Juan Ram¨®n Guevara: "El Constitucional est¨¢ desvirtuando los estatutos"

El Gobierno vasco va a pedir una reforma del sistema de elecci¨®n de los 12 miembros del Tribunal Constitucional porque en las actuales condiciones su actuaci¨®n no ofrece suficientes garant¨ªas, afirma el consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Auton¨®mico, Juan Ram¨®n Guevara. El detonante de esta crisis de confianza, una reciente sentencia sobre la gesti¨®n de la Seguridad Social, culmina un cambio de t¨¦cnica en el an¨¢lisis de los conflictos competenciales, seg¨²n Guevara, que est¨¢ llevando al tribunal a desvirtuar y revisar por su cuenta los estatutos.

Pregunta. ?El Tribunal Constitucional ha cerrado el paso a una gesti¨®n descentralizada de la Seguridad Social?

Respuesta. No cabe duda. Se llega a reservar al Estado el ordenamiento de pagos o la apertura de cuentas corrientes. Si eso no es gesti¨®n del r¨¦gimen econ¨®mico de la Seguridad Social, ?qu¨¦ es entonces? Esta sentencia deja desvirtuados los estatutos. No lo digo yo, lo dice el magistrado Jes¨²s Leguina cuando en un voto particular habla textualmente de vaciamiento competencial de los estatutos.

P. ?En qu¨¦ medida afecta a las previsiones del Estatuto?

R. Por desgracia, este fallo no es un hecho aislado, sino una tendencia. Y si prospera la actual tendencia, y yo espero que no, se cerrar¨¢ el paso a las competencias que en materia de gesti¨®n del r¨¦gimen econ¨®mico de la Seguridad Social nos atribuye el Estatuto de Gernika. Da lo mismo lo que diga el estatuto. Se est¨¢ imponiendo una nueva t¨¦cnica interpretativa que quita toda importancia al contenido de los estatutos. Materias de ejecuci¨®n claramente asignadas a las comunidades son encomendadas luego a ¨®rganos del Estado mediante sentencias y se admite tambi¨¦n la acci¨®n estatal en ¨¢reas reservadas como competencia exclusiva a las Administraciones auton¨®micas.

P. ?Se tiende a igualar los estatutos por esta v¨ªa?

R. Hay una exigua mayor¨ªa entre los magistrados que viene estableciendo una doctrina y un m¨¦todo de interpretaci¨®n y an¨¢lisis en abierta ruptura con todos los esquemas, las reglas y la trayectoria mantenida hasta ahora. El tribunal no analiza lo que dicen los estatutos: sienta una doctrina general que ha de afectar acualquier comunidad, diga lo que, diga su estatuto.

P. ?En qu¨¦ consiste el cambio?

R. El sistema l¨®gico parece el mantenido hasta ahora, de ¨ªndole deductiva. Para hacer la delimitaci¨®n competencial se analizaba toda la normativa aplicable: Constituci¨®n, estatutos, legislaci¨®n de cualquier tipo. Luego, se aplicaban criterios m¨¢s o menos auton¨®micos. En sus ¨²ltimas sentencias, el tribunal parece realizar primero el esfuerzo de fijar el punto de llegada, la conclusi¨®n final, y despu¨¦s crea la argumentaci¨®n necesaria para alcanzar esa meta.

Cambio de m¨¦todo

P. Eso equivale a decir que act¨²a con prejuicios.

R. Si eso se llama prejuicio, ser¨¢ as¨ª. Lo cierto es que hay un cambio de m¨¦todo. Se comienza por afirmar el escenario de llegada y la argumentaci¨®n que sigue resulta justificativa de la soluci¨®n adelantada.

P. En ocasiones se ha advertido contra la tentaci¨®n de convertir el Constitucional en una tercera C¨¢mara. ?Se est¨¢ produciendo esa transformaci¨®n?

R. Lo cierto es que est¨¢ teniendo una incidencia pol¨ªtica innecesaria y que no se le ha pedido. El anterior presidente, Garc¨ªa Pelayo, criticaba la excesiva carga de decisi¨®n pol¨ªtica encomendada al tribunal y no deseada. En este momento, el tribunal se arroga funciones de delimitaci¨®n competencial no solicitadas. Hay sentencias que van mucho m¨¢s all¨¢ del recurso planteado o que contradicen decretos de transferencia pactados entre el Gobierno central y una comunidad. Esto es muy serio. Significa que el tribunal puede entrar de oficio a interpretar cualquier cuesti¨®n competencial, aun cuando no sea objeto de un procedimiento. Y, por tanto, se est¨¢ erigiendo en protagonista del proceso auton¨®mico, en el que zanja cuestiones eminentemente pol¨ªticas. Eso significa modificar el sistema constitucional, que establece otro m¨¦todo en base al acuerdo pol¨ªtico, la negociaci¨®n y el di¨¢logo a trav¨¦s de las comisiones mixtas de transferencias, en el que yo conf¨ªo hoy m¨¢s que en el arbitraje del Constitucional.

P. ?Hay desconfianza hacia las comunidades aut¨®nomas?

R. Sin duda. Cuando en un voto particular suscrito por tres magistrados se llega a decir que no existe raz¨®n para prejuzgar por parte de las comunidades aut¨®nomas un uso desleal, ilegal o torticero de las funciones en litigio, no sucede porque s¨ª, no es casual. Parece una contraargumentaci¨®n en un debate que se ha producido en el tribunal. Y esos mismos magistrados advier ten que no cabe justificar en aquel temor o desconfianza una alteraci¨®n del esquema constitu cional y estatutario, luego entien den que se est¨¢ produciendo tal alteraci¨®n. El tribunal est¨¢ haciendo por su cuenta una revisi¨®n de los estatutos de autono m¨ªa. Cuando existen sectores so ciales en Euskadi que cuestionan la v¨ªa estatutaria, me parece obli gado denunciar con claridad ese hecho, desde la defensa de la validez del estatuto y desde una va loraci¨®n positiva del desarrollo auton¨®mico de estos 10 a?os.

P. ?La f¨®rmula de elecci¨®n de los magistrados puede influir en su visi¨®n de los conflictos?

R. Es otro hecho indudable. Vamos a plantear una reforma del procedimiento de elecci¨®n, precisamente para garantizar el funcionamiento del sistema. Para conseguir, una percepci¨®n correcta de los conflictos deben abordarse desde una visi¨®n plural e integrada, no condicionada exclusivamente por la Administraci¨®n central del Estado. Si esa reforma no se acepta, nos vamos a cuestionar muy seriamente el ejercicio del recurso al Tribunal Constitucional. Es el propio tribunal el que se est¨¢ deslegitimando para cumplir su papel. Tengo la intenci¨®n de dirigir una comunicaci¨®n sobre este problema a la comisi¨®n institucional del Parlamento vasco para que empiece a estudiar el asunto.