Demanda de prisi¨®n para Mart¨ªnez Torres y Planchuelo

Los abogados Fernando Salas y Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, que ejercen la acci¨®n popular en los sumarios contra los GAL, solicitaron ayer el procesamiento e ingreso en prisi¨®n del comisario general de Informaci¨®n, Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, y del jefe superior de polic¨ªa de Bilbao, Miguel Planchuelo, superiores jer¨¢rquicos de Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez, para los que tambi¨¦n solicitan el procesamiento por el asesinato del refugiado vasco Juan Carlos Garc¨ªa Goena.Para estos letrados, del sumario no se desprenden indicios racionales de criminalidad s¨®lo para Amedo y Dom¨ªnguez sino tambi¨¦n para los superiores jer¨¢rquicos de los agentes, sobre los que las testigos Inmaculada G¨®mez y Mar¨ªa ?ngeles Balsategui hacen referencias concretas en sus declaraciones. Las dos mujeres hab¨ªan declarado que Amedo no era un polic¨ªa normal, sino un agente del Gobierno y que eran sus superiores los que le hab¨ªan encargado el trabajo, por lo que iba a ser recompensado con un puesto de responsabilidad, y llegaron a referirse a un puesto en una embajada de Espa?a en el exterior. Esas manifestaciones se?alaban tambi¨¦n que Amedo les hab¨ªa explicado que su trabajo para los GAL le estaba reportando grandes beneficios.

En las referencias concretas a los superiores de Amedo los testimonios de Inmaculada G¨®mez y Mar¨ªa ?ngeles Balsategui, se?alan: "Hablaba de sus superiores en general, de gente importante de Madrid, y en muchas ocasiones menciona a Miguel Planchuelo, Jefe Superior de Polic¨ªa de Bilbao, a I?aki L¨®pez, ex gobernador civil de Vizcaya, y a Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, comisario general de Informaci¨®n". Seg¨²n las referencias que la ex amante de Amedo cuenta, ¨¦ste manten¨ªa una relaci¨®n muy fluida y amistosa con estas personas, manten¨ªa reuniones con ellas y les informaba sobre el desarrollo de sus actividades en los GAL.

Las alegaciones detallan m¨¢s referencias a los superiores jer¨¢rquicos de Amedo y justifican las exigencias de medidas cautelares para ellos.

Tambi¨¦n piden que se fije una fianza de 30 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran declararse.