La conexi¨®n peruana

Una aceleraci¨®n del c¨ªrculo represivo para combatir el narcotr¨¢fico en Per¨² tiene pocas probabilidades de ¨¦xito si no se abordan soluciones que partan de la superaci¨®n del subdesarrollo, se?ala el autor, despu¨¦s de analizar los factores que hacen al complejo entramado social vinculado al cultivo de la hoja de coca.

Durante 1986 se vertieron en los r¨ªos amaz¨®nicos del valle del Alto Huallaga, en el nororiente peruano, 57 millones de litros de keroseno, 32 millones de litros de ¨¢cido sulf¨²rico, 16.000 toneladas m¨¦tricas de cal viva, 6,5 millones de litros de acetona, e igual volumen de tolueno. Estos productos son utilizados en la preparaci¨®n de la pasta b¨¢sica de coca¨ªna por los laboratorios que los narcotraficantes mantienen como n¨²cleo de sus dominios selv¨¢ticos.A pesar de su magnitud, el problema ecol¨®gico ha sido absolutamente eclipsado por los aspectos que afectan directamente a la seguridad nacional, especialmente desde el inicio, a finales de julio, de la m¨¢s importante ofensiva militar lanzada sobre este territorio, convertido en un estado dentro del Estado. La participaci¨®n directa de las fuerzas armadas, con la utilizaci¨®n de helic¨®pteros artillados sovi¨¦ticos y norteamericanos, ha puesto fin a una situaci¨®n de amb¨ªg¨¹edad en la pol¨ªtica antisubversiva del Gobierno del presidente Alan Garc¨ªa, ya en las postrimer¨ªas de su mandato.

El 27 de marzo de este a?o una columna de casi 60 hombres de la guerrilla mao¨ªsta SenderoLuminoso atac¨® al puesto policial de Uchiza, una de las m¨¢s importantes poblaciones del Huallaga, y despu¨¦s de un sitio que se prolong¨® durante casi medio d¨ªa, obtuvo la rendici¨®n de un pu?ado de sobrevivientes de un destacamiento originalmente compuesto por 20 hombres. La guerrilla ejecut¨® a los oficiales y perdon¨® las vidas de su subordinados. El dram¨¢tico di¨¢logo telef¨®nico entre el jefe del puesto y el primer ministro Armando Villanueva, ampliamente difundido por la Prensa peruana, en la cual el polic¨ªa exigi¨® la intervenci¨®n del Ej¨¦rcito -ayuda q ' ue nunca lleg¨®- contribuy¨® decisivamente a la crisis ministerial que culmin¨® con la renuncia del premier.El destacamento militar ubicado en las proximidades de Uchiza, as¨ª como los de Tarapoto y Tingo Mar¨ªa, no acudieron en auxilio del puesto porque el Ejercito no ten¨ªa bajo su jurisdicci¨®n las operaciones que se realizaban en el Alto Huallaga. La exclusi¨®n del Ej¨¦rcito obedec¨ªa a la reticencia de los militares de involucrarse en escenarios delictivos potencialmente corruptores para sus oficiales, y a que los tres ¨²ltimos gobiernos prefirieron la estrategia policial recomendada por la DEA (agencia antinarc¨®ticos norteamericana).

La DEA probablemente reflejaba el recelo de Washington por los 100 asesores militares sovi¨¦ticos, encargados de mantenimiento de armamento e instrucci¨®n, que residen en Per¨² (US Department of State, 1986). Los Gobiernos constitucionales de Bela¨²nde y Alan Garc¨ªa no han ocultado las tensiones irresueltas en su posici¨®n acerca de la participaci¨®n de la fuerza armada en la pol¨ªtica nacional. La respuesta contrainsurgente de los ¨²ltimos nueve a?os ha significado un rol creciente de los militares en la pol¨ªtica estatal, en un virtual monopolio sobre el proceso de decisiones en tomo a la contrainsurgencia. La responsabilidad pol¨ªtica y control absoluto de los militares sobre las zonas de emergencia ha forzado a que un 40% de la poblaci¨®n peruana viva en condiciones de declaraci¨®n intermitente de estado de emergencia, con su enorme coste pol¨ªtico para la vigencia del sistema democr¨¢tico.

Este proceso de abdicaci¨®n de la autoridad democr¨¢tica, como lo califica Amnist¨ªa Internacional, ha acarreado para Per¨² las mismas consecuencias que tuvo en el Cono Sur: lo que los militares denominan excesos, pero que las convenciones internacionales reconocen como violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que han permanecido impunes.

