El marco de una declaraci¨®n de importancia hist¨®rica

La Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci¨®n 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, pretende ofrecer una visi¨®n integral del cada vez m¨¢s amplio espectro de los derechos inherente a la persona humana, si bien, por su origen y la influencia de sus redactores, fija su atenci¨®n preferente en los derechos civiles y libertades fundamentales de raigambre liberal, pero sin omitir una referencia -m¨¢s bien gen¨¦rica y poco elaborada- a los derechos econ¨®micos, sociales y culturales.La declaraci¨®n universal hay que situarla en el contexto hist¨®rico en que se produce. La humanidad acaba de atravesar el largo y cruel calvario de una guerra mundial de efectos devastadores, que termina precisamente con los negros presagios que augura la utilizaci¨®n de la energ¨ªa termonuclear con fines b¨¦licos.

Inmersa en ese clima la declaraci¨®n, considera esencial reafirmar la fe de todos en la dignidad y valor de la persona humana y en la igualdad de derechos, sin olvidar el objetivo del progreso social y la elevaci¨®n del nivel de vida de las personas y los pueblos.

Al margen de la m¨¢s o menos completa enumeraci¨®n de libertades y derechos que contiene la declaraci¨®n, lo cierto es que esta concepci¨®n amplia que intenta complementar ambas modalidades de derechos no ha sido universalmente aceptada, hasta el punto que las mayores dificultades que se oponen a la definitiva implantaci¨®n del mensaje que emana de su esp¨ªritu y de su texto radica en la visi¨®n fragmentaria que tendencias distintas y, hasta el momento, irreconciliables sostienen sobre su esencia y significado.

Por un lado nos encontramos con los panegiristas de los derechos c¨ªvicos tradicionales como ¨²nico fundamento de la libertad individual, y por otro, los que, desde una ¨®ptica pol¨ªtica y social diferente, sostienen que no se puede alcanzar el ideal del ser humano a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econ¨®micos, sociales y culturales.

Esta tensi¨®n dial¨¦ctica, que todav¨ªa perolura, no est¨¢ originada por la aparici¨®n de la declaraci¨®n, pues ya se hab¨ªa planteado con anterioridad. Se inicia y radicaliza con la aparici¨®n de los sistemas sociopol¨ªticos inspirados en las doctrinas marxistas que consideran la democracia liberal, simplemente mayoritaria y pluralista, como una democracia formal y burguesa.

El debate ha ocupado con frecuencia a la doctrina pol¨ªtica y se abord¨®, entre otros, por Hans Kelsen en un trabajo editado en el a?o 1920, bajo el t¨ªtulo Esencia y valor de la democracia. Sosten¨ªa KeIsen que la pretendida ant¨ªtesis debe ser rechazada por estimarla incorrecta, ya que es el valor de la libertad, y no el valor de la igualdad, el que define en primer lugar la idea de la democracia. Quiz¨¢ para matizar lo afirmado a?ade que tambi¨¦n desempe?a un papel en la ideolog¨ªa democr¨¢tica el pensamiento de la igualdad, pero solamente en un sentido negativo, formal y secundario. El verdadero sentido democr¨¢tico de la igualdad de Kelsen se plasma en el intento de atribuir a todos la mayor libertad posible y, por tanto, una libertad igual, consistente en una participaci¨®n al¨ªcuota en la formaci¨®n de la voluntad estatal.

Perspectiva socialista

Desde una perspectiva socialista, la teor¨ªa marxista aspira a implantar bajo el nombre de democracia no la ideolog¨ªa de la libertad, sino la ideolog¨ªa de la justicia.

Los reg¨ªmenes socialistas renuncian, en una primera etapa, a la participaci¨®n directa y al¨ªcuotamente proporcional de todos los ciudadanos en la gesti¨®n de las relaciones econ¨®micas y pol¨ªticas. La ideolog¨ªa de la igualdad y de la justicia social se encarna con car¨¢cter exclusivo y excluyente en el partido comunista, que es el ¨²nico que dispone del poder pol¨ªtico para desarrollar los planes econ¨®micos decididos por los ¨®rganos de direcci¨®n del partido. R¨ªgidamente instalados en estos dogmas, a nadie debe extra?ar las serias dificultades por las que pasa cualquier iniciativa encaminada a flexibilizar las estructuras pol¨ªticas para dar entrada y protagonismo a corrientes sociales organizadas al margen del aparato oficial. Por otro lado, la ambig¨¹edad del t¨¦rmino justicia social provoca su salida de la ¨®rbita marxista para ser atra¨ªdo y utilizado por otros sistemas autoritarios de signo diferente y radicalmente antag¨®nico.

A los 40 a?os de su publicaci¨®n, y con toda la experiencia positiva y negativa acumulada durante la vigencia de la declaraci¨®n, es necesario buscar posturas que acerquen ambas posiciones e intentar f¨®rmulas de s¨ªntesis como ¨²nica soluci¨®n de futuro si se quiere evitar una confrontaci¨®n violenta de imprevisibles consecuencias. Abandonando el mito de la absoluta igualdad en lo material y puramente econ¨®mica, la cuesti¨®n estriba en comprobar qu¨¦ cantidad de solidaridad y libertad pueden brindar uno y otro sistema.

Si nos situamos, en el momento presente, en el punto de partida de un sistema socialista, el compromiso ineludible de sus responsables pol¨ªticos pasa por dinamizar el orden social para que la pluralidad de componentes que lo integran disfrute de iguales opciones para decidir la planificaci¨®n econ¨®mica y la distribuci¨®n de los rendimientos del producto nacional bruto.

Para el sistema capitalista, el problema no es de partida, sino de retorno hacia una pol¨ªtica social que aspire a cotas de bienestar comunitario, que se han abandonado progresivamente en aras de una pol¨ªtica econ¨®mica que pone sus objetivos en la rentabilizaci¨®n inmediata de los beneficios y en la expansi¨®n y explotaci¨®n de los resultados, que son los ¨²nicos que sirven a la vez de indicadores econ¨®micos y sociales. Para romper esta din¨¢mica se impone desarrollar una pol¨ªtica social en la que primen los valores de la solidaridad y en la que el Estado se comprometa a corregir los desequilibrios del libre juego del mercado.

Los m¨¦todos y los ritmos de los ajustes pueden variar seg¨²n las exigencias del tiempo hist¨®rico y las posibilidades del sistema, pero en uno y otro caso la libertad tiene que jugar un papel indelegable e irrenunciable.

es presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a y fiscal del Tribunal Supremo.