Urbanistas y oposici¨®n destacan la "alegr¨ªa" socialista para crear figuras recaudatorias

Arquitectos, aparejadores y oposici¨®n han resaltado la alegr¨ªa con que el equipo socialista del Ayuntamiento de Madrid se embarca "en la creaci¨®n de nuevos conceptos y normas de dudosa legalidad, dirigidas a satisfacer sus ansias recaudatorias". "Pr¨¢cticas extorsionistas" y "picaresca" son algunas expresiones utilizadas para designar la figura de la reparcelaci¨®n econ¨®mica del suelo, que ha sido declarada ilegal por una reciente sentencia. El Ayuntamiento, que recurrir¨¢ la sentencia al Supremo, se felicita porque el fallo, a su entender, reafirma la legalidad del Plan General de Urbanismo.

El equipo de Gobierno municipal, al aprobar el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Madrid, en 1985, cre¨® una nueva figura recaudatoria, la reparce?aci¨®n econ¨®mica como instrumento para conseguir una parte de la plusval¨ªa generada en la construcci¨®n de nuevas viviendas o locales en zonas ya urbanizadas. La Audiencia Territorial de Madrid ha sentenciado recientemente (v¨¦ase EL PA?S del mi¨¦rcoles) la ilegalidad de dicha tasa, lo que ha puesto en un brete al Ayuntamiento, que hasta ahora hab¨ªa recaudado por dicho concepto unos 2.000 millones de pesetas.Alianza Popular impugn¨® tambi¨¦n ante los tribunales esta nueva figura urban¨ªstica. Jos¨¦ Mar¨ªa Alvarez del Manzano, portavoz de AP, manifest¨® que la sentencia de la Audiencia Teritorial ha venido a corroborar la postura de su grupo: "Lo parad¨®jico es que el propio equipo de gobierno socialista no las deb¨ªa tener todas consigo, como lo prueba el hecho que los 2.000 millones de pesetas recaudados por la contribuci¨®n sobre la reparcelaci¨®n econ¨®mica no se hayan utilizado y permanezcan sin destino concreto. Nosotros nos opusimos porque entendimos que el cobro anticipado era una forma de extorsionar a los particulares, y tambi¨¦n de encaracer el precio final de las viviendas, puesto que los promotores repercut¨ªan en los precios ese pago. Ahora habr¨¢ que estar al tanto para que los precios bajen en la proporci¨®n correspondiente". ?lvarez del Manzano record¨® que es pr¨¢ctica del equipo de gobierno municipal "empecinarse en el error" y puso como ejemplo el que se mantenga el cobro del canon del agua, cuando ya hay resoluciones que lo consideran no ajustado a derecho.

Buenas intenciones

Para el CDS, la intenci¨®n del Ayuntamiento era buena, pero mal programada: Carlos Mart¨ªnez, concejal centrista, afirm¨®: "El equipo de gobierno se permiti¨® el lujo de crear un nuevo concepto que no estaba recogido en la Ley del Suelo, por el ansia municipal de recaudar fondos. Lo grave es que pod¨ªan haberlo hecho bien. Teniendo mayor¨ªa en los tres niveles de la administraci¨®n, podr¨ªan haber modificado la ley general para dar cobertura a la norma municipal. Ya les ha pasado lo mismo en otros asuntos de importancia, como fue el recargo del IRPF o el recargo en la contribuci¨®n urbana".El presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid, Luis del Rey, declar¨®: "Ya presentamos una alegaci¨®n en este sentido cuando se debat¨ªa el plan general. A nuestro juicio, era dudoso legalmente hipotecar laconcesi¨®n de una licencia d e construcci¨®n al pago de una cantidad. Dicha pr¨¢ctica siginifica obtener una plusval¨ªa por una actuaci¨®n urbana no iniciada por el Ayuntamiento".

Jos¨¦ Antonio Otero, presidente del Consejo General de Colegios de Aparejadores, habl¨® de picaresca municipal al analizar la pr¨¢ctica del equipo de gobierno de crear conceptos de legalidad dudosa, cuyo ¨²nico fin parece ser el de recaudar dinero como sea. "Estamos de acuerdo con el objetivo del Ayuntamiento de dotar a la ciudad de equipamientos y recursos, pero eso no puede hacerse por cualquier medio. La sentencia me parece muy ?niportante, aunque tampoco conviene magnificarla".

Ayer no fue posible hablar con los representantes de la Asociaci¨®n de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ni con los de la Asociaci¨®n de Empresarios de la Construcci¨®n (Aepcon). En cualquier caso, su postura de oposici¨®n al impuesto revolucionario es bien conocida. Han sido los propietarios del suelo quienes han puesto la mayor¨ªa de las denuncias contra la figura de la reparcelaci¨®n econ¨®mica.

El ¨²nico que no pareci¨® mostrarse preocupado fue el portavoz socialista, Luis Larroque: "El Ayuntamiento est¨¢ estudiando los argumentos para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Al margen de las cuestiones legales, es necesario que exista un clima de seguridad jur¨ªdica que beneficie a todos. Hay otros ayuntamientos que han puesto en pr¨¢ctica medidas semejantes. Pero, para el PSOE, lo importante es que la sentencia ratifica la legalidad del Plan General en su conjunto".