Anchuras, bajo secreto

LOS ARRENDATARIOS de la finca El Rosalejo, en la localidad de Anchuras, pugnan sin ¨¦xito desde hace a?o y medio por enterarse de las razones que indujeron al Ministerio de Defensa a decidirse por las tierras que trabajan para instalar en ellas un po l¨ªgono de tiro del Ej¨¦rcito del Aire. Pues bien, una reivindicaci¨®n tan elemental tiene los visos de quedar definitivamente desatendida ante la decisi¨®n del Gobierno de enarbolar frente al leg¨ªtimo derecho de defensa de unos ciudadanos expropiados la recurrente raz¨®n de Estado, agazapada bajo el secreto oficial.Que el Gobierno se niegue a informar a los ciudadanos de las decisiones que les afectan es una pr¨¢ctica incompatible con una concepci¨®n democr¨¢tica del ejercicio del poder. Pero que la negativa se produzca en el marco de un proceso judicial en el que se dirimen la legalidad de la decisi¨®n gubernamental y los leg¨ªtimos derechos de las partes afectadas supone un ataque a las reglas b¨¢sicas del derecho y, por ende, el fortalecimiento de un peligroso n¨²cleo de poder ejecutivo aut¨®nomo que decide en el secreto y que no da cuenta de sus decisiones, aunque ¨¦stas afecten a los derechos de las personas.

No se discute, desde luego, la facultad legal que asiste al Gobierno para expropiar por razones de inter¨¦s p¨²blico los terrenos que estime apropiados para la instalaci¨®n de un pol¨ªgono de tiro, aunque la decisi¨®n sea pol¨ªticamente discutible. Pero a los ciudadanos que soportan la gravosa carga de la expropiaci¨®n no se les puede negar su derecho a defenderse, a contrastar ante un tribunal de justicia la legalidad del acto ejercido sobre ellos y a cuantificar en sus justos t¨¦rminos las indemnizaciones que les correspondan. Todo ello queda en entredicho con la denegaci¨®n al Tribunal Supremo, que debe resolver el contencioso interpuesto por los vecinos afectados de Anchuras, del expediente oficial sobre la expropiaci¨®n de sus terrenos.

Si la indefensi¨®n en que quedan unos ciudadanos afectados por una decisi¨®n pol¨ªtico-administrativa es grave, no lo es menos la situaci¨®n desairada en que queda el Tribunal Supremo, al que la decisi¨®n del Gobierno impide ejercer la potestad jurisdiccional que le atribuye la Constituci¨®n. Como en el caso Amedo, la alegaci¨®n por parte del Gobierno del secreto oficial en la expropiaci¨®n de los terrenos de Anchuras supone una interpretaci¨®n abusiva de una facultad de car¨¢cter restrictivo -reservarse para s¨ª durante un tiempo determinado el conocimiento de una informaci¨®n por razones de inter¨¦s de Estado-, que en ning¨²n caso puede convertirse en obst¨¢culo para las tareas de control del Parlamento y para la actividad jurisdiccional de los tribunales en averigyaci¨®n del delito o para la resoluci¨®n de conflictos de intereses entre los poderes p¨²blicos y los ciudadanos.

Hace algunos meses, el Gobierno anunci¨® su intenci¨®n de elaborar una especie de ley del Gobierno, en virtud de la cual algunas ¨¢reas de actuaci¨®n del Ejecutivo escapar¨ªan a la aplicaci¨®n de los c¨®digos ordinarios que rigen para la generalidad de los ciudadanos. Pues bien, tal ley se ha hecho innecesaria mediante el recurso combinado al secreto oficial, tras el que inmoderadamente se escudan gobemantes y bur¨®cratas, y a la cerraz¨®n informativa de la que diariamente hacen gala los centros de poderpol¨ªtico y administrativo..