No m¨¢s juicios por aborto

Los d¨ªas 24, 25 y 26 de enero se celebra en Pamplona el juicio contra tres encausados por un supuesto delito de aborto ilegal. El hecho en s¨ª mismo no parece tener demasiado de novedoso si se tiene en cuenta la frecuente intervenci¨®n de la polic¨ªa y de la judicatura contra centros que realizan abortos. Sin embargo este caso re¨²ne unas peculiaridades que lo hacen especial.La primera es las m¨²ltiples irregularidades producidas en el procesamiento. El aborto, realizado hace tres a?os en el caso de una joven a la que se le realizaron 15 radiograf¨ªas en la quinta semana del embarazo, el per¨ªodo m¨¢s radiosensible para el feto en cuanto a posibles malformaciones, se acogi¨® al supuesto de "presunci¨®n de graves taras f¨ªsicas en el feto" y sigui¨® todos los pasos que marca la normativa vigente: informe de dos facultativos distintos de los que realizan el aborto, de la comisi¨®n de evaluaci¨®n del hospital, etc¨¦tera.

Sin embargo, y a instancias de una denuncia de Acci¨®n Familiar, se procesa a?o y medio despu¨¦s al ginec¨®logo que realiz¨® el aborto, a las dos ginec¨®logas que hicieron los informes, al presidente de la comisi¨®n de evaluaci¨®n y director del hospital donde se realiz¨® el aborto y a la propia mujer, a la que se acusa de someterse a las pruebas a sabiendas de que estaba embarazada, con la intenci¨®n de abortar.

A pesar del informe fiscal, que solicita el sobreseimiento de la causa, se procesa en firme a los tres ginec¨®logos implicados, a los que se fijan fianzas de cuatro millones y medio de pesetas, motivo por el que se embargan las viviendas de dos de ellos, a los que se pide nada menos que 12 a?os de prisi¨®n y 14 de inhabilitaci¨®n profesional.

Problemas psiqui¨¢tricos

Por el medio se ha producido alg¨²n incidente, como el procesamiento y posterior anulaci¨®n del mismo, de una conocida abogada que hizo p¨²blico que el juez instructor hab¨ªa estado apartado temporalmente del servicio por problemas psiqui¨¢tricos. ?As¨ª va la justicia!.

La segunda peculiaridad de este juicio es que se realiza contra tres ginec¨®logos que trabajan en el sector p¨²blico y que el mismo se hab¨ªa practicado en la sanidad p¨²blica. Es bien conocido que la mayor parte de los abortos legales que se realizan hasta ahora en Espa?a se hacen en cl¨ªnicas privadas, debido a la incapacidad de la Administraci¨®n sanitaria, que en este asunto, como en otros temas de su competencia potencialmente conflictivos, ha respondido con la m¨¢s absoluta inhibici¨®n, desprotegiendo a los profesionales y desatendiendo las necesidades sociales.

Por fin se trata tambi¨¦n del primer juicio que se realiza en un caso de aborto practicado despu¨¦s de la reforma de 1985 y realizado precisamente al amparo de la misma; a la vez que no se recurre al "peligro para la salud ps¨ªquica de la madre", lo que viene sucediendo en el 90% de los abortos legales en Espa?a, igualando as¨ª de una manera peligrosa aborto con locura.

Evidentemente, no se puede dejar de lado los efectos intimidatorios que estos juicios producen. Para las mujeres, que ven su vida privada y hechos especialmente dolorosos de ¨¦sta, convertidos en p¨²blica almoneda. Para los profesionales, porque el simple cumplimiento responsable de su deber les provoca molestias sin cuento, persecuciones seudolegales, peligrosas postergaciones en su profesi¨®n y a veces incluso insultos y amenazas.

No cabe duda de que existen grupos fan¨¢ticos en la sociedad, y en algunos sectores reducidos de la judicatura, que tienen su cruzada particular en impedir el ejercicio del derecho al aborto en nuestro pa¨ªs. Tampoco, que la mayor¨ªa de los ciudadanos ha asumido el aborto como un hecho normal, cuando incluso el principal l¨ªder de la derecha declara su aceptaci¨®n a la legislaci¨®n vigente en la materia.

Legislaci¨®n inadecuada

Pero mucho menos, existen dudas de que la mayor¨ªa de los problemas provienen de una legislaci¨®n inadecuada; que ya lo era cuando se produjo; que no responde a las demandas sociales y que deja desprotegidos a ciudadanos y profesionales. La cuesti¨®n afecta a una Administraci¨®n timorata e incapaz de afrontar la situaci¨®n.

Pensamos que para que hechos como el que comentamos no se repitan m¨¢s es preciso un cambio en la legislaci¨®n que asegure el derecho a la libre decisi¨®n de las mujeres en las 12 primeras semanas, complementada con las indicaciones actuales para momentos posteriores, con la regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios y asegurando su cobertura por el sector sanitario p¨²blico.

Tal cambio en la legislaci¨®n resulta imprescindible para evitar la actual situaci¨®n de continuas agresiones e intimidaciones contra las mujeres que quieren abortar en nuestro pa¨ªs y contra los profesionales sanitarios que est¨¢n dispuestos a colaborar. De otra manera, se estar¨¢ potenciando no s¨®lo, como ya sucede, la realizaci¨®n de abortos fuera del sector p¨²blico, sino tambi¨¦n volver a que quienes deseen abortar busquen fuera de nuestras fronteras la seguridad jur¨ªdica y personal que aqu¨ª se les niega. De suceder as¨ª, un supuesto derecho se habr¨¢ convertido en una humillante farsa. Ser¨ªa importante, tambi¨¦n, la normalizaci¨®n de las prestaciones de orientaci¨®n y planificaci¨®n familiar, que actualmente s¨®lo cubren las necesidades de un 8 % de la poblaci¨®n y de manera desigual en las distintas comunidades aut¨®nomas.