La acci¨®n popular del 'caso Amedo' acusa a la Audiencia de amparar a Barrionuevo y Corcuera

BONIFACIO DE LA CUADRA, Los 104 ciudadanos que ejercen la acci¨®n popular en el sumario sobre implicaciones de personas o instituciones en las actividades terroristas de los GAL han recurrido el acuerdo de la Audiencia Nacional de abandonar la investigaci¨®n sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior. Los recurrentes acusan a la sala de amparar a los sucesivos ministros del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo y Jos¨¦ Luis Corcuera, que obstruyen a la justicia, dicen, "mintiendo y ocultando datos". Asimismo, los magistrados Clemente Auger y Juan Alberto Belloch se pronunciaron contra la decisi¨®n de abandonar la investigaci¨®n de los fondos reservados.

La acci¨®n popular impugna el auto de 24 de abril ¨²ltimo (ve¨¢se EL PA?S del 26 de abril) y solicita. a la sala, que preside Juan Manuel Orbe, que lo anule y deje sin efecto y dicte otro por el que acceda a todas las diligencias propuestas para investigar las sospechas de que los fardos reservados del Ministerio del Interior han sido una fuente de financiaci¨®n de los Grupos Antiterroristas de Liberazi¨®n (GAL).Los recurrentes resaltan la importancia de esta investigaci¨®n para el enjuiciamiento de los hechos, por los que ya se encuentr:m en prisi¨®n los polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dommiguez. Recuerdan que la necesidad de tal investigaci¨®n ha sido compartida por el instructor de la causa, el fiscal del caso, apartado del mismo, y la propia sala.

Respecto a esta ¨²ltima, reproducen un fragmento de la resoluci¨®n de 3 de noviembre de 1988 en el que invoc¨® la Constituci¨®n y la ley para estimar justificada la obtenci¨®n de datos concretos sobre los fondos reservados. El recurso, firmado por el letrado Fernando Salas, se?ala que en dicha fecha, tras la contestaci¨®n de Barrionuevo, la situaci¨®n "era id¨¦ntica ala actual( ... ), con independencia del tono formalmente m¨¢s cort¨¦s", dice, de Corcuera, pero que sigue sin facilitar la informaci¨®n recabada.Argumentan que "un simple acuerdo del Consejo de Ministros, que es el que realmente parece sustentar la opacidad de los fondos reservados ante la investigaci¨®n judicial", no puede vulnerar ni derogar la obligaci¨®n taxativa establecia en el art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n: "Cumplir las sentencias y dem¨¢s resoluciones de los jueces y tribunales, as¨ª como prestar la colaboraci¨®n requerida por ¨¦stos en el curso del proceso".

Prioridad de la justicia

Respecto a la supuesta colisi¨®n o confficto entre la tutela judicial efectiva y la seguridad del Estado, que la sala resuelve en favor del segundo, los recurrentes recuerdan la prioridad constitucional de la justicia y agregan que "por la propia esencia del Estado de derecho, toda supuesta raz¨®n de Estado debe ceder ante este principio superior". Los razonamientos de la sala "parecen justificar", dicen, una sensaci¨®n de impotencia o resignaci¨®n frente a la prepotencia del poder ejecutivo", postura que no puede adoptar " un poder judicial aut¨¦nticamente independiente, que ( ... ) no puede abdicar respecto del control de legalidad de la actuaci¨®n administrativa".

Otro argumento utilizado por los recurrentes es que la sala "confunde dificultad con imposibilidad", por lo que los recurrentes recuerdan al tribunal su "obligaci¨®n de agotar todas las posibilidades de investigaci¨®n", inclu¨ªda "la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal a quienes obstruyen la acci¨®n de la justicia".

Sobre la responsabilidad de Barrionuevo y Corcuera, los recurrentes afirman que "ambos ministros, con sus contestaciones, sustancialemnte id¨¦nticas, vienen mintiendo y ocultando datos, en una actitud que no sabemos si puede constituir encubrimiento propio, de los procesados o de terceras personas, pero que desde luego", aseguran, "es constitutivo de un delito de obstrucci¨®n a la justicia, previsto en el art¨ªculo 371 del C¨®digo Penal". Califican de "bochornoso" que se hagan compatibles las respuestas de que no existe rastro documental de los fondos con la "constancia de que el viaje de Amedo a Portugal fue satisfecho con fondos reservados y que recibi¨® lo estrictamente necesario".

Auger y Belloch

Por otra parte, los magistrados Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, y Juan Alberto Belloch, prsidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, a preguntas de EL PA?S, coincidieron en la noche del jueves, en un coloquio del Club Debate, en criticar la resoluci¨®n ahora recurrida. Frente a los argumentos de de la Audiencia Nacional, Auger asegur¨® que "no existen obst¨¢culos legales para la investigaci¨®n razonable de un delito". Dijo que la ley de Secretos Oficiales "no colisiona con la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que cuando se solicita una diligencia razonable para investigar un delito, debe realizarse, o al menos no existe impedimento legal para ello".

Belloch se manifest¨® tajantemente en desacuerdo con el auto que desisti¨® de investigar los fondos reservados y razon¨® as¨ª su posici¨®n: "Cuando se produce colisi¨®n entre un bien constitucional, como es la tutela judicial efectiva, frente a otro valor jur¨ªdico como es la seguridad del Estado, es siempre prevalente del derecho constitucional". Agreg¨® que en ese sentido se viene pronunciando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las instancias internacionales que se han ocupado de la materia. Por su parte, Izquierda Unida ha preguntado a Corcuera los motivos de no contestar a la Audiencia Nacional sobre los fondos de Interior.