Ancha es Castilla

Las recientes denuncias sobre quemas de residuos t¨®xicos en los p¨¢ramos burgaleses y los planes de construir un almac¨¦n de pararrayos radiactivos en Bocigas, a 50 kil¨®metros de Valladolid, han vuelto a poner de actualidad un problema que preocupa desde hace meses en Castilla y Le¨®n: el temor a que esta regi¨®n se convierta en un inmenso basurero, en el estercolero de Espar-la. Ecologistas, asociaciones vecinales, consumidores e intelectuales han comenzado a hacer o¨ªr sus voces contra un fen¨®meno que se repite con excesiva frecuencia. Una de las zonas menos industrializadas y desarrolladas del pa¨ªs est¨¢ en el punto de mira de quienes no saben qu¨¦ hacer con desechos industriales, vertidos peligrosos e instalaciones molestas e insalubres. "Hay que extremar la vigilancia y mantener los ojos abiertos porque estas cosas pueden repetirse", afirma un miembro de la Asociaci¨®n Naturista Vallisoletana (Anva).Condiciones id¨®neas

Castilla y Le¨®n, a priori, parece reunir las condiciones id¨®neas para que se produzcan estos hechos. La fuerte desertizaci¨®n de las zonas rurales, la existencia de cadenas monta?osas que bordean la meseta y ofrecen puntos aislados y rec¨®nditos, la abundancia de r¨ªos donde arrojar desperdicios sin ser vistos y el fatalismo de una poblaci¨®n envejecida que adem¨¢s ignora las consecuencias de los vertidos propician actuaciones ?legales que muchas veces son descubiertas tarde o quedan en la m¨¢s absoluta impunidad. Para Carlos Carrasco, uno de los hombres que m¨¢s se han preocupado desde hace a?os por el medio ambiente castellano-leon¨¦s, "nos encontramos ante un problema de dificil soluci¨®n salvo que se acent¨²e la vigilancia y se act¨²e con mayor contundencia; no es dificil imaginar la soluci¨®n que se le ocurre al que tiene residuos peligrosos que no sabe c¨®mo eliminar a bajo coste: coge un cami¨®n, lo carga, se acerca una noche a parajes poco transitados de Segovia, Soria, ?vila o Palencia, vuelca la carga, y a otra cosa". El resto es f¨¢cil de suponer: aparecen peces muertos en los r¨ªos, descomposici¨®n de las aguas, malos olores, etc¨¦tera. Siempre se abren investigaciones, pero pocas veces se da con los responsables. Los ecologistas se han quejado con frecuencia de que nada se sabe del desenlace de los procesamientos por presuntos delitos ecol¨®gicos, como ha ocurrido con los responsables de los vertidos de pesticidas en Aguilar de Campoo (Palencia) y Borobia (Soria) en mayo del a?o pasado.

Los casos de Borobia y Aguilar de Campoo son un claro exponente del extremo al que han llegado las cosas. El. 10 de mayo de 1988 una empresa de tansportes radicada en Vizcaya descarg¨® sin autorizaci¨®n 70 toneladas de pesticidas en la mina Gandal¨ªa, situada en un monte de utilidad p¨²blica propiedad del Ayuntamiento de Borobia (Soria), en las estribaciones del Moncayo. Nadie se apercibi¨® del hecho hasta que el mal olor que desprend¨ªa el producto llev¨® a los vecinos a denunciar el caso en el Gobierno Civil. La empresa fue obligada a cargar nuevamente el pesticida. Los informes de la Guardia Civil fueron remitidos al ministerio fiscal y a la Delegaci¨®n de la Junta de Castilla y Le¨®n en Soria para que realizase an¨¢lisis. Meses despu¨¦s, desde esta instituci¨®n no se hab¨ªa informado todav¨ªa al gobernador civil de Soria de los resultados. El producto hab¨ªa permanecido varias horas en contacto con la tierra, y los camiones que lo descargaron fueron lavados en un r¨ªo.

La misma empresa, Transportes Bomb¨ªn, repiti¨® su actuaci¨®n d¨ªas despu¨¦s en la pedan¨ªa de Cabria, dependiente del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Esta vez el m¨¦todo utilizado fue m¨¢s sutil. "Dos se?ores vascos" ofrecieron al alcalde de Cabria, que tiene 40 habitantes, 200.000 pesetas si les daba permiso para descargar en unos hoyos cercanos a la aldea unos camiones de residuos. Nada le dijeron de su peligrosidad. El alcalde, Elidio Guti¨¦rrez (AP), dio el visto bueno. El olor nauseabundo que desprend¨ªa la zona puso las cosas en su sitio. Los an¨¢lisis se encargaron de revelar que el pesticida, fabricado por Celmar Espa?ola en Luchana (Vizcaya), conten¨ªa el is¨®mero epsilon de hexaclorocicloexano, que contiene part¨ªculas garnma (2,25%) y alfa (5,30%). Las primeras est¨¢n consideraclas como bastante t¨®xicas. D¨ªas despu¨¦s del vertido el producto volvi¨® a ser cargado en camiones. Nada se ha dicho del destino de esas 360 toneladas.Diez meses despu¨¦s se desconoce qu¨¦ ha pasado con los responsables de los hechos.

La presunci¨®n de ignorancia y de ambici¨®n econ¨®mica fue, seguramente, lo que movi¨® a otros se?ores a proponer al Ayuntamiento de Bocigas (Valladolid) la instalaci¨®n de un almac¨¦n de pararrayos radiactivos. Las circunstancias se repiten: escasa poblaci¨®n (128 habitantes), desconocimiento de las consecuencias, secretismo y oferta monetaria, m¨¢s sustanciosa: 300 millones para el pueblo y 15.000 pesetas por pararrayos recogido. La divisi¨®n de la corporaci¨®n municipal entre partidarios y detractores de la instalaci¨®n hizo que el asunto saltase a la luz p¨²blica. Los vecinos se opusieron. La Asociaci¨®n Naturista Vallisoletana (Anva) sac¨® sus consecuencias: "Hay que vigilar a tope, de lo contrario esto puede repetirse en cualquier otro pueblo; nuestro problema y el de otras asociaciones ecologistas es'que no tenemos muchos cauces para enterarnos, y a veces las noticias nos llegan demasiado tarde".

Dejadez y poca eficacia

Nadie se explica por qu¨¦ no se ha actuado contra personas y empresas que estaban realizando atentados ecol¨®gicos desde hace mucho tiempo. Alcaldes de los p¨¢ramos burgaleses han asegurado que M¨¢ximo Hernanz Pina, industrial de Algorta (Vizcaya), quema residuos desde hace dos a?os. Meses y meses han tardado en salir a la luz operaciones similares en Poza de la Sal (Burgos), que llevaron a la detenci¨®n de Pedro Mar¨ªa Villar e Ignacio Larrauri, vecinos de Portugalete. Las detenciones se efectuaron a primeros de febrero. Sin embargo, el presidente de Castilla y Le¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, hab¨ªa enviado una carta en septiembre de 1988 al lehendakari Jos¨¦ Antonio Ardanza, advirti¨¦ndole del hecho. No hubo respuesta. Han tenido que mediar nuevas denuncias y que el asunto saltara a las p¨¢ginas de los peri¨®dicos para que el consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de Euskadi criticara el 8 de marzo estas acciones y se?alase que pod¨ªan deberse "a la persecuci¨®n jur¨ªdica y a las multas que estas quemas recib¨ªan en el Pa¨ªs Vasco". Como casi siempre, en Castilla y Le¨®n la reacci¨®n fue tard¨ªa. El Gobierno Civil de Burgos hab¨ªa impuesto varias multas a los infractores, pero ¨¦stos continuaron con su actividad. Desde la Delegaci¨®n del Gobierno en Castilla y Le¨®n se afirma que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Junta, que tiene competencias en medio ambiente, pero que ¨¦sta no actu¨® ni hizo p¨²blicos los an¨¢lisis sobre los productos quemados -considerados altamente t¨®xicos- ni dio a conocer las cartas de Aznar a Ardanza hasta que el problema no sali¨® en los medios de comunicaci¨®n. Y desde la Junta se asegura que ellos vienen denunciando el asunto desde julio de 1988, ?pero no tenemos competencias sobre la Guardia Civil o la polic¨ªa para que detengan a los causantes de la incineraci¨®n".

En medio de la pol¨¦mica, la opini¨®n p¨²blica de Castilla y Le¨®n, bastante sensibilizada ahora con el problema, espera a ver si las detenciones y procesamientos ponen freno a la situaci¨®n. "De lo contrario", se?alaba un miembro de Anva, "los pocos que vamos quedando por estas tierras tendremos que llevar dentro de unos a?os mascarillas antig¨¢s para andar por el campo".