El punto de ruptura de la cuerda tuvo lugar, como siempre, en su punto m¨¢s d¨¦bil. Desde que se hizo abrumadoramente evidente la colaboraci¨®n entre los narcos y la guerrilla, a principios de 1988, la configuraci¨®n pol¨ªtica y estrat¨¦gica dio un brusco giro. Los 250.000 pobladores vinculados directamente al cultivo de la hoja de coca en 300.000 hect¨¢reas y la producci¨®n de pasta base estructuraban un orden social articulado por el consenso: una base social compuesta por toda la poblaci¨®n; una base econ¨®mica agraria e industrial centrada en la coca y una base pol¨ªtica y militar no cuestionada, que es Sendero Luminoso. El narcotr¨¢fico dejaba de ser meramente delictivo y entraba de lleno a amenazar el eje central del arco fronterizo mas grande del pais.

"Todos apoyan la coca"

Un abogado ex cambista de d¨®lares residente en Tingo Mar¨ªa desde hace 20 a?os lo explicaba as¨ª a una revista lime?a: "Aqu¨ª todos apoyan la coca o el narcotr¨¢fico, porque todos dependemos de ello y porque muchas fortunas que ahora son legales se hicieron a punta de coca. Despu¨¦s de todo, ser honesto en TIngo Mar¨ªa es muy peligroso".

La cocalizaci¨®n de la guerrilla ha requerido una reconversi¨®n de las t¨¢ctias senderistas, no muy conocidos por sus buenos modales, para adaptarse a una poblaci¨®n muy diferente a la de sus originales bases andinas. El Alto Huallaga es una zona de colon¨ªzaci¨®n reciente. La mayor¨ªa de los pobladores son inmigrantes, -venidos en sucesivas oleadas desde 1975, provenientes de la costa y la cordillera andina,atra¨ªdos por Eldorado del ni¨¢s f¨¦rtil de los valles de la selva. Es una poblaci¨®n que a¨²n no ha llegado a establecer relaciones de vida comunal, prevalenciendo el respeto al m¨¢s poderoso.

Antes de la llegada de Sendero, en 1984 -presencia que se consolida en 1987-, las 17 organizaciones de narcotraf ?cantes locales dependientes de los c¨¢rteles colombianos impon¨ªan su ley en los precios y el orden social. La defensa del peque?o agricultor cocalero durante las guerras entre las bandas rivales confiri¨® a Sendero una autoridad creciente. Las bandas redujeron sus abusos y el orden de la Nueva,Democracia, como llama Sendero a su proyecto, fue impuesto en base a una r¨ªgida moral que castiga los robos, el adulterio 3, el consumo de drogas. El comisario senderista cumple funciones de juez, polic¨ªa y regulador econ¨®mico al determinar el sistema productivo y fijar los cupos (que deben pagar los narcos, monto calculado en casi 100 millones de d¨®lares anuales.

Los agentes de la DEA han declarado a la Prensa de Nueva York que creyeron que iban a Per¨² a destruir laboratorios clandestinos y se encontraron con un potencial Vietnam. Las iniciativas andinas del Pent¨¢gono, que seg¨²n el The Washington Posi incluyen una norma secreta en el programa antidroga del presidente Bush, por el cual se autor?zar¨ªa el despliegue de personal militar norteamericano en ¨¢reas seguras del Valle del Huallaga, son un paso m¨¢s en la total adopci¨®n de la soluci¨®n militar.

Populismo anticomunista

EL populismo ferozmente anticomunista de los narcos colombianos no tiene correlato en Per¨², lo que sumado a la agresiva captaci¨®n de narco d¨®lares por parte de la banca estatal y privada terminan de cerro, el c¨ªrculo de la esquizofr¨¦nica ambivalencia del Estado -y del pa¨ªs- hacia la coca¨ªna. Rechazo moral, combate militar y seducci¨®n econ¨®mica. Una mano golpea al narcotr¨¢fico, la otra intenta captar su dinero para compensar el cierre de las l¨ªneas de cr¨¦dito convencionales.

Las pr¨®ximas contiendas electorales municipales y generales de noviembre y abril, muy polarizadas por el retroceso electoral del centro izquierda del r¨¦gimen aprista y la confrontaci¨®n ideol¨®gica entre la izquierda, el neoliberalismo de Vargas Llosa, hacen de ¨¦ste un momento particularmente incierto. La guerra desatada en Colombia contra el narcotr¨¢fico ha provocado de inmediato que el d¨®lar suba su cotizaci¨®n en el mercado negro, debido a la interrupci¨®n temporal del aparato comercial controlado por el c¨¢rtel de Medell¨ªn.

Los antecedentes hacen dif¨ªcil creer en el ¨¦xito de la aceleraci¨®n de un c¨ªrculo represivo que no contempla soluciones basadas en la superaci¨®n del subdesarrollo. Investigadores independientes han propuesto en Per¨² vender al Gobierno norteamericano toda la producci¨®n de hoja de coca.. Si esto fuera practicable, EE UU se ahorrar¨ªa gastos militares y quiz¨¢ humanos, en un pa¨ªs cuyas dimensiones -1.300.000 kil¨®metros cuadrados- y geograf¨ªa empeque?ecen cualquier referente centroamericano.

es periodista peruano.