El fiscal imputa siete detenciones ilegales a los Mossos d'Esquadra

La fiscal¨ªa de Barcelona ha acusado de siete delitos de detenci¨®n ilegal a dos de los m¨¢ximos responsables de la Direcci¨®n General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y a un agente de la polic¨ªa auton¨®mica por retener en 1984 a siete miembros de la secta Ceis (Centro Esot¨¦rico de Investigaciones) en contra de su voluntad.La acusaci¨®n se ha formulado contra Llu¨ªs Renau y Carles Torras, director y subdirector respectivamente de Seguridad Ciudadana de la Generalitat cuando ocurrieron los hechos, as¨ª como contra el mosso d'esquadra, Antoni Tarrida.

Ahora, la fiscal¨ªa pide, en el tr¨¢mite de calificaci¨®n provisional, que cada uno de los tres procesados sea condenado a pagar una multa de 1.400.000 pesetas. El procedimiento judicial se inici¨® en el a?o 1984 como consecuencia de una operaci¨®n realizada por la polic¨ªa auton¨®mica, cuerpo que recibi¨® denuncias de familiares de j¨®venes adeptos a la secta.

Los familiares de ¨¦stos aseguraron que los dirigentes de Ceis dominaban la mente de sus hijos a los que, en algunos casos, indujeron presuntamente a la prostituci¨®n.

Los m¨¢ximos responsables de Seguridad Ciudadana decidieron infiltrar a un mosso d'esquadra en la secta con la finalidad de comprobar las acusaciones y posteriormente comunicaron el resultado de la investigaci¨®n a la autoridad Judicial. El juez orden¨® en junio de 1984 el registro en los pisos de la secta y la detenci¨®n de 14 adeptos.

Desprogramar

Otros siete miembros de la secta fueron conducidos por los mossos a las dependencias de la Seguridad Ciudadana y una vez all¨ª, responsables de la polic¨ªa auton¨®mica y familiares de los adeptos a la secta los trasladaron a un hostal, situado fuera de Barcelona, con objeto de desprogramar sus mentes.

Al hostal fueron trasladados de forma individual y en coches oficiales el 21 de junio y permanecieron retenidos en contra de su voluntad por espacio de ocho d¨ªas.

De acuerdo con la calificaci¨®n de la fiscal¨ªa, los familiares creyeron que su actuaci¨®n era correcta y que los responsables de la polic¨ªa auton¨®mica contaban con la autorizaci¨®n judicial, hecho que result¨® no ser cierto, dado que el juez del caso, C¨¦sar Plana, advirti¨® que los j¨®venes deb¨ªan ser internados en un centro psiqui¨¢trico pero subray¨® que voluntariamente. Cuando concluy¨® la retenci¨®n, los j¨®venes presentaron una querella contra la Generalitat.