El alcalde de Burgos prefiere no opinar sobre su procesamiento por estafa

El alcalde de Burgos, Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, rehus¨® ayer comentar su procesamiento en relaci¨®n con una querella criminal interpuesta por una empresa de publicidad burgalesa que le acusa de los delitos de estafa, falsedad de documento p¨²blico, prevaricaci¨®n, amenazas y otros delitos por los que la acusaci¨®n particular solicita, por cada uno de ellos, siete a?os de inhabilitaci¨®n en el cargo.

El auto dictado por la titular del juzgado n¨²mero 4 de la Audiencia provincial de Burgos, Berta Santill¨¢n, viene acompa?ado de los escritos de la acusaci¨®n particular y el ministerio fiscal que coinciden que en los hechos denunciados hay indicios de delito. Ambos solicitan la inhabilitaci¨®n en el cargo.Los hechos que han dado lugar a la apertura de juicio oral, lo que anteriormente se denominaba auto de procesamiento, se remontan a 1986 cuando el alcalde, poco antes de las elecciones generales, orden¨® arrancar las vallas publicitarias de la empresa Castellana de Publicidad sin efectuar requerimiento o expropiaci¨®n alguna. Tras numerosas sentencias judiciales favorables a la empresa, que el ayuntamiento se neg¨® a ejecutar, la situaci¨®n volvi¨® a repetirse en 1987 en plena campa?a de las municipales. El ayuntamiento volvi¨® a arrancar la mayor¨ªa de las vallas situadas en terreno privado por Castellana de Publicidad y las sustituy¨®, a pocos metros, por otras en las que figuraba propaganda electoral de Soluci¨®n Independiente, el grupo encabezado por el alcalde, de signo conservador.

Estafa y prevaricaci¨®n

Al gerente de la empresa Castellana de Publicidad, Ant¨®n Pe?a, lo ¨²nico que le choca es que el fiscal en su escrito "s¨®lo recoja el delito de desobediencia a la autoridad judicial, que no es menos evidente que el de estafa, prevaricaci¨®n y coacciones que adjunta la acusaci¨®n particular".

En 1985, seg¨²n Ant¨®n Pe?a, el ayuntamiento sac¨® de repente a concurso la instalaci¨®n de vallas publicitarias en terrenos p¨²blicos o patrimoniales.

"Nuestra sorpresa fue may¨²scula cuando vimos que sal¨ªan a concurso todas nuestras vallas situadas en terrenos privados con cuyos propietarios ten¨ªamos el correspondiente acuerdo. El concurso, l¨®gicamente, fue un desastre; todos los posibles interesados se dieron cuenta de que se estaba ofertando un terreno que no era propiedad p¨²blica. Consecuentemente, no se present¨® nadie y qued¨® el concurso desierto", explica este directivo.

A partir de aqu¨ª empez¨® lo que Ant¨®n Pe?a considera una aut¨¦ntica persecuci¨®n a su empresa por parte del ayuntamiento. "Empezamos a recibir cartas amenazadoras para que quit¨¢semos las vallas, a lo que nos negamos, y de repente, en junio de 1986 el alcalde orden¨® que las arrancasen".

La empresa acudi¨® a los tribunales, que le dieron la raz¨®n e instaron al ayuntamiento a reponer las vallas, cosa que no hizo, por lo que fueron repuestas por la propia empresa. La situaci¨®n se repiti¨® en 1987, a pocas fecha de las elecciones municipales. "Nos volvieron a quitar", dice Pe?a, "pr¨¢cticamente todas las vallas, que quedaron considerablemente averiadas".

El Juzgado di¨® nuevamente la raz¨®n a la empresa e impuso al ayuntamiento una indemnizaci¨®n de 60 millones de pesetas, "que no s¨®lo no ha hecho efectiva, sino que nos mand¨® una providencia de embargo en la que nos ped¨ªa 30 millones por conceptos ya liquidados en su mayor parte".