La Generalitat defiende ante el juez a sus inspectores del geri¨¢trico de Vallvidrera

?ngela Miquel, directora general de los Servicios Sociales de la Generalitat de Catalu?a, declar¨® ayer ante el juez C¨¦sar Plana que la inspecci¨®n realizada por funcionarios de su departamento en la residencia Alba, de Vallvidrera (Barcelona), en la que no descubrieron el cobertizo ocupado por 15 ancianas hacinadas, se hizo de forma correcta. Miquel insisti¨® en desvincular a la Generalitat de las posibles responsabilidades por el trato inhumano que recib¨ªan las residentes.

Miquel defendi¨® en todo momento el trabajo realizado por sus subordinados, pero reconoci¨® que el acta que levantaron tras la visita no precisaba el n¨²mero de residentes del centro, ni tampoco si hab¨ªan procedido a un recuento para comprobar si el n¨²mero de fichas de entrada coincid¨ªa con el total de ancianas. El acta tampoco reflejaba, seg¨²n dijo Miquel, si los alimentos estaban en buen estado o, por el contrario, estaban caducados, ni el estado del material de enfermer¨ªa de la residencia. La directora general no precis¨® qu¨¦ tipo de datos reflejaba el acta que finalmente ha sido requerida por el juzgado. Miquel puntualiz¨® que la inspecci¨®n se llev¨® a cabo sin previo aviso a la residencia.

La directora general de Servicios Sociales declar¨® ante el juez durante m¨¢s de una hora. Al terminar, Miquel dijo: "He asistido en calidad de testigo y no quiero hacer ninguna declaraci¨®n". En parecidos t¨¦rminos se expres¨® Ram¨®n Vayrera, jefe de Ordenaci¨®n e Inspecci¨®n de Servicios Sociales, tras declarar tambi¨¦n ante el juez.Miquel explic¨® al juez el tr¨¢mite administrativo que suele seguir su departamento en las inspecciones a residencias geri¨¢tricas no p¨²blicas ni sujetas a subvenciones de la Generalitat. Asisti¨® a ambos declarantes el abogado Joan Piqu¨¦ Vidal, habitual defensor de la Generalitat.

Versiones opuestas

Tanto Miquel como Vayrera negaron haber desobedecido el primer mandato judicial de cierre de la residencia, entregado por un inspector de polic¨ªa en el Departamento de Bienestar Social, ya que, seg¨²n dijeron, iba dirigido a otro organismo y no a la Generalitat. Esta versi¨®n es opuesta a la que consta en un informe de la polic¨ªa, aportado a la causa que detalla la negativa de Vayrera a cumplir la orden judicial por entender que no era competencia de la Generalitat.A preguntas de la abogada de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Miquel asegur¨® que la inspecci¨®n ordenada por su departamento el 18 de septiembre -cuatro d¨ªas antes de que interviniera la comisi¨®n judicial- fue correcta. No se pronunci¨® sobre el hecho de que los inspectores no descubresen el cobertizo ni las condiciones en que viv¨ªan los 15 residentes que lo ocupaban. Miquel suaviz¨® sus primeras cr¨ªticas ante los medios informativos hacia la intervenci¨®n judicial.