La compleja batalla legal

La batalla militar ha terminado con la derrota de Manuel Antonio Noriega. Ahora comienza la legal, en la que el ex hombre fuerte de Panam¨¢ tiene muchas m¨¢s posibilidades de ganar gracias a las garant¨ªas procesales que el sistema judicial norteamericano otorga. Este, radicalmente diferente del existente en los pa¨ªses latinos, incluida Espa?a, no contempla la figura del juez instructor y los fiscales federales son funcionarios de la rama ejecutiva y no de la judicial.El procesamiento es decidido no por el juez nombrado para el caso sino por un gran jurado compuesto por entre 16 y 23 personas . Sus sesiones son secretas y todos sus miembros se obligan a guardar el secreto de las deliberaciones que, si se rompe, puede ser castigado con una. fuerte multa o con la c¨¢rcel. Los testigos que aporta la acusaci¨®n p¨²blica se cuidan mucho de no mentir en sus declaraciones, ya que pueden ser procesados por perjurio. El auto de procesamiento no implica la culpabilidad de una persona, que s¨®lo puede ser determinada por un jurado en el juicio p¨²blico posterior.

Cuando un gran jurado decide el procesamiento, -en el caso de Noriega, dos diferentes en Tampa y Miami as¨ª lo decidieron en febrero de 1988- la persona es detenida y llevada ante el juez para proceder a la lectura de los cargos. ?ste le pregunta si se declara. culpable o no culpable y es entonces cuando comienza la verdadera batalla procesal.

La defensa tiene derecho a exigir la libertad provisional o condicional de su cliente en el plazo de una semana. Para ello todas las partes involucradas han de comparecer ante el juez, que es quien decide despu¨¦s de o¨ªr los argumentos del fiscal y de la defensa.

Viene luego, la elecci¨®n de un jurado de 12 miembros imparciales. El juez se limita a dirigir el juicio y a dictar sentencia si la persona es encontrada culpable. En el caso del general Noriega, la batalla sobre la elecci¨®n de los jurados promete ser larga y enconada ante la dificultad de encontrar a 12 personas imparciales para juzgar, a quien el propio presidente de Estados Unidos ha acusado varias veces por televisi¨®n de ser "un narcotraficante causante de la muerte" de los j¨®venes estadounidenses, en alusi¨®n a los fallecidos por el consumo del crack, un derivado de la coca¨ªna.

Predisposici¨®n

Existe una predisposici¨®n natural contra Noriega por parte de los posibles jurados, que tienen necesariamente que ser elegidos entre residentes del condado de Dade donde se encuentra situada Miami.

Dade tiene una poblaci¨®n mayoritaria de cubano-estadounidense rabiosamente anticastristas, que recuerdan perfectamente las conexiones entre el general paname?o y el presidente cubano. Por eso, y en un intento de alargar el juicio, expertos legales consideran muy posible que la defensa exija la celebraci¨®n de la vista en otra localidad.

La acusaci¨®n tratar¨¢ probablemente de presentar como nuevas pruebas los documentos, coca¨ªna y otra evidencia aprehendida por las tropas norteamericanas durante su asalto al cuartel general de Noriega. Pero la defensa puede invocar la Cuarta Enmienda de la Constituci¨®n de EE UU, que prohibe espec¨ªficamente la presentaci¨®n de pruebas "obtenidas por medios no razonables". Debido a la enmienda, los tribunales suelen negarse a aceptar pruebas obtenidas sin el oportuno mandato judicial.

Una de las bazas importantes en manos de la defensa -ya ha anunciado que piensa jugarla a fondo-, es el derecho a pedir la lectura en la vista de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) considerados como "material sensible", que prueben la antigua conexi¨®n entre los servicios de espionaje norteamericanos y Noriega.