Un cent¨ªmetro cuadrado de espacio genera verdaderas batallas. Mientras unas tratan de dormir, otras escuchan sus radios, otras cantan, otras pelean, otras lloran, otras hablan dormidas; no faltan las que gritan, atormentadas por pesadillas, en un mare m¨¢gnum humano indescriptible".

La carta contin¨²a: "Nuestro castigo se limita, por ley, a la p¨¦rdida de libertad, y no a la p¨¦rdida de nuestra condici¨®n de seres humanos, a nuestro derecho a tener intimidad y salud".

El rechazo se materializ¨® en actos violentos en Villaverde, donde, en junio, manos an¨®nimas redujeron a ruinas un barrac¨®n que el Plan de Prevenci¨®n de la Marginaci¨®n estaba habilitando como centro de reuni¨®n de los j¨®venes del barrio. Los responsables del Plan hab¨ªan recibido avisos de que los vecinos no quer¨ªan un centro de reuni¨®n de drogadicto

Im¨¢genes de violencia

De nada han servido las voces de personas que trabajan desde hace a?os con toxic¨®manos y marginados en general, como Fernando Galindo, de San Blas, donde se ha abierto recientemente un centro de d¨ªa de atenci¨®n al toxic¨®mano; o Encarna Pinto, del centro de estudios del Proyecto Hombre, situado en pleno coraz¨®n urbano de Madrid, junto a la plaza de Espa?a, sin que en sus cuatro a?os de actividades haya ocurrido incidencia alguna.

Mar¨ªa Josefa Garc¨ªa M¨¢s, soci¨®loga y Juan Manuel Montoya, m¨¦dico de raza gitana, consideran que existe una actitud hip¨®crita, tanto por parte del Gobierno como por la sociedad en general, que prefieren no actuar sobre las causas reales de la drogodependencia y la delincuencia. Ambos acusan tambi¨¦n a los medios de comunicaci¨®n de fortalecer las im¨¢genes estereotipadas de droga, muerte, sangre y violencia y, por tanto, las justificaciones consiguientes para propiciar el rechazo social.

En cualquier caso, la posici¨®n en contra de los vecinos se ha visto refrendada jur¨ªdicamente por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ratifica una anterior del Tribunal Supremo que daba la raz¨®n a un colectivo de vecinos del distrito de Chamart¨ªn que se opuso a la instalaci¨®n de un centro de rehabilitaci¨®n de drogadictos bajo el argumento de que dicho centro podr¨ªa significar un peligro para la moral de sus hijos.