La profesi¨®n militar en la Espa?a democr¨¢tica

El proyecto de ley presentado por el Gobierno a las Cortes para regular la profesi¨®n militar ha suscitado quejas entre algunos sectores militares que ven amenazados sus derechos adquiridos o defraudadas sus expectativas por el articulado de la ley. Esta actitud por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas ha provocado una cierta alarma en algunos medios de comunicaci¨®n y entre ciertos responsables pol¨ªticos que, influidos quiz¨¢ por acontecimientos ya no tan recientes, han cre¨ªdo percibir un cierto ruido de sables en el trasfondo de estas protestas.Esta alarma no est¨¢ justificada, a mi entender, ni por la extensi¨®n de las quejas, ni por los asuntos sobre los que versan, ni por la forma en que est¨¢n siendo formuladas. Los militares que han mostrado su disgusto con la ley son apenas un millar, entre un colectivo de m¨¢s de 60.000 profesionales. Las quejas provienen en su mayor¨ªa de cuerpos o escalas que van a ver alteradas algunas de las provisiones por las que se reg¨ªa su vida profesional o que, por el contrario, no han encontrado recogidas en la ley algunas mejoras que desde hac¨ªa tiempo pugnaban por alcanzar. No se trata, pues, de quejas de los militares, sino de algunos militares, sin que hasta el momento ning¨²n miembro de las Fuerzas Armadas -que yo sepa- haya puesto p¨²blicamente en entredicho la autoridad del Gobierno para regular la carrera militar ni la legalidad del Parlamento para legislar sobre tan importante materia.

Por ¨²ltimo, el camino escogido para mostrar sus discrepancias ha sido el que para los militares marcan las Reales Ordenanzas, es decir, la elevaci¨®n individual de sus quejas a las autoridades militares o civiles competentes y el uso de uno de los derechos que en una democracia tiene, cualquier ciudadano: escribir a los parlamentarios que van a intervenir en el debate de la ley, explic¨¢ndoles el motivo de su descontento. Esta conducta por parte de los miembros de la instituci¨®n militar no s¨®lo no me parece preocupante, sino que, a mi entender, da fe de hasta qu¨¦ punto las Fuerzas Armadas espa?olas est¨¢n felizmente integradas en el sistema democr¨¢tico.

Y esta conducta es a¨²n m¨¢s notable si se tiene en cuenta la trascendencia que para las Fuerzas Armadas reviste el debatido proyecto de ley, ya que con esta ley, de alguna manera, se cierra un ciclo de cambio en los ej¨¦rcitos, que empez¨® antes de la muerte del general Franco y que recibi¨® con la llegada de la democracia su impulso definitivo. La implantaci¨®n del Ministerio de Defensa, la definici¨®n de una pol¨ªtica de alianzas, el establecimiento de unos ¨®rganos superiores que coordinan la planificaci¨®n y ejecuci¨®n de la pol¨ªtica militar y de defensa, as¨ª como la adquisici¨®n de armamento y material para los ej¨¦rcitos, son algunos de los temas m¨¢s significativos en este camino.

Autoridad civil

Estas reformas han facilitado enormemente la aceptaci¨®n por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas de la autoridad civil y su integraci¨®n pac¨ªfica y exitosa en esta democracia, aunque no sin muchos costes para una instituci¨®n con fuertes v¨ªnculos con el pasado. Por eso es importante decir que muchas de estas reformas de alcance hist¨®rico no solamente no se han hecho en contra de la instituci¨®n militar, sino que en muchos casos han sido formuladas e impulsadas por los propios cuarteles generales de los ej¨¦rcitos antes de su adopci¨®n por los gobiernos democr¨¢ticos. Y que su ¨¦xito ha sido posible gracias al entusiasmo profesional de muchos militares a lo largo de esta d¨¦cada, que entend¨ªan que el camino de la reforma era el m¨¢s satisfactorio para poner a las Fuerzas Armadas en condiciones de cumplir su misi¨®n fundamental de defender a Espa?a de una posible agresi¨®n exterior.Este cambio no hab¨ªa incidido hasta ahora sino indirectamente en la regulaci¨®n de la profesi¨®n militar, que en la mayor¨ªa de sus aspectos segu¨ªa rigi¨¦ndose por leyes y normas de diverso rango legal, que recog¨ªan las peculiaridades de las 207 escalas existentes hoy en nuestros ej¨¦rcitos y que estaban dispersas en una legislaci¨®n que en algunos casos se remontaba a la ley Constitutiva del Ej¨¦rcito de 1878. Por primera vez, pues, desde la llegada de la democracia, los representantes de los espa?oles van a legislar, van a decir c¨®mo quieren que sean nuestros militares, cu¨¢les son las condiciones necesarias para convertirse en militar de carrera, c¨®mo debe formarse a los profesionales de los ej¨¦rcitos, c¨®mo tienen que organizarse los cuerpos y escalas para desarrollar las distintas funciones que la profesi¨®n militar requiere, c¨®mo se asciende y c¨®mo se alcanzan los diferentes destinos y, finalmente, c¨®mo y cu¨¢ndo se termina la carrera militar.

Esta ley tiene, por tanto, una enorme trascendencia, porque a trav¨¦s de ella la profesi¨®n militar asocia definitivamente su futuro al de la Espa?a democr¨¢tica, al tiempo que pone de manifiesto hasta qu¨¦ punto se han desarrollado en la sociedad espa?ola las capacidades necesarias para formular una pol¨ªtica militar y de defensa sin excesivas dependencias de la instituci¨®n militar, capacidades que estaban ausentes al principio de la transici¨®n. Por estas y otras muchas razones, todos necesitamos y nos merecemos que ¨¦sta sea una gran ley.

Fernando Rodrigo es profesor de Sociolog¨ªa en la universidad Complutense.