Confusi¨®n de confusiones

Al hilo de las ¨²ltimas sentencias dictadas sobre asuntos de ¨ªndole fiscal, el autor afirma que la justicia es el mejor medio que tiene Hacienda para producir su aceptaci¨®n social. Asegura tambi¨¦n que la mejor defensa de la Hacienda p¨²blica es que se cargue de competencia, justicia, raz¨®n y eficacia.

Asistimos estos d¨ªas a una serie de hechos que bien pudieran definirse como lamentables. La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero, la confusi¨®n creada en torno a ella y la reciente sentencia del tribunal que ha enjuiciado el caso de una conocida cantante no son m¨¢s que los ¨²ltimos hitos de un camino que ha estado, a mi juicio, cuajado de desprop¨®sitos. Se ha entrado en un verdadero juicio a losjueces en el intento de convertir el fracaso de la pol¨ªtica fiscal en un ¨¦xito pol¨ªtico, en base a la l¨®gica falta de conocimientos t¨¦cnicos especializados de la mayor¨ªa de la poblaci¨®n.He guardado un escrupuloso silencio mientras estaba sujeta a debate la cuesti¨®n del matrimonio en el Tribunal Constitucional, porque entend¨ªa y entiendo que, una vez flanteada ante ¨¦l, el respeto al ¨®rgano juzgador as¨ª lo exig¨ªa. Me caus¨® verguenza ajena asistir, una tras otra, al penoso espect¨¢culo de una serie de declaraciones de altas autoridades hacend¨ªsticas que ten¨ªan la clara pretensi¨®n de influir en la decisi¨®n del tribunal. Result¨® curioso comprobar c¨®mo quienes jam¨¢s han aceptado una opini¨®n ajena, por fundada que fuera, o quienes nunca han realizado la m¨¢s m¨ªnima autocr¨ªtica, se volv¨ªan de repente enormemente comunicativos y acud¨ªan a todos los medios habidos y por haber para hacer comprender a la opini¨®n p¨²blica el acierto de sus planteamientos y el error de todos los dem¨¢s. Se transmit¨ªa el mensaje de que la soluci¨®n actual era la m¨¢s correcta, la ¨²nica t¨¦cnicamente viable, y que cualquier cambio s¨®lo favorecer¨ªa a los privilegiados y habr¨ªa de ser financiado por el resto de los ciudadanos.

Ni una sola menci¨®n de la opini¨®n de t¨¦cnicos que, en muchos casos sin adscripci¨®n pol¨ªtica alguna, hab¨ªamos manifestado lo que pod¨ªa pasar, incluso con a?os de antelaci¨®n. Ni una sola palabra de respeto a los ¨®rganos juzgadores, como no fuera para colocar el latiguillo de que se respetaba la sentencia y a continuaci¨®n dar rienda suelta a una serie de manifestaciones que demostraban palmariamente todo lo contrario. Nadie est¨¢ excluido del debido respeto a los tribunales de justicia, incluido el Constitucional. Los servicios jur¨ªdicos del Estado no est¨¢n concebidos para elaborar notas de prensa y ning¨²n Gobierno puede actuar de tal manera cuando una sentencia le sea desfavorable, porque ello legitima a los ciudadanos a cuestionar tambi¨¦n la justicia y la legalidad de las resoluciones judiciales e inicia un camino sin retorno en el que se pierden todas las referencias, y se produce un desprestigio de la ya no muy prestigiosa Administraci¨®n de justicia, que a todos da?a.

Represi¨®n del fraude

Dar a entender que los jueces no colaboran en la represi¨®n del fraude fiscal es algo m¨¢s que una rotunda falsedad. Los jueces en este pa¨ªs, a pesar de los pesares de determinadas reformas, han demostrado y est¨¢n demostrando un sentido de la justicia, de su propia profesionalidad y de su independencia que raya en lo heroico. Lo que no son los jueces es militantes de ning¨²n partido ni funcionarios de Hacienda. No es su misi¨®n colaborar o dejar de colaborar en esta o en aquella pol¨ªtica, sino, ¨²nica y exclusivamente, administrar justicia. Pero es que, adem¨¢s, este Gobierno, menos que ninguno de la etapa democr¨¢tica, tiene legitimidad moral para hacer tales insinuaciones. ?Analizamos a fondo el tema de la retroactividad de la sentencia de 20 de febrero? ?No es m¨¢s cierto que, aunque la justificaci¨®n es endeble, se ha corrido un tupido velo por algo parecido a la raz¨®n de Estado? ?Podemos pensar que hubo, para decirlo suavemente, un cierto olvido de la raz¨®n de justicia en aras de la raz¨®n de Estado?

Ning¨²n ciudadano -y, desde luego, ning¨²n juez o tribunal- es responsable de que los actuales rectores de la pol¨ªtica fiscal hayan cometido uno de los mayores errores de enfoque estrat¨¦gico que se recuerdan en materia de Hacienda p¨²blica. Nadie les oblig¨® a adoptar una l¨ªnea de voluntarismo rigorista que a lo ¨²nico que ha conducido es a desarbolar los mecanismos jur¨ªdicos y t¨¦cnicos en materia fiscal.

Las ca?as se han vuelto lanzas, y donde se cre¨ªa que iba a producirse un enorme ¨¦xito por v¨ªa ejemplarizadora se ha producido el m¨¢s rotundo fracaso, que, manipulado zafiamente, est¨¢ ocasionando una completa desmoralizaci¨®n social en materia tributaria y una deslegitimaci¨®n del Estado de derecho a las que es urgente poner remedio. No estar¨ªa de m¨¢s, dicho sea de paso, que alguno de los responsables conjugara la primera persona del presente singular de los verbos dimitir o cesar.

Los ¨¦xitos recaudatorios, que parecen haber sido la justificaci¨®n de todo el dislate jur¨ªdico y organizativo que se ha creado, obedecen a causas y han producido unos efectos en muchos casos mal estudiados o desconocidos por los propios autores de la pol¨ªtica fiscal. Alg¨²n an¨¢lisis del Banco de Espa?a deber¨ªa ser tenido en cuenta en este sentido. Si el coste de esos pretendidos ¨¦xitos recaudatorios es destrozar el entramado jur¨ªdico y organizativo de nuestra Hacienda p¨²blica, me temo que es un coste que no podemos permitirnos. ?Qu¨¦ hubiera pasado si el Tribunal Constitucional hubiera declarado la retroactividad de efectos de su sentencia? ?Cu¨¢l hubiera sido el efecto recaudatorio negativo de dicho acto?

El matrimonio

Hace alg¨²n tiempo, en relaci¨®n con la forma de tributaci¨®n del matrimonio en el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas, antes o despu¨¦s de ese estado legal ya escrib¨ª: "En todo caso, esta cuesti¨®n es una eficac¨ªsima muestra de lo que no debe hacer Hacienda. Ir resistiendo heroicamente la presi¨®n social, aceptar una f¨®rmula pol¨¦mica cuando menos curiosa para no llegar a la soluci¨®n de un problema de estricta justicia, es sencillamente descabellado. Cualquier otra soluci¨®n hubiera sido mejor, por mala que fuera. En todo caso, correr el riesgo de que alg¨²n tribunal, singularmente el Tribunal Constitucional, hubiera podido dictar una resoluci¨®n favorable a los contribuyentes, me parece un desacierto total. Desde cualquier punto de vista que se lo examine carece de todo sentido, porque nunca se puede recaudar a costa de una injusticia o de da?ar una instituci¨®n que, como la familia, no est¨¢ precisamente boyante.".

Me propongo analizar algunas de las circunstancias que est¨¢n presentes en este campo en la actualidad, porque creo que los ciudadanos tenemos el derecho, y aun el deber de conciencia, de examinar la actuaci¨®n de los encargados de los asuntos p¨²blicos.

No se trata tampoco de celebrar ninguna pretendida victoria contra Hacienda o contra el Estado. Si tal existiera ser¨ªa una victoria p¨ªrrica y carente de sentido, porque es cierto que Hacienda somos todos y que de lo que se trata, por encima de las personas que est¨¢n sujetas a cambios, es de ver el asunto como lo que es: una capital cuesti¨®n de Estado en la que los excesos partidistas y la utilizaci¨®n rid¨ªculamente propagand¨ªstica y pretendidamente ejemplarizadora de determinadas actuaciones deben ser sustituidos de forma inmediata por un rigor t¨¦cnico, profesional, objetivo e independiente que haga posible el funcionamiento de Hacienda, sea cual fuere el Gobierno de turno.

Cualquier normativa debe basarse en el respeto a la Constituci¨®n, en el estudio concienzudo y profundo de la realidad social, y en una sustancial mejora del aparato gestor.

La justicia es el mejor medio que tiene Hacienda para producir su aceptaci¨®n social. La mejor defensa de nuestra Hacienda p¨²blica es su propia presencia social, cargada de competencia, justicia, raz¨®n y eficacia. Vale m¨¢s una actitud seria, constante y profesional que la publicidad m¨¢s amenazante. En todo caso, dentro del mayor respeto a la sociedad que le da origen y fundamento, y sin olvidar su car¨¢cter instrumental al servicio de unos objetivos nacionales que fijar¨¢n las fuerzas pol¨ªticas de cada momento, pero que en ning¨²n caso pueden detenerse en lo puramente recaudatorio.