El juez que no se disfraz¨®

El juez Manuel S¨¢nchez ?lvarez no tiene dudas sobre el origen de la sanci¨®n que se le impuso por la supuesta celebraci¨®n de un juicio disfrazado de mosquetero. Tras la anulaci¨®n de la sanci¨®n por el Tribunal Supremo, S¨¢nchez Alvarez acusa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "querer compensar su mala conciencia por la falta de pol¨ªtica judicial con la explotaci¨®n de casos escandalosos para controlar a los jueces" y le reprocha su atenci¨®n "a una denuncia an¨®nima favorable a sectores econ¨®micos canarios corruptos".

Para S¨¢nchez ?lvarez, de 33 a?os, hijo de juez y juez ¨¦l de Puerto del Rosario (Fuerteventura), "lo m¨¢s grave de este asunto fue la forma totalmente inquisitorial de instruir el expediente". S¨®lo mediante una instrucci¨®n "que dio por buena una denuncia an¨®nima atribuida a algunos polic¨ªas y que no permiti¨® el careo de testigos ni el conocimiento del expediente por el expedientado" concibe Manuel ?lvarez que la inveros¨ªmil historia concluyera con una sanci¨®n de 25.000 pesetas, ahora anulada por el Supremo, con todos los pronunciamientos favorables para el juez.Frente a la sanci¨®n por la supuesta celebraci¨®n el 17 de marzo de 1987 de un juicio "vistiendo capa roja, calz¨®n corto, medias blancas y sombrero con una pluma", el juez sancionado ofrece su versi¨®n, que ha prosperado ante el Supremo. S¨¢nchez ?lvarez explica que aquel martes de carnaval en el que en Puerto del Rosario era fiesta, se abri¨® el juzgado para celebrar un juicio, al que asisti¨® vestido normalmente. "Igualmente fu¨ª a hacer el reconocimiento de un solar y la confesi¨®n judicial de un se?or mayor que se encontraba en el hospital, sin que tras el largo recorrido por medio pueblo, se encontrara un solo testigo que me hubiera visto disfrazado".

En cambio, terminada la jornada de trabajo, S¨¢nchez ?lvarez, cuyo domicilio se encuentra en el mismo edificio del juzgado, se cambi¨® y se incorpor¨® a la jornada festiva con otros amigos y compa?eros. Sin embargo, un informe an¨®nimo dirigido al delegado del gobierno en la isla, Manuel Hierro, y de ¨¦ste al delegado del gobierno en Canarias, Eligio Hern¨¢ndez, desencaden¨® la actividad sancionadora. El informe, "en el que se hac¨ªa un relato detallado de mi actividad durante los carnavales y como colof¨®n se inventaba lo del juicio con disfraz de mosquetero", explica Manuel S¨¢nchez, "se remiti¨® a la Audiencia Territorial de Canarias y de all¨ª al CGPJ".

"Tierra de aventureros"

S¨¢nchez ?lvarez relata que la isla de Fuerteventura, con 1.700 kil¨®metros cuadrados, habitada por s¨®lo 30.000 habitantes y con todas sus playas aptas para el turismo, "es una tierra de aventureros, en el peor sentido del t¨¦rmino". Recuerda que una de sus primeras decisiones fue la prisi¨®n preventiva con una fianza alta contra un empresario de la construcci¨®n que provoc¨® una gran alarma social al edificar viviendas oficiales, cuyos propietarios, despu¨¦s de haber pagado. observaron que los bancos les requer¨ªan las hipotecas por no haber recibido sus pagos. A ¨¦ste y otros acuerdos contra la corrupci¨®n econ¨®mica atribuye la oposici¨®n a su persona desde algunos sectores de la Isla.En cuanto a la actitud del CGPJ, S¨¢nchez Alvarez estima que, tras la declaraci¨®n program¨¢tica de marzo de 1986, "de la que el Consejo se ha olvidado, pretende compensar su pol¨ªtica err¨¢tica", dice, "ganando puntos ante la opini¨®n p¨²blica con casos escandalosos, olvidando otras funciones como la del perfleccionamiento de los jueces". Para este juez, "la actividad disciplinaria ha sido la principal o la ¨²nica del Consejo, y la ha utilizado para controlar actividades jurisdiccionales". S¨¢nchez ?lvarez destaca la ayuda de Jueces para la Democracia, asociaci¨®n a la que pertenece, para superar "la falta de garant¨ªas y el procedimiento inquisitorial", dice, "en la tramitaci¨®n de mi expediente